El Gobierno busca aclarar las causas para facilitar el despido objetivo a 20 días
Los miembros del Gobierno, en particular la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, están sumidos en el más absoluto de los silencios respecto a las medidas concretas que incluirán en la reforma laboral. Si bien fuentes cercanas al Ejecutivo coinciden en que varias de esas medidas estarían destinadas a facilitar más el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, indemnizado con 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad (actualmente el más barato de todos los contratos fijos).
Para ello, el Gobierno estaría pensando en dos iniciativas. Por una parte, en el caso de los despidos individuales, pretende concretar más de lo que lo hizo la reforma de 2010 las causas de despido objetivo, para que el juez tenga mucho más tasada que ahora la posibilidad de decretar procedente estos despidos y, por tanto, autorizar esta indemnización menor que las ordinarias. La segunda de las medidas consistiría en el eliminar en todos o en algunos casos la autorización administrativa exigida actualmente para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE). Fuentes del sector jurídico aseguran que en Europa no existe este tipo de exigencia, salvo en Holanda donde hay un sistema que podría asimilarse al español.
De ser así, se recuperaría una de las demandas patronales más reclamadas en las últimas décadas y que ningún Gobierno se ha atrevido siquiera a plantear. Fuentes sindicales aseguran que el efecto de ambas medidas será "una enorme judicialización" de estos despidos.
En cuanto a materia de contratación, cada vez más fuentes consultadas se inclinan por que Mariano Rajoy unificará todos o casi todos los contratos indefinidos en el actual de fomento del empleo con un despido de 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades para los nuevos trabajadores. Con ello desaparecerá la histórica indemnización de 45 días que, sin embargo, se respetará del todo o en parte, a los asalariados que ya la tienen en sus contratos.
Un marco legal para las empresas más pequeñas
Las empresas de menor tamaño podrían tener unas condiciones de contratación, despido o descuelgues del convenio propias y diferentes al resto. Esto es lo que está estudiando el Gobierno para incluir en la reforma laboral, según fuentes consultadas. Se trataría de emular el sistema de Italia, donde las pymes operan en un marco legal propio y diferenciado del resto en prácticamente todas las materias.O los casos de Reino Unido o Alemania, donde los despidos son más fáciles en las pymes o durante los tres primeros años de funcionamiento de una empresa, respectivamente. En España, el Ejecutivo podría crear este marco para empresas con hasta seis trabajadores (aquellas sin representación sindical) o nueve empleados (definición europea de microempresa).