viernes, 22 agosto 2014

Está pasando

Los suministradores denuncian plazos de pago de 285 días cuando la ley fija 75

Las constructoras adeudan a sus proveedores 49.700 millones

  • Con un mercado de la vivienda en coma profundo y un nuevo recorte en los presupuestos de Fomento para este año, el sector constructor está abocado a otro ejercicio nefasto. Si a eso se le suma la deuda de las constructoras con sus proveedores, que asciende a 49.700 millones de euros, el panorama solo podrá ser de más paro y quiebras. El plazo de pago asciende a 285 días de media cuando la ley establece 75.
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Sin cartera de nuevos proyectos, con obras paradas o avanzando a un ritmo intencionadamente muy lento y cobrando sus servicios con plazos cada vez más dilatados, 2012 puede ser otro año de fuerte destrucción de empleo en la construcción. Y lo peor es que a esos despidos les pueden acompañar el cierre de numerosas pequeñas y medianas empresas suministradoras de esta actividad. El último informe de coyuntura de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) dibuja un panorama, cuanto menos, sombrío.

El consumo de materiales como el cemento o los áridos se ha desplomado hasta marcar niveles propios de mediados de los ochenta cuando la economía española se encontraba a años luz del tamaño actual. Esta caída de actividad amenaza a las empresas suministradoras de la construcción, que cerraron 2011 con 87.003 desempleados, el 17,08% del paro de toda la industria española.

Financiación y morosidad

El consumo de cemento o áridos retrocede a niveles de los años ochenta

Todo ello tras conocer con las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) que la mitad de la destrucción de empleo registrada el año pasado correspondió a la construcción (de los 600.000 puestos de trabajo perdidos, 295.000 correspondieron a este sector). Pero si la falta de proyectos es grave, también lo es que año y medio después de entrar en vigor la nueva Ley de Morosidad empresas y administraciones públicas continúen sin respetar los plazos de pago que estipula la norma para este año, 40 días para el sector público y 75 para el privado. En la construcción, los proveedores vienen denunciando desde hace meses una situación que lejos de arreglarse, se agrava. Los plazos medios de pago no han dejado de aumentar desde la crisis anterior y España es, junto con Grecia e Italia, uno de los países que más tarde paga de toda Europa. Mientras las constructoras saldaban sus facturas con sus proveedores en 1993 en un promedio de 172 días, en estos momentos la última cifra disponible eleva ese plazo a 285 días, cuando la legislación establece 75. Esto significa 49.700 millones de deuda viva, más del 78% de la facturación total de los suministradores de la construcción. Esta situación asfixia más si cabe a estas compañías, muchas de las cuales se verán abocadas al cierre si continúan sin cobrar y sin poder acceder al crédito.

Entretanto, las constructoras argumentan que no pueden asumir el pago de sus facturas porque las administraciones les adeudan unos 22.000 millones y también ellas sufren las consecuencias de carecer de financiación. El Ejecutivo, por su parte, se ha comprometido a poner en marcha en breve una línea del ICO para que las regiones reduzcan su deuda con proveedores.

Recurso contra la Ley de Contratos Públicos

La patronal de los fabricantes de materiales de construcción, Cepco, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para que sea modificada la actual Ley de Contratos del Sector Público.

En concreto, esta asociación argumenta que el artículo 228 de la mencionada norma, en el capítulo relativo al pago a subcontratistas y suministradores, hace una remisión que Cepco considera errónea a la Ley 3/2004 contra la morosidad, cuando a la que debería referirse es a la Ley 15/2010, que entró en vigor en junio de 2010.

Fuentes de los demandantes explican que es especialmente grave que el apartado 5 de dicho artículo continúe hablando de pactos entre las partes, cuando estos están expresamente prohibidos por la Ley contra la Morosidad en vigor. Estos acuerdos son los que han motivado históricamente que cualquier intento por imponer unos plazos de pago quedara en nada. "Aunque las facturas se emitían en plazos razonables para respetar la legalidad vigente en cada momento, bajo cuerda existía el compromiso tácito de que se cobraría mucho después", aseguran fuentes del sector. En momentos en los que no había escasez de liquidez, las empresas, grandes y pequeñas, solían suplir esta falta de puntualidad en el cobro de las facturas con crédito, algo que ahora es absolutamente imposible.

Así, los proveedores de la construcción se quejan de que las grandes compañías, conscientes de la dependencia que tienen las pymes de sus acuerdos con ellas, siguen imponiendo el acuerdo de plazos de pago mucho más largos bajo amenazas veladas de no volver a trabajar con ellas. Algunas, incluso, no tienen ya reparos en establecer esos plazos en los contratos y así se han dado casos de acuerdos por escrito con facturas a cobrar en 240 días. En las escasas ocasiones en las que algún suministrador ha denunciado a una gran empresa, todavía los tribunales no han condenado estas prácticas.

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