jueves, 23 octubre 2014

Está pasando

¿Moratoria o destrucción de la fotovoltaica?

José María Llopis

12-01-2012 07:00

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Demonizar al sector de las energías renovables en España, especialmente a la energía solar fotovoltaica, parece ser el único argumento válido de las grandes compañías eléctricas de este país para explicar de manera recurrente el déficit de tarifa que, por cierto, se arrastra desde el año 2005, bastante antes de que energías como la fotovoltaica comenzarán a recibir subvenciones a la producción.

Precisamente ahora, cuando las primas a la fotovoltaica son más bajas que nunca, cuando la tecnología solar fotovoltaica ha alcanzado una demostrada madurez gracias a la inversión realizada, cuando el coste de los sistemas se ha reducido exponencialmente hasta ser competitivo con las fuentes tradicionales de generación, cuando este tipo de energía limpia podría ser accesible para el consumidor final con normativas como el autoconsumo…, precisamente ahora… Unesa, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, así como otras compañías del sector eléctrico y gas presionan al nuevo Gobierno solicitando una moratoria de tres años para la solar fotovoltaica. No sin antes cubrirse las espaldas reclamando que dicha paralización se haga en favor de la eólica, donde muchas de ellas centran sus intereses.

En la misma línea se sitúa también la última genialidad de Iberdrola, quien propone un mix energético a su medida y alternativo al Plan de Energías Renovables 2011-2020. Su idea pasa por favorecer sus intereses en eólica, hidráulica, térmica y nuclear en claro detrimento de la energía solar.

En cuanto a la moratoria sugerida por Unesa, hablamos de tres años durante los cuales se puede ir al traste todo el esfuerzo realizado en la última década en materia de renovables en nuestro país. Esta medida sería devastadora para un sector que, pese a haber experimentado un notable desarrollo entre los años 2006 y 2008, ahora vive sus peores momentos.

Durante los últimos dos años, la fotovoltaica ha sido víctima de un constante baile normativo con recortes retroactivos, que han generado una gran inseguridad jurídica. La moratoria reclamada por el sector eléctrico conllevaría la segura destrucción de un importante tejido empresarial y, por ende, de miles de puestos de trabajo.

Es preciso que la opinión pública conozca la realidad: en 2012, si se considera la nueva potencia de energía solar fotovoltaica con derecho a prima (poco menos de 500 MW al año), junto con la evolución estimada de las tarifas y la radiación solar media en España, se puede cifrar el sobrecoste real para el sistema en aproximadamente 70 millones de euros anuales. Este es el impacto que la moratoria sugerida por Unesa y las eléctricas evitaría.

Este mismo sector no siente vergüenza cuando, en paralelo, propone una extensión de la vida útil de las nucleares. Las centrales nucleares españolas están completamente amortizadas, y con la actual retribución al coste marginal del sistema, la ampliación propuesta supone unos beneficios extras, caídos del cielo, para las eléctricas de aproximadamente 3.000 millones de euros anuales. Las cifras hablan por sí solas.

Somos conscientes de que el RD 661/2007 que reguló las primas a la fotovoltaica tuvo un coste muy elevado, y que ese sobrecoste se ha paliado en gran parte mediante el Decreto Ley 14/2010. Pero no podemos tolerar con los brazos cruzados que la solución sea matar por completo el sector y desperdiciar todo los logros obtenidos en los últimos años. La energía solar fotovoltaica está a punto de alcanzar la deseada paridad de red, lo que significa que generar este tipo de energía renovable tendrá el mismo coste que el precio de compra de la electricidad.

Además, los ciudadanos podrán pronto consumir directamente la energía que generen en casa, sin necesidad de que esta pase por las grandes compañías eléctricas. Y quizás este sea el gran temor de Unesa ante la inexorable llegada de la revolución solar de la energía: perder la posición de poder y oligopolio ostentados durante tanto tiempo en España y los cuantiosos beneficios que año tras años recogen sus cuentas de resultados. Mantenerse a flote a costa de echar por tierra o anular los esfuerzos realizados por la Administración, los ciudadanos y la industria fotovoltaica en los últimos años no es limpio.

José María Llopis. Director general de IBC Solar España y Portugal

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