sábado, 20 septiembre 2014

Está pasando

Un contribuyente con una base imponible de 33.000 euros tributa por IRPF a un tipo efectivo del 16,3%, un gravamen similar al que aplica una empresa con una cifra de negocios superior a 1.000 millones en el impuesto sobre sociedades, según los últimos datos disponibles de Hacienda que corresponden a 2009.

El impuesto sobre sociedades es el tributo en el que mayores diferencias se producen entre el gravamen nominal y el efectivo, es decir, el tipo que se aplica una vez descontados los beneficios y deducciones fiscales.

De hecho, formalmente, el impuesto sobres sociedades, al igual que el IRPF, es progresivo. La legislación contempla que las pymes apliquen tipos menores que las grandes empresas. Sin embargo, las múltiples deducciones revierten esta tendencia de tal modo que, en la práctica, a medida que aumenta el tamaño de una empresa, menores impuestos paga en términos relativos. Una pequeña empresa con una cifra de negocio que no alcance los seis millones de euros tributa al 20%, mientras que una gran compañía que ingrese más de 1.000 millones lo hace al 16,9%. En este sentido, el PSOE incorporaba en su programa electoral propuestas para cambiar esa situación. La exvicepresidenta Elena Salgado propuso, sin llegar nunca a concretarlo en una ley, una reforma de un tributo que ha sufrido una merma en su recaudación del 68% desde 2007. En cualquier caso, el Plan General de Control Tributario que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el viernes y aprobará en breve, incluirá propuestas para "evitar abusos en el impuesto sobre sociedades".

Sin citarlo, Hacienda apunta directamente a las grandes compañías, y especialmente a los grupos consolidados, es decir, los conglomerados empresariales que tributan como una sola sociedad. Los inspectores de Hacienda llevan años reclamando, entre otras medidas, que se limiten los gastos financieros deducibles por préstamos entre empresas de un mismo grupo empresarial.

El impuesto sobre sociedades en España se caracteriza por mantener un tipo oficial muy alto (30%), que se compensa por los numerosos beneficios fiscales que contempla la legislación. En un cajón de la Agencia Tributaria existe un proyecto de reforma del tributo que contempla una rebaja del tipo nominal y una reducción de deducciones. La propuesta, que ordenó elaborar el anterior Gobierno, nunca llegó a debatirse en el Consejo de Ministros.

El único de los grandes tributos que no ha sufrido un incremento de tipos desde que se inició la crisis es el impuesto sobre sociedades. Es más, el anterior Gobierno rebajó en cinco puntos el tributo para las microempresas que conservaran su nivel de empleo. Una medida que el Ejecutivo de Rajoy mantendrá.

En cambio, las rentas del trabajo y del ahorro han sufrido la mayor parte de los incrementos de impuestos. En cualquier caso, al comparar los gravámenes entre el IRPF y el impuesto sobre sociedades hay que tener en cuenta que el impuesto por renta se aplica sobre los ingresos, mientras que por sociedades solo grava los beneficios empresariales.

El deterioro de la economía explica parte de la caída de la recaudación. Los últimos datos de Hacienda de 2010 indican que solo el 32,8% del casi millón y medio de compañías que tributan por sociedades obtuvo una base imponible positiva. Ante esta situación, un incremento del tributo que grava los beneficios empresariales tendría una capacidad recaudatoria limitada.

En 2007, último año del ciclo expansivo de la economía española, los ingresos derivados del impuesto sobre sociedades supusieron el 22,3% de la recaudación tributaria total de la Administración central. En el caso del IRPF, el porcentaje alcanzó ese mismo ejercicio el 36,2%. A día de hoy, la recaudación por sociedades ha caído en picado y equivale al 9,6% del total. Mientras que el IRPF, a pesar del incremento del paro, ha seguido el camino contrario y ya supone el 43% de los ingresos fiscales. Este aumento se explica porque el Ejecutivo socialista logró mantener la recaudación por IRPF a través de medidas como la eliminación parcial de la rebaja de 400 euros, la subida de tipos a las rentas altas y a los rendimientos del ahorro o la supresión del llamado cheque-bebé.

Así, la financiación del Estado y de las comunidades autónomas, que reciben el 50% de los ingresos por IRPF, se cimienta, sobre todo, en las rentas del trabajo y del ahorro. El IVA, que grava el consumo y que, en principio, es un impuesto neutro para las compañías, supone el segundo gran tributo por ingresos fiscales.

Más presión fiscal

La tendencia de los últimos años se mantendrá en el corto plazo y el IRPF seguirá ganando peso después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobara en diciembre la mayor subida fiscal en el impuesto sobre la renta de la democracia. A diferencia de su antecesor, Rajoy incrementó los tipos para todos los tramos de renta. La subida, bautizada por el Gobierno como un "recargo temporal de solidaridad" llega hasta el 7% para las bases liquidables superiores a 300.000 euros. Con esta medida, Hacienda prevé recaudar 4.111 millones de euros.

Así, el tipo efectivo en el IRPF se incrementará notablemente en los dos próximos ejercicios. El Ejecutivo asegura que el aumento del impuesto sobre la renta será temporal. A efectos prácticos, para los asalariados supondrá un descenso de su sueldo neto. Las rentas entre 20.000 y 30.000 euros perderán entre 80 y 250 euros de poder adquisitivo al año. Por otra parte, la presión fiscal también avanzará para los rendimientos del ahorro. Hasta 6.000 euros, las plusvalías tributarán al 21% y entre 6.000 y 24.000 euros, se aplicará un tipo del 25%. A partir de ese nivel, Hacienda se llevará el 27% de los beneficios.

La cifra

42,9% es el porcentaje que representan los ingresos por IRPF sobre el total de la recaudación de la Administración central. El impuesto sobre sociedades no alcanza el 10%.

Hacia una base armonizada en la UE

Establecer un impuesto sobre sociedades armonizado en la UE es una vieja propuesta que lleva más de 10 años apartada de la agenda política comunitaria.

Ahora, la Comisión Europea, presionada por Alemania y Francia, ha decidido poner en marcha la lenta maquinaria política para fijar un tributo armonizado sobre los beneficios empresariales. Ello no significa que todos los Estados miembros establezcan un mismo tipo nominal. El objetivo es que los cálculos para determinar la base imponible se igualen en toda la Unión Europea. Cualquier avance en fiscalidad requiere de la unanimidad de los Estados miembros, lo que dificulta que se apruebe en un plazo breve de tiempo esta iniciativa.

La medida tiene el apoyo de los grandes grupos multinacionales. Actualmente, una compañía que cuente con distintas filiales en países de la UE debe presentar una declaración de impuesto sobre sociedades en cada una de las Administraciones tributarias donde opera. Con una base armonizada, esta carga administrativa se reduciría, ya que la empresa solo presentaría una declaración en la Hacienda del país donde tenga ubicada la matriz.

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