viernes, 31 octubre 2014

Está pasando

Aún quedan por recortar otros 20.000 millones

El Gobierno sube impuestos, congela los salarios públicos y preserva la cobertura social

  • Ocurrió lo inevitable. No solo se ha tenido que actuar sobre el gasto, sino también sobre los ingresos. Los responsables económicos del nuevo Ejecutivo desvelaron el viernes que las cuentas no cuadran y que el déficit de este año, en lugar del 6% del PIB, se elevará al 8%. Por ello, anunciaron una fuerte subida del IRPF y del IBI en 2012 y 2013. Además, confirmaron la congelación del sueldo de los funcionarios y la revalorización del 1% de todas las pensiones.

R. Pascual / R. Díaz Guijarro

31-12-2011 07:00

Temas relacionados:

Hace tan solo 11 días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negaba por enésima vez que el Ejecutivo estuviera planeando subir los impuestos. "No es lo más razonable dadas las dificultades que están atravesando las empresas y ciudadanos españoles", respondía Rajoy al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le preguntó sobre un supuesto plan del PP para aumentar los tributos.

Sin embargo, la realidad de las cuentas ha hecho cambiar de opinión al Gobierno por la vía rápida. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció el viernes escoltada por los ministros de Economía, Hacienda y Empleo para dar la noticia: las cuentas públicas no cuadran y no hay más remedio que incrementar los impuestos para cumplir con el objetivo de déficit del 4,4% en 2012.

"El PP no es partidario de subir impuestos -recalcó Sáenz de Santamaría- por lo que se trata de una decisión no deseada, pero obligada por el desfase del déficit público que hemos encontrado".

"Subir impuestos es una decisión no deseada pero obligada por el desfase del déficit"

Según los responsables gubernamentales, el déficit presupuestario que debía ser del 6% en 2011 rondará el 8%, a tenor de lo que se "ha encontrado" el Ejecutivo cuando ha tenido acceso a la ejecución de todas las cuentas públicas. Si bien, Sáenz de Santamaría no quiso culpar directamente al Gobierno socialista de este desfase "imprevisto" y dijo que "cada uno impute las responsabilidades a quien estime oportuno".

En cualquier caso, ante esta circunstancia, el viernes anunciaron el ya esperado acuerdo de no disponibilidad, que supone un recorte presupuestario de 8.890 millones de euros en 2012 y que afecta a todos los ministerios.

Junto a esto, los responsables del Gobierno sorprendieron con otras medidas "excepcionales y no previstas". Fundamentalmente se referían así a las distintas subidas impositivas que la portavoz del Gobierno prefirió definir con un eufemismo: "Recargo complementario y temporal de solidaridad". Estos incrementos operarán solo durante los dos próximos años, 2012 y 2013.

El alza tributaria afectará al IRPF, tanto a las rentas del trabajo como a las de capital; al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y a las bonificaciones al gasóleo profesional, que se suprimirán. Con todo esto, el Gobierno espera recaudar más de 6.000 millones de euros.

El Ejecutivo también confirmó que congelará los sueldos de 2,3 millones de empleados públicos, como mínimo hasta marzo de 2012, lo que implica que se mantendrá el recorte salarial del 5% de media que soportan desde 2010.

Traduciendo todo esto a cifras, se pone de manifiesto que con estas medidas se obtendrán poco más de 16.000 millones de euros, que es a lo que hubiera ascendido el recorte necesario en 2012 para cumplir el objetivo del 4,4% de déficit para ese año de no haber habido sorpresas. Pero dado el citado desfase de los números rojos hasta el 8% en 2011, además del dinero extra que se prevé conseguir con las iniciativas aprobadas el viernes, seguirá haciendo falta otro recorte de como mínimo 20.000 millones adicionales en 2012 para cumplir con dicho objetivo de déficit del 4,4%.

Estas son, por tanto, las medidas con las que el Gobierno pretende iniciar la recuperación de la economía española:

l Aumento del IRPF. El Gobierno acordó crear un "gravamen complementario para la reducción del déficit público, temporal y progresivo" en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que será aplicable sobre todo los tramos de la base liquidable general actualmente vigentes. Esta subida de las rentas del trabajo oscilará entre el 0,75% para el primer nivel de renta y el 7% del tipo máximo, a partir de 300.000 euros de la base imponible. Y se aplicará a partir de febrero.

En cuanto a las rentas de capital, el alza será del 2% hasta 6.000 euros; del 4% hasta 24.000 y del 6% a partir de esa cifra. Los cambios en estas retenciones se adoptarán desde enero.

La recaudación de la subida del IRPF, que se estima en más de 4.100 millones de euros, se compartirá con las comunidades autónomas, principalmente a través del Fondo de Suficiencia. Por las rentas de capital se ingresarán unos 1.246 millones de euros extras.

Preguntado por las razones que han llevado al Ejecutivo a tocar el IRPF y no el IVA, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó: "Hemos elegido el menos dañino para el crecimiento económico de España". Además, argumentó razones de "equidad" y que, de esta forma, se intentará moderar la inflación. En este sentido, el ministro de Economía, Luis de Guindos, añadió que solo el IRPF admite que el gravamen sea temporal y justificó que este tributo "es mucho más progresivo".

l Subida del IBI. Se incrementa el IBI durante dos años entre un 4% y un 10% en función de la antigüedad de la revisión catastral y, en consecuencia, a la adecuación del valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. Si bien de esta subida quedan excluidas el 50% de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2001. Con esta medida se pretenden recaudar 918 millones de euros.

En sentido contrario, el Gobierno dio el viernes cumplimiento a dos promesas en materia de vivienda: se recuperará la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que había hasta diciembre de 2010. Y se aplicará de forma retroactiva desde enero de 2011. Asimismo, se prorroga el IVA superreducido del 4% para la adquisición de primera vivienda nueva a todo 2012.

l Salarios públicos congelados. Tal y como estaba previsto, el Gobierno confirmó que mantendrá la congelación del sueldo de los 2,3 millones de empleados públicos de todas las Administraciones. Esta medida se aplicará en principio como mínimo hasta marzo de 2012 cuando el Gobierno presentará los presupuestos. Aunque, según sugirió Montoro, la congelación será para todo el ejercicio, si bien dejó implícitamente la puerta abierta a nuevos recortes. De hecho, fuentes sindicales aseguraron que se espera una nueva bajada salarial a partir de marzo. El horario laboral de estos empleados pasa a 37,5 horas semanales, aunque podrán mantener las 35 horas actuales con un recorte proporcional del salario. La tasa de reposición será cero con excepciones en algunos servicios básicos.

l Mantener la protección social. Todas las pensiones subirán un 1% a partir de enero, tal y como prometía el programa electoral del PP. Igualmente, la portavoz del Gobierno anunció una prórroga de otros seis meses, a partir de febrero, de la ayuda mensual de 400 euros a los parados en formación sin otras rentas, con un coste de 300 millones para 125.000 beneficiarios. En este sentido, también descartó un eventual recorte de las prestaciones por desempleo.

Las medidas "no deseadas" brindan 6.000 millones

A la hora de justificar el aumento de impuestos, el semblante del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, era el espejo del alma. "Ojalá no hubiéramos tenido que tomar estas decisiones. Se trata de medidas temporales que no nos van a hacer cambiar de forma de pensar", dijo.

El Gobierno calificó el aumento del principal impuesto, el IRPF, como "un recargo complementario y temporal de solidaridad" que estará vigente dos años y se aplicará sobre las rentas del trabajo y "especialmente" sobre las del capital. También anunció una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que recaudan los ayuntamientos, y la supresión de las bonificaciones vigentes en el gasóleo profesional. Con todo ello, espera recaudar más de 6.000 millones de euros.

De esa cantidad, unos 4.111 millones procederán del alza del IRPF sobre las rentas del trabajo; 1.246 millones por la nueva tributación de las rentas de capital; 918 millones por el IBI y 200 millones por la supresión del gasóleo bonificado.

La subida de las rentas del trabajo será del 0,75% para el primer tramo; del 2% a partir de 17.707,20 euros de base liquidable; del 3% a partir de 33.007,20 euros; del 4% a partir de 53.407,20; del 5% a partir de 120.000,20; del 6% a partir de 175.000,20; y del 7% a partir de 300.000,20 euros, tramo que se crea nuevo para este gravamen. En cuanto a las rentas de capital, el alza es del 2% hasta 6.000 euros, del 4% hasta 24.000 y del 6% a partir de esa cifra.

Montoro explicó que se ha optado por subir el IRPF en lugar del IVA porque es la iniciativa que menos daño genera al crecimiento económico y a la inflación, es más equitativo y progresivo y no perjudica el consumo, uno de los pilares sobre el que se asienta la actividad de la economía española.

La subida de las rentas de capital entrará en vigor a partir de enero y las del trabajo comenzará a aplicarse en las retenciones de las nóminas de febrero, "ya que antes era imposible". En cuanto a si el PP abandona su creencia de que subir los impuestos es malo, Montoro justificó que se trata de un plan de choque excepcional y que muy pronto se pondrán en marcha otras actuaciones tributarias para pymes y autónomos para estimular el crecimiento.

Balón de oxígeno para los municipios de 918 millones

El IBI, principal impuesto que aplican los ayuntamientos, también se incrementa, aunque la cuantía dependerá del municipio que se trate. Se trata de brindar un balón de oxígeno de 918 millones a sus maltrechas finanzas.

Según explicó Hacienda, se ha establecido de una manera progresiva (10%, 6% y 4%) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral y, por tanto, a su adecuación al valor del mercado: a mayor antigüedad del valor, mayor subida. Para evitar penalizar a las rentas más bajas, se ha excluido del incremento al 50% de las casas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados después de 2001. También están exentas los inmuebles cuyo valor catastral ha sido revisado en los años de mayor burbuja (2005-2007). Tienen tipo del 4% Madrid, Málaga, Oviedo, Segovia, Zamora, Burgos, Gijón, Soria, Mérida, Alcorcón y Móstoles, entre otros.

No descarta tocar el Fondo de Reserva para pagar pensiones

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soroya Sáenz de Santamaría, confirmó ayer que todas las pensiones subirán en 2012 el 1%, que es lo que se prevé que crezca el IPC para 2012. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, recalcó que el coste de revalorizarlas se elevará a 968 millones de euros.

Báñez confirmó que el pago de las pensiones está garantizado para el primer trimestre, aunque no descartó que "haya que tirar" del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en los meses posteriores. "Cuando se conozca la situación presupuestaria en los próximos trimestres, el Gobierno adoptará las medidas necesarias", precisó. El Fondo de Reserva cuenta en la actualidad con unos fondos de 66.000 millones de euros y la última previsión oficial estimaba que no se empezará a utilizar hasta 2023. Seguramente habrá que revisar la fecha ante el déficit de la Seguridad Social.

Otras actuaciones de ahorro

Las decisiones del segundo Consejo de Ministros del nuevo Gobierno tienen también su letra pequeña, que recoge una serie de medidas para reducir el gasto que no están incluidas en los acuerdos de no disponibilidad. Se trata, por ejemplo, de una reducción de las subvenciones de ayuda al desarrollo o la eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de la actividad de la minería del carbón.

Asimismo, en materia social, el Ejecutivo también adoptó otros ajustes como el aplazamiento, hasta el 1 de enero de 2013, de la aplicación de la Ley de Dependencia. Esto supondrá que no habrá reconocimiento de nuevos beneficiarios, como mínimo, hasta entonces. Aunque sí se mantiene la cobertura a los actuales 700.000 perceptores.

De la misma forma, se retrasa también hasta el 1 de enero de 2013 la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, que debía de entrar en vigor el 1 de enero de 2012, según establecía la ley vigente. Se trata del segundo aplazamiento de esta medida que, debía aplicarse en enero de 2011 y ya fue retrasada por el Gobierno socialista.

El Ejecutivo también acordó el viernes no renovar la renta de emancipación, que consistía en una ayuda de 210 euros a los menores de 30 años por alquiler de vivienda. En este caso, también se mantendrá la cobertura actual que asiste a 300.000 jóvenes.

La cifra

1.382 millones costará al erario público actualizar las pensiones un 1% en 2012, la única gran partida de gasto que se incrementa.

LOS ESPECIALISTAS

HOY EN JAPON

Una visión desde los mercados

José Luis Martínez Campuzano

"Pensamiento dinámico" y trabajo en equipo, claves de un buen análisis

Inteligencia competitiva

Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos

Ver

Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00