La reforma laboral de 2012 (II): los planes del PP
La modificación de las leyes laborales acompaña su propia existencia y, por sí misma, no crea o destruye empleo pero sí ayuda o molesta en esa tarea. Forma parte del normal juego democrático que sean muy diversas las ideas acerca de la conveniencia y alcance de una nueva reforma laboral; lo mismo cabe pensar respecto de la disparidad de enfoques que las confederaciones empresariales o sindicales poseen; por descontado, nada cambia si pasamos al terreno de los expertos, los académicos o las instituciones.
Dada su mayoría absoluta, interesa examinar tanto el programa electoral del Partido Popular cuanto el discurso de investidura del Sr. Rajoy a fin de indagar por dónde irá esa preconizada "reforma integral del mercado de trabajo", para acabar con su excesiva regulación, rigidez y fragmentación; se trata de orquestar modificaciones en contratación laboral, convenios colectivos, capacitación profesional e intermediación, todo para estimular el crecimiento y potenciar la creación e empleo.
Buena parte de las propuestas enlaza con cambios introducidos durante 2010/2011 en línea con la flexiseguridad preconizada por instancias comunitarias. Ahora se insiste en ellos a partir de otros presupuestos; se trata de reducir temporalidad y aumentar flexibilidad, implantar el fondo de capitalización individualizado, potenciar la formación continua, incentivar la colaboración público-privada en los servicios de empleo, prevenir mejor las discriminaciones, evitar o minorar el absentismo, facilitar medidas de conciliación trabajo/familia o la bonificación de contrataciones en pequeñas y medianas empresas, potenciar soluciones extrajudiciales para los conflictos laborales, elaborar un plan de empleo juvenil o atender al derecho a la formación y recualificación.
La disolución de las Cortes Generales provocó la caducidad del Proyecto de Ley remitido por el anterior Gobierno, coincidente con el tenor del Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, sobre Medidas Urgentes para la Reforma de la Negociación Colectiva. Ahora se insiste en la prevalencia del convenio empresarial y, puesto que ya existe esa regla pero con condiciones, cabe pensar que se trata de convertirla en absoluta, máxime cuanto también se da primacía a los meros acuerdos.
La cuestión es tan compleja que tanto el discurso como el programa admiten que lo perseguido será "que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo". Necesitamos, desde luego, convenios colectivos a la altura de los tiempos y que modernicen sus contenidos, pero sabido es que si la ley es la que dicta reglas ya no hablamos de negociación y si exige que se aprueben tampoco es seguro que así suceda; sin el concurso de los agentes sociales será difícil esa necesaria modernización.
Una de las medidas más concretas apunta hacia la traslación de los festivos intersemanales al lunes, evitando los puentes; el Estatuto de los Trabajadores admite esa posibilidad (salvo para 1 de mayo, 12 de octubre y Navidad) y se trata solo de activarla. El apoyo a la reincorporación al mundo laboral tras un periodo prolongado de dedicación a la familia es otra faceta conocida en nuestra política de fomento del empleo, que se quiere potenciar.
Todas las medidas quieren propiciar la generación de empleo. Específicamente, se abrirá una mesa de diálogo para elaborar el Plan de Empleo Juvenil, al que se aspira a incorporar "nuevas fórmulas"; además de un incremento de las bonificaciones y otros "incentivos concretos", así como "una reforma del sistema de formación profesional".
Se presta máxima atención a la tutela y promoción de los emprendedores: eliminación de licencias previas, aprobación de una Ley específica, apoyo fiscal a la contratación de trabajadores, ingreso solo del IVA cobrado, compensación de deudas tributarias, mejora de tipos impositivos, facilidades crediticias, cotización a tiempo parcial en RETA. Toda una panoplia de cuestiones que quieren obviar la escasa operatividad del Estatuto del Trabajo Autónomo pero que replican su técnica interdisciplinar.
Las propuestas transitan mayoritariamente por caminos conocidos, cosa lógica cuando Bruselas nos viene suministrando la música de fondo a la que poner letra. Esto no suena a ruptura sino a nueva reforma, profundizando o remodelando buena parte de las innovaciones que durante la segunda mitad de la pasada legislatura ya se habían asumido. Como reza el lema de la Universidad Rey Juan Carlos: Non nova, sed nove (No cosas nuevas, sino una nueva forma de realizarlas).
Las formas, los tiempos, los consensos serán muy importantes a la hora de conseguir mayor o menor éxito en los fines propuestos. La buena sintonía entre negociación colectiva y normas estatales, la adecuada redacción de las normas, la explicación de lo que se vaya haciendo, la coherencia de las innovaciones laborales con las de otro tipo, la colaboración de las diversas Administraciones públicas o la complicidad de los medios de comunicación son factores que también van a influir poderosamente en los resultados que se obtengan.
Antonio V. Sempere Navarro. Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. Coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo & Pombo