El Estado ingresará en 2013 más de 1.500 millones por las subastas de CO2

El segundo Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 acabará en 2012 y con él, el grueso de las asignaciones gratuitas que las empresas afectadas por el Protocolo de Kioto han venido recibiendo (en torno al 90%, según los sectores). El Informe Anual de Crecimiento de la Comisión Europea (CE) que hoy ve el Ecofín, y es la referencia para la revisión de los presupuestos nacionales del próximo año, ya advierte que los Estados contarán con importantes ingresos añadidos en 2013 procedentes del nuevo sistema de subastas de derechos. Estas las realizará de forma centralizada la UE, excepto para tres países (Alemania, Reino Unido y Polonia) que las harán por su cuenta.

En su conjunto, se subastarán mil millones de títulos en 2013 (cada título es igual a una tonelada de CO2), que equivalen a la mitad de las asignaciones totales y, de los cuales, unos 100 millones corresponden a España. La otra mitad se seguirán otorgando de forma gratuita a sectores en peligro de deslocalización. Otros, como el eléctrico, se incorporarán a las subastas de forma gradual. En el segundo PNA ( periodo 2008-2012) a España le han correspondido 150 millones de títulos anuales, de los que apenas se han subastado un 4%.

La directiva que regula estas pujas deja a los Estados libertad para que utilicen como quieran estos ingresos, aunque recomienda que el 50% se destine a políticas de lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, en contribuciones al fondo mundial para el eficiencia energética; en desarrollar energías renovables; en medidas contra la deforestación o en proyectos de captura de carbono.

Así lo recoge también la ley 13/2010 que traspone dicha directiva. Esta norma española señala que "los ingresos de las subastas deberán destinarse a políticas de cambio climático, incluida la cooperación internacional en este ámbito, y en especial en la reducción de emisiones de los sectores difusos", que son los que no están obligados a comprar derechos, como el transporte, la agricultura o el residencial.

Teniendo en cuenta los graves problemas financieros de los países europeos, todo apunta a que los Gobiernos los destinarán a aliviar sus deudas o incentivar sus economías. A la vista de que los expertos prevén que el precio de la tonelada de CO2 para 2013 rondará los 15 euros la tonelada y que subastará 100 millones, el Estado español podría recaudar más de 1.500 millones ese año. Ello sin contar que a partir de 2013 se incluye el sector de la aviación, que deberá adquirir más de 30 millones de derechos. Estos pronósticos se basan en las estimaciones de precio para 2013 de Barclays (15 euros/tonelada) y Société Générale (15,3 euros), que se disparan en años sucesivos, lo que redundará en beneficio de las arcas públicas. Para Barclays, en la tercera fase (2013-2020) el precio medio de la tonelada será de 22 euros y, según Société, alcanzará los 17 euros en 2014 y 18 euros en 2015.

Dinero para las renovables

Con la desaparición del grueso de los derechos gratuitos, la demanda aumentará, lo que hará subir el precio de venta de derechos, que las empresas tendrán que adquirir en las subastas europeas. El incremento de precios y la necesidad de comprar más podría forzar a las empresas a realizar inversiones técnicas para evitar la contaminación.

En el caso español, las grandes compañías eléctricas integradas en Unesa, o el propio PSOE en su programa electoral, han reclamado que parte de los ingresos por CO2 se destinen a pagar las primas de las energías renovables. Estas pesan ya como una losa en la tarifa de acceso a las redes eléctricas, pues suponen más de un tercio de los costes de dicha tarifa (peajes).