Una agenda económica para el próximo Ejecutivo
Las pasadas elecciones han dejado un claro mensaje. El Partido Popular ha logrado una mayoría absoluta muy notable y le tocará ahora hacerse con el cuadro de mandos del país. En el área económica, la misión es muy compleja, pero necesitará determinación y sentido de la urgencia.
En primer lugar, en las próximas semanas el Gobierno en funciones y el próximo presidente deberán elevar la presión sobre nuestros socios comunitarios para encontrar una solución europea a la crisis de deuda soberana. En este sentido, tanto la dotación formal del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) como las herramientas aprobadas hasta ahora son claramente insuficientes. Y, honestamente, no existe ningún sistema de mutualización de deuda en Europa que pueda hacer frente a problemas serios en Italia y/o España.
Así pues, la única solución pasa por convertirlo en el instrumento formal para canalizar una intervención sin límites del BCE, en la medida que la actuación directa del propio ente emisor presenta serios problemas legales. Hasta que no se cierre tal extremo, poco podrá hacer el nuevo Gobierno por restituir la estabilidad financiera en el país. Y además, España no podrá esperar demasiado tiempo, por lo que la colaboración entre ambos ejecutivos, el saliente y el entrante, es fundamental. Si la eurozona es capaz de solucionar esta crisis, deberemos pasar luego a abordar nuestros problemas idiosincráticos. En este sentido, el nuevo Gobierno tiene una larga y compleja lista de tareas. Bajo esta agenda, y siempre tras el acuerdo de un nuevo marco institucional en la eurozona, probablemente habrá que reflexionar sobre el ritmo adecuado para abordar el proceso de consolidación fiscal. Sin duda, hay argumentos a favor del cronograma actual asentados sobre el potencial crowding-out y los efectos ricardianos del propio déficit público. Sin embargo, a la vista de la debilidad del crecimiento mundial y de la compleja situación financiera que aminora los efectos previos, el país probablemente necesite un proceso más acompasado, siempre y cuando se perfile bajo un programa creíble en colaboración con las instituciones europeas. En cualquier caso, el Ejecutivo debería enfrentarse a este proceso sin apriorismos idealistas y abandonando algunas de las propuestas más electoralistas.
Por otra parte, el país necesita desbloquear los canales de crédito. Hasta ahora se ha impulsado una reestructuración y consolidación del sector, junto a un saneamiento de las entidades insolventes. Aun así, se necesita ampliar la misión al conjunto del sistema con el objeto de limpiar los balances bancarios de los activos inmobiliarios dañados, de difícil cobro a corto plazo, para permitir que la liquidez pueda destinarse a otros objetivos que a provisionar pérdidas o elevar la ratio de capital. Para ello bien podría utilizarse la línea del FEEF para tal fin, así como forzar la participación privada a través del Fondo de Garantía. En todo caso, a posteriori habría que abrir un debate sobre los instrumentos de financiación de los mecanismos de salvamento y saneamiento del sector financiero.
Por otra parte, el país sigue pendiente de reformas profundas en el ámbito laboral y energético. En el primer caso, es necesario ahondar en las medidas tomadas en los últimos tiempos, otorgando mayor flexibilidad en la negociación colectiva y eliminando los incentivos formales a la contratación temporal. En terminología matemática, el modelo flexible permite una mejor maximización que el restringido, pero habrá que ver en qué medida el Gobierno induce el reparto de tal excedente.
En la misma línea, será necesaria una reforma del sistema de desempleo, no tanto para aminorar manu militari el gasto, sino para mejorar el cuadro de incentivos. En el segundo caso, habrá que revisar en profundidad el modelo energético. En la actualidad, el precio de la energía se sitúa en la franja elevada del promedio de la UE, parte del cual se debe a costes regulatorios de modo que el flujo destinado a la industria potencialmente no cubre el conjunto de los costes del sistema que son reconocidos por el Estado como deuda y titulizados en emisiones avaladas por el sector público. De este modo, el próximo Gobierno deberá racionalizar el conjunto del sistema, garantizando un marco estable para las decisiones de inversión de largo plazo e intentando hacer llegar el mercado hasta allí donde se pueda.
Por último, el país sigue pendiente de una profunda revisión del sector servicios, en el que aún perviven importantes mercados con un muy reducido nivel de competencia y que están en la base del diferencial de inflación de nuestro país.
Además, en el mercado de las telecomunicaciones, input esencial del resto del tejido productivo, se debe abordar la mejora del marco de incentivos para desplegar las redes de nueva generación.
En fin, los retos son hercúleos y los riesgos muy notables. El Gobierno deberá atinar muy bien tanto en las reformas como en su orientación. Y además, necesitará de algún modo el concurso de la oposición. El país se está jugando lo ganado en las últimas décadas. Hasta ahora hemos evitado lo peor, ahora toca trabajar juntos para superar los desafíos.
Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados