jueves, 24 julio 2014

Está pasando

Negocian con las comunidades la forma de intermediar y orientar a los parados

Trabajo autoriza medio centenar de agencias privadas de colocación

  • El Ministerio de Trabajo ya ha dado su autorización a medio centenar de agencias de colocación privadas para colaborar con los servicios públicos de empleo. Estas entidades negocian ahora convenios con las comunidades autónomas para hacer parte del trabajo que hasta ahora realizaban los funcionarios de las oficinas de empleo.
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El Gobierno aprovechó el último día del año 2010 para publicar en el Boletín Oficial del Estado una nueva regulación de las agencias de colocación, que abría la puerta por primera vez a la colaboración de los servicios públicos de empleo con entidades privadas con ánimo de lucro. La ley permite desde entonces que estas agencias privadas soliciten al Ministerio de Trabajo una autorización administrativa para poder colaborar con las oficinas públicas de empleo en las tareas de intermediación laboral y orientación a los parados.

Una vez conseguida esta autorización para operar en una o varias comunidades autónomas, o en el ámbito nacional, estas entidades deben concretar a través de convenios con los servicios de empleo autonómicos el objeto de la colaboración y su financiación. Así se convierten en entidades colaboradoras.

Hasta la fecha, el Ministerio de Trabajo ha autorizado ya medio centenar de agencias privadas de colocación, entre las que las hay con ánimo de lucro y sin él. La mayoría de ellas se encuentra en estos momentos negociando convenios para convertirse en entidades colaboradoras.

Convenios regionales regularán su acceso a la financiación pública

Solo cuando consigan estos convenios podrán recibir fondos públicos para financiar sus actividades. Si bien la ley exige que tengan, al menos, el 40% de su negocio en el sector privado, "para evitar que solo desarrollen actividades con fondos públicos".

Pero ¿en qué consiste esta colaboración? Las agencias pueden actuar exactamente igual que los servicios públicos de empleo, poniendo en contacto de forma gratuita a los empresarios y los desempleados de su ámbito de actuación. Además, uno de los requisitos para recibir la autorización es que la agencia solicitante tenga un sistema informático compatible con el de los servicios públicos de empleo para compartir ofertas y demandas.

Dicho esto, la tendencia de estas agencias es negociar convenios " específicos" que se ocupen de nichos de mercado concretos, ya sea en determinados sectores de actividad o según en la zona (ciudad o incluso barrio) donde realicen la intermediación. Así lo explica Dolors Poblet, directora general de las agencias de colocación de Manpower, el primer gran grupo de empleo temporal que acaba de recibir la autorización de Trabajo. "Esto es aún muy nuevo para todos, pero además de intermediar en sectores y zonas concretas habrá otra parte muy importante de nuestra actividad que será la de acompañamiento de los parados; veremos sus capacidades y las contrastaremos con las ofertas que tengamos para poder orientarle y recomendarle alguna formación que mejore sus posibilidades de encontrar un empleo".

Estas entidades deben rendir cuentas sobre su eficacia. Para ello están obligadas a enviar mensualmente una serie de indicadores, como el número de personas atendidas, especificando cuántos perceptores de desempleo; las ofertas y demandas captadas y gestionadas, así como su resultado (incluyendo el número de contratos suscritos), entre otros. Todo esto se evaluará cada dos años para mantener o suspender el convenio de colaboración.

Las ETT se han quedado fuera

La nueva regulación de agencias de colocación autorizadas para colaborar con el sector público ha dejado fuera a las empresas de trabajo temporal (ETT). Si estas quisieran poder participar de las bases públicas de ofertas y demandas y recibir financiación por intermediar tendrían que crear una sociedad propia e independiente del negocio de empleo temporal para esta actividad. Eso es lo que ha hecho Manpower, de momento, en Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia y Andalucía; o Randstad en el País Vasco.

Sin embargo, desde la patronal de las grandes ETT (Agett) se rechaza este sistema de colaboración e insisten en demandar "una ampliación del objeto social" de estas empresas que les permita convertirse en una "agencia global de colocación" que sí pueda colaborar con el sector público sin tener que crear otra empresa.

El argumento de las ETT para demandar un mayor papel de intermediación es que estas empresas colocan a 4,5 veces más trabajadores que los servicios públicos de empleo. De hecho, esta intermediación es mayor por parte de las ETT en todas las comunidades, salvo en Extremadura.

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