TIC, pymes y sector público
Desde la invención de la imprenta, posiblemente, el mundo desarrollado no ha presenciado cambios tan importantes como los que se han producido con la irrupción de las TIC. Su crecimiento ha sido tan vertiginoso que el número de operaciones electrónicas por segundo ha pasado, de 3.500 en 1972, a más de 400 millones en la actualidad, según referencias cuantitativas aceptadas.
Las actuales estructuras de información y almacenamiento de datos en las empresas o en sectores de la Administración como Hacienda, Sanidad, Educación y Seguridad Social, son impensables sin las tecnologías de la comunicación.
La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos puede transformarse en una Administración electrónica, que optimice los procesos administrativos y permita una economía sostenible. No obstante, es necesario tener en cuenta los derechos de los administrados, empresas y ciudadanos, de tal manera que la inmersión en el mundo tecnológico deberá de hacerse mediante las regulaciones legislativas necesarias, garantizando la seguridad y privacidad.
Independientemente de otras perspectivas y críticas, que las hay, la Administración pública española es un referente a nivel mundial y, por ejemplo, la OCDE ha valorado muy positivamente el Plan Avanza español.
Existe una relación directa entre el desarrollo económico y el uso intensivo y eficiente de las nuevas tecnologías, puesto que se están consolidando como factor determinante en el futuro económico español y motor de crecimiento de las actividades empresariales, constituyendo a la vez un medio y un fin en la búsqueda de la excelencia, tanto en la Administración como en la empresa privada, pero dada la actual situación económica, parece lógica la reticencia de los empresarios a invertir en productos cuya rentabilidad no sea inmediata y eso es lo que está sucediendo: el capital empleado en nuevas tecnologías muestra un alto porcentaje de retorno. En nuestra opinión, la inversión necesaria para la implantación y extensión de las mismas deberá realizarse mediante ayudas y subvenciones inteligentes, que respondan a criterios de eficacia. Estas ayudas deberían dirigirse también a la formación y reconversión de trabajadores que se vean afectados por los cambios del modelo productivo y cuya reconversión profesional podría ser orientada a las TIC.
Los posibles recortes presupuestarios en la Administración pública derivados de la situación actual, que por otro lado no parece mejorar a corto o medio plazo, no han de traducirse, de ninguna manera, en un mayor coste económico para la empresa privada. En este sentido, es necesario buscar un equilibrio y evitar que la no contratación de más personal, unido a la mayor carga de trabajo, no suponga el traslado, mediante las nuevas tecnologías, de rutinas administrativas a través de la relación digital con los ciudadanos.
Por tanto, la utilización de las nuevas tecnologías, tanto por parte de la Administración como por parte de las empresas, será positiva siempre que suponga una mejora para el ciudadano y se enmarque en la idea de fomentar el desarrollo económico y no en aumentar la burocracia por esta vía.
El comercio electrónico en nuestro país es utilizado por el 42% de las empresas y mantiene un crecimiento constante. Asimismo, el 22% de las mismas emplea internet como medio publicitario y en este sentido se observa que se ha producido un incremento en el uso de contenidos digitales tanto en las Administraciones públicas como en las grandes y medianas empresas. Pero, por otro lado, la mitad de los autónomos no tienen ningún tipo de equipamiento informático, uno de cada cuatro no tiene acceso a internet, solo uno de cada diez autónomos lleva a cabo ventas online, y aunque el 92% de los mismos utiliza el correo electrónico, el certificado digital y la factura electrónica siguen siendo los grandes desconocidos para más del 46%. Los motivos que alegan los empresarios que carecen de estas tecnologías son la inutilidad que supone en sus negocios y el desembolso económico que implican.
Sin embargo, las ventajas que ofrece el uso de la tecnología de la información es una realidad para estas empresas, que deben procurar integrarlas en su organización como herramienta de mejora de todos sus procesos técnicos y administrativos, lo que les permitirá aumentar su competitividad en los mercados, por lo que la concienciación y formación social son claves para potenciar el uso de las TIC entre los autónomos, sobre todo si tenemos en cuenta que los autónomos y las pymes son el motor de la recuperación económica.
Las Administraciones públicas deben tener el arte de fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre las pequeñas y medianas empresas, buscando un difícil equilibrio entre el fomento de estas con el acompañamiento y ayuda a este tipo de empresas, sin que en ningún caso se interprete que las nuevas imposiciones administrativas solo se hacen desde la perspectiva de la comodidad y de la reducción de costes del sector público.
Valentí Pich. Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas