Industria aprueba una norma para frenar la especulación de la tarifa

El pasado 5 de marzo entró en vigor un real decreto por el que Industria pretende poner freno al efecto inflacionista de las subastas Cesur, en las que se determinan la tarifa de último recurso (TUR), la que se aplica a los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada. Precisamente, el operador del mercado (Omel) celebra hoy la puja correspondiente al segundo trimestre de este año.

Se trata de una norma que regula la venta de una parte de la energía (la que no se compra en la Cesur, y que puede suponer la mitad del total del volumen a suministrar en el trimestre), que se aplica hoy por primera vez.

El real decreto establece que los comercializadores de último recursos o CUR (propiedad de las cinco grandes eléctricas) están obligados a comprar esa parte de la energía fuera de subasta a determinadas instalaciones del régimen especial. Concretamente, las plantas que cobran con una tarifa regulada: todas las fotovoltaicas y una parte de las eólicas.

Dicha compra, según la nueva norma, se liquidará "por diferencia de precios", esto es, por la que hay entre el precio del mercado libre y el del mercado a tarifa. La diferencia, al ser liquidada en el sistema, evita que los márgenes se los embolsen las entidades que acuden a la subasta y permite, por tanto, reducir el déficit de tarifa. Este se financia con los peajes de acceso a las redes, que es una de las partidas, junto con la TUR, de la factura eléctrica.

Como desveló ayer CincoDías, una docena de entidades financieras y de trading (Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Morgan Stanley, Goldman Sachs o EDF Trading) especulan en la Cesur, junto a las generadoras eléctricas, con el precio del mercado de futuro.

Aunque las eléctricas dicen que no participan porque su función no es financiera, sí lo hacen pero se retiran en las primeras rondas. De esta manera, según fuentes del sector, "logran subir el precio".

La Cesur es un sistema de cobertura de riesgo (no hay intercambios físicos) similar al de otros mercados: si el precio cae, pagan la diferencia y si sube, se quedan con el margen. Según los datos oficiales, entre julio de 2009, en que se creó el nuevo sistema, y el 31 de septiembre de 2010, dicho margen fue de 726 millones. Una cantidad que los consumidores han pagado en exceso respecto al coste real de la energía.

Los CUR están obligados a acudir a la subasta para adquirir una parte del volumen de energía necesaria para el suministro trimestral, que determina previamente el ministerio. Y, aunque es un porcentaje del total (oscila entre el 40% y el 60%), las comercializadoras acuden al mercado de futuros a comprar la energía restante al mismo precio del cerrado en la subasta. Y lo consiguen comprándola el mismo día, "para evitar el riesgo de que después suba" cuando la compren físicamente.

Esto es precisamente lo que quiere evitar el Gobierno. A partir de la subasta que se celebra hoy, la energía al margen de la subasta debe ser adquirida a las instalaciones de renovables antes citadas: estas cobran lo mismo, pero al final el precio se liquida en favor de la caja común del sistema.

El real decreto que se aplica a partir de hoy ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), si bien, el organismo regulador solicitó que se liquidara el 100% de la energía, para evitar cualquier margen. Asimismo, que los comercializadores de último recurso no puedan vender la energía en el mercado libre (las eléctricas ya tienen comercializadoras con este fin). El Ministerio que dirige Miguel Sebastián ha hecho caso omiso de ambas propuestas.