Los desafíos regulatorios de la banca española

El sector bancario mundial lleva tres años en el ojo del huracán. Desde el comienzo de la crisis, con la incorrecta comercialización de hipotecas subprime en Estados Unidos, hasta la reciente propuesta de nacionalización de la banca irlandesa, las entidades financieras han sido protagonistas en cada una de las fases de las turbulencias financieras. El G-20 y los reguladores internacionales se han propuesto crear un nuevo marco normativo que aporte mayor solidez a la industria. Una nueva piel que fortalezca a la banca, garantice su supervivencia y evite nuevas crisis.

Un encuentro organizado por CincoDías y KPMG ha reunido a siete de los principales expertos jurídicos del sector bancario español para desentrañar cuáles son las claves del nuevo marco normativo al que deben hacer frente bancos y cajas. En el plano internacional, los nuevos requerimientos de capital impuestos por el Comité de Basilea. En el ámbito europeo, una nueva arquitectura de supervisión financiera y una regulación que protege más al consumidor de productos bancarios. Y en clave nacional, una ley de cajas que va a cambiar radicalmente la naturaleza de estas entidades.

"Las cajas deben ser ahora como Xavi, pendientes de que los defensas no le roben el balón en el centro del campo, pero con un ojo mirando a sus delanteros, para meterles un buen pase". Con este símil futbolístico explica Francisco Uría, socio responsable del área legal y del sector financiero en KPMG, la situación que afrontan las cajas de ahorros. Por una parte deben prepararse para hacer frente a las nuevas normas en materia de solvencia, al tiempo que completan su proceso de reestructuración y se baten el cobre para no perder cuota de mercado.

La modificación de la Ley de ârganos Rectores de Cajas de Ahorros (Lorca) aprobada en el primer trimestre va a transformar por completo la naturaleza jurídica de estas entidades. "El objetivo prioritario de la reforma es capitalizar las cajas", explica José María Méndez, director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). "Con la nueva regulación internacional se han duplicado los requerimientos en materia de solvencia. Así que es importante que la nueva ley ofrezca a las cajas tres nuevas vías para obtener fondos propios". El Real Decreto 11/2010 mejora el instrumento de las cuotas participativas, ofreciendo a sus tenedores la posibilidad de ostentar derechos políticos, permite que una caja utilice una entidad financiera instrumental para captar capital y habilita a las sociedades centrales de los SIP para apelar a los mercados.

Respecto a la velocidad a la que se están completando las fusiones en el sector de ahorro, Méndez lo tiene muy claro. "El proceso no es que vaya rápido, es que galopa. Lo que no pueden hacer las entidades es saltarse las garantías que se imponen para estos procesos, en cuanto a los plazos de aprobación por parte de asambleas o las autorizaciones administrativas. Además, la creación de la sociedad central implica muchos trámites, como la solicitud de una ficha bancaria o el nombramiento de consejeros, con el consiguiente examen de idoneidad".

Los SIP, un nuevo tipo de entidad

Pese a la dificultad de ejecución de las fusiones, los expertos consideran que las administraciones públicas y los legisladores están poniendo mucho de su parte para que salgan adelante las integraciones. "Hay que tener en cuenta que con los SIP está apareciendo un tercer género de entidad financiera, al crearse una sociedad central, donde las cajas participan como accionistas", comenta Miguel Crespo, secretario general de Caja Madrid. "Para dar a ese conglomerado un tratamiento único es imprescindible realizar una labor interpretativa por parte de los poderes públicos. Tengo que reconocer que los legisladores están dando interpretaciones muy favorables para la concreción de los SIP".

Este directivo, que lleva meses trabajando a contrarreloj para completar la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco pequeñas cajas locales, apunta que la reforma del sector era inevitable. "Aunque la situación económica es mala, ha tenido alguna consecuencia positiva, como es la reforma del marco normativo de las cajas".

Dentro de esa nueva figura jurídica por la que han optado varias agrupaciones de cajas, Crespo considera que la tendencia será hacia la consolidación total. "Inicialmente, el SIP de Caja Madrid era el único que preveía una mutualización al 100% de los beneficios, pero ahora el resto de fusiones frías están tendiendo a una integración total y absoluta. El negocio minorista de las cajas va a ser un simple canal del banco. En mi opinión, esta es la alternativa más eficiente de cara al negocio con clientes, pero también de cara al mercado interbancario y a los mercados de capitales".

Demasiado grandes para dejarlos caer

Los grandes grupos tienen una preocupación adicional a los nuevos requerimientos en materia de solvencia. La quiebra de Lehman Brothers puso el foco de la regulación internacional en las entidades con riesgo sistémico, aquellas que tienen un tamaño demasiado grande para dejarlas caer. Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), considera que los organismos internacionales no han sido muy cuidadosos a la hora de abordar esta materia. "Ha habido una importante falta de sutileza. El modelo jurídico de cada entidad debería de contar a la hora de exigir más capital. Parece que el criterio del tamaño es el que más está pesando, aunque hace un mes, el FSB ha aceptado entrar en una reflexión más profunda para tratar el tema".

Además de exigir mayores niveles de solvencia, también está previsto pedir a los grandes conglomerados financieros la elaboración de un testamento vital que facilite el desmantelamiento de un grupo en caso de quiebra. En este sentido, el sector bancario nacional está por delante de la de otras economías. "El modelo de expansión de la banca española, con filiales autónomas en los distintos países donde opera, permite que no haya un efecto contagio en caso de que una filial tenga problemas", comenta Eduardo Arbizu, director de servicios jurídicos, asesoría fiscal, auditoría y cumplimiento normativo en BBVA.

Otra de las claves para que los dos gigantes financieros hayan tenido una evolución mejor que sus rivales internacionales ha sido su diversificación geográfica. "Es evidente que durante la última crisis económica, los países emergentes han tenido un comportamiento diferencial y que sus sistemas financieros han funcionado muy bien. En México, donde BBVA tiene una posición de liderazgo, el PIB cayó un 6% pero apenas nos afectó en términos de rentabilidad".

Pese a los avances en la regulación de entidades sistémicas, los problemas siguen apareciendo cuando se trata de grupos con presencia en varios países. "Hasta ahora, la solución de las crisis transfronterizas ha sido individual: cuando un banco con presencia en varias economías ha quebrado, cada Estado ha resuelto su parte. El documento de la Comisión que regula esta materia aún está algo verde", argumenta Francisco Javier Zapata, director de asesoría institucional de Banco Popular y vicesecretario de su consejo de administración.

Aunque el tamaño se ha señalado durante esta crisis como un importante factor se supervivencia, âscar García Maceiras, director de asesoría jurídica de Banco Pastor, no cree que sea tan determinante. "El tamaño no es tan importante, sino la buena o la mala gestión. No creo que las entidades medianas tengan un problema de supervivencia. El reto de las entidades de menor tamaño es no ser un problema para el Banco de España".

Los acuerdos de Basilea III, ratificados durante la última cumbre del G-20, no solo exigen más capital a las entidades financieras, y más aún a aquellas que tienen un riesgo sistémico, también persiguen la armonización en la definición de los instrumentos de capital. "La realidad previa a la crisis", explica Francisco Uría, de KPMG, "perjudicaba a la banca española, porque había entidades de otros países que presentaban como capital instrumentos que realmente no lo eran. Con la armonización que impone Basilea III se beneficia a la banca española, porque se exige que los instrumentos de capital tengan la capacidad de absorber pérdidas".

José María Méndez, de CECA, abunda en esta idea: "Basilea III no armoniza por completo la legislación en materia de capital pero sí que fija una serie de características básicas. El core capital debe ser permanente, debe tener capacidad para absorber pérdidas y debe tener libertad para remunerar o no remunerar a sus tenedores".

Armonización de la legislación

La necesidad de que los legisladores nacionales fijen unos criterios comunes para las diversas áreas que afectan al negocio bancario es una de las demandas que más se repiten a lo largo del desayuno. Desde las normas de prelación de créditos en casos de concursos de acreedores (un tema candente tras confirmarse el rescate a Irlanda), hasta las leyes que regulan la ejecución hipotecaria (seis meses de espera en Reino Unido frente a seis años en el caso de Grecia), la dispersión normativa hace más difícil alcanzar un sistema financiero más sólido.

Uría también menciona la deficiente supervisión como uno de los factores desencadenantes de la crisis. "Más que lagunas en la regulación del sector financiero, ha habido algunos fallos en la supervisión a nivel internacional, que no ha sido todo lo exigente que debería haber sido". Tanto él como Méndez alaban la supervisión "intrusiva" del Banco de España, que tan efectiva se ha demostrado. Este último, apunta otro de los cambios normativos clave para la industria: la nueva arquitectura de supervisión en la UE. A su juicio, el esquema propuesto implica dos cosas "que el modelo supervisión que combina la ejecución de la política monetaria con la supervisión de las entidades financieras, como es el caso del Banco de España, ha triunfado y que Bruselas tiene intención de acometer la armonización de las prácticas supervisoras nacionales".