Europa tiene fronteras para los planes de pensiones

Si usted está trabajando en el extranjero y su compañía le ofrece suscribirle un plan de pensiones, tiene que saber que no es todo tan bonito como lo pintan. Pese a que la libre circulación de capitales sea uno de los cimientos de la UE, lo cierto es que en el caso de dicho producto de ahorro este precepto no se respeta.

De hecho, la portabilidad de los derechos consolidados de los trabajadores en sus planes de pensiones, cuando se desplazan de un país de la UE a otro, es una de las cuestiones que llevan años debatiendo la Comisión Europea y los Estados miembros, sin que por el momento se haya conseguido unificar las normas.

Así, siendo usted español, se encontrará que si quiere trasladar el plan que le hicieron en otro país, por ejemplo Francia, deberá esperar a que la legislación gala le permita el rescate -posiblemente cuando tenga más de 60 años o se encuentre en situación prolongada de desempleo-, y una vez tributado allí, llegará a España y no le dejarán aportar a su plan de pensiones local más de 10.000 euros anuales -o 12.500 si es mayor de 50 años-, que es la aportación máxima permitida.

"Sería muy conveniente la aprobación de una directiva sobre portabilidad de los planes de pensiones, ya que la propuesta que la Comisión Europea lanzó en 2005 no fue finalmente aprobada porque algún país entendió que, tal y como estaba configurada, entraba en colisión con la normativa social y laboral de los Estados miembros, que no hay que olvidar que tienen esa competencia", explica Ángel Martínez-Aldama, director general de Inverco.

Andrés Martín, experto en soluciones para el retiro de Towers Watson, por su parte, cree que "la libertad de movimientos de capital genera una mayor industria y especialización, por lo que la normativa europea debería crear un espacio verdaderamente único en pensiones, donde no existieran diferencias interterritoriales".

No cabe duda que actualmente reina cierta confusión dentro de la UE. Hay países, como Reino Unido, que incluso han abierto la mano en exceso y no ponen problemas para la movilización si se cumplen requisitos tan sencillos como que la gestora se inscriba en un registro creado a tal fin. Ocurre que allí pueden aceptar fondos de un plan español. Sin embargo, las gestoras de nuestro país no pueden hacer lo mismo sin limitar la cuantía a los 10.000 o 12.500 euros anuales estipulados, o aplicando el impacto fiscal.

La principal consecuencia de esta situación, desde el punto de vista de los empleados, es la incertidumbre sobre el futuro de los fondos que dejan en el país, sobre todo, si son jóvenes y la jubilación parece muy lejana.

"Gran parte de nuestro trabajo en este aspecto se dirige a tranquilizar a los empleados, ya que dejar por ahora los fondos en nuestro país no es un problema: estarán gestionados igual de bien que en su país de origen, con todas las garantías. Además, según sus derechos de información, deberían saber en todo momento qué pasa con sus ahorros en España, igual que si siguieran trabajando aquí", apunta Juan Luis Alonso, abogado y consultor de Mercer.

"Esta normativa debería facilitar todo lo posible la movilidad de los fondos de pensiones para que esto nunca se vea como un obstáculo para instrumentar un plan o para trasladar a un empleado a otro país", asegura el experto de Mercer.

No todos los agentes del sector son de la misma opinión: "Se han transpuesto adecuadamente las directivas europeas y tenemos normas iguales en toda la UE", afirma Luis María Sáez de Jáuregui, responsable de vida, pensiones y servicios financieros de Axa España, y resalta que la imposibilidad de trasladar este tipo de plan de ahorro de un país a otro tiene un impacto muy bajo ya que sólo afecta a los directivos de compañías multinacionales.

Ante las trabas observadas para este tipo de movimiento transfronterizo, Europa aprobó la directiva para poder constituir planes de pensiones del sistema de empleo en distintos países de forma simultánea, los denominados Planes Paneuropeos. Sin embargo, según Martínez-Aldama, "no debe olvidarse que en apenas media docena de países de la Unión Europea, sobre un total de 27, existe un desarrollo importante de los sistemas de pensiones, por lo que la actividad transfronteriza de éstos es más limitada".

Andrés Martín es algo más optimista y cree que "la posibilidad de constituir planes paneuropeos es, sin duda, un gran paso adelante hacia la unificación europea en temas de pensiones, pero todavía queda un largo camino por recorrer".

Los planes paneuropeos han de cumplir unas normas bastante sencillas en cuanto a la estructura inversora de la cartera (invertir en euros, en países de la OCDE y diversificando en compañías), pero lo cierto es que no todas las legislaciones de los países de la UE han recogido con igualdad el tratamiento y la acogida, de momento, es escasa.

Quizá funcionara mejor la idea de Alain Dromer, consejero delegado de Aviva Investors: crear un plan de pensiones europeo certificado oficialmente, que actuara como marco general en el que la gente pudiera ahorrar libremente en sus respectivos países. Este plan se crearía a nivel europeo, pero se aplicaría de forma local y permitiría a todos los actores del sector de las pensiones ofrecer estos planes en igualdad de condiciones.

Tributación

Igualdad. No fue hasta 2005 cuando España se decidió a modificar las leyes del IRPF y Sociedades para regular el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones y posibilitar, así, que las aportaciones efectuadas a fondos de pensiones de otros Estados miembros tengan el mismo tratamiento fiscal que las realizadas a fondos de pensiones españoles.