Adiós al "injusto pero necesario" TARP

Uno de los momentos más intensos en la historia reciente del Congreso de EE UU fue el día en el que el legislativo se negó a aprobar un plan de rescate de la banca diseñado, deprisa y corriendo, por Henry Paulson -entonces secretario del Tesoro de George Bush-. El sistema financiero de la primera economía del mundo quedaba a milímetros del abismo y el Congreso parecía inamovible mientras los estudiosos de la Gran Depresión recordaban lo pernicioso que fue la inacción en los primeros años de la crisis de los años treinta.

Era septiembre de 2008 y ni el Gobierno ni el entramado de las finanzas podían aceptar sin más esa negativa. Replanteado el plan, a regañadientes, el Congreso, que vio cómo la Bolsa se venía abajo con su "no", decidió finalmente financiar un programa con 700.000 millones de dólares que se conoce como el TARP (siglas en inglés del Programa de Ayuda para Activos Tóxicos).

El 3 de octubre comenzó su andadura de dos años este versátil y multimillonario esfuerzo público para tender una red de protección a la banca, y el domingo venció. Es decir, que el Tesoro ya no podrá usar este fondo para nada más, aunque algunos de sus programas en marcha seguirán operativos hasta una década. Los resultados se consideran (oficialmente) razonablemente satisfactorios, teniendo en cuenta que, como dijo recientemente el sucesor de Paulson, Tim Geithner, el TARP "no es un plan justo pero sí necesario".

El controvertido TARP comenzó siendo un plan para eliminar de los balances, mediante la compra, los activos tóxicos (la mayoría hipotecarios) de las entidades financieras, un objetivo muy complicado de ejecutar y menos con un mínimo de garantías de transparencia y equidad debido en buena medida a que no existía un mercado para estos activos (había colapsado). Por tanto, era difícil establecer el precio justo para el contribuyente y razonable para la institución, teniendo en cuenta que el objetivo de esta compra era evitar el colapso de los bancos y no hacer una inversión.

Paulson puso el precio del rescate entonces en 700.000 millones de dólares, con la idea de que una gran cantidad de dinero imprime confianza en los mercados y es posible que eso facilite que no se tenga que utilizar. "Si tienes una pistola en el bolsillo, a lo mejor hay que sacarla, pero si tienes una bazuca y la gente lo sabe, no es necesario sacarlo", explicó al Congreso.

La tesis de la bazuca ha probado ser acertada. El TARP no llegó a ser el complicado programa de desintoxicación que se planeó en un inicio, sino que su ambigua redacción permitió otras acciones mucho más rápidas y menos complicadas, como la inyección de capital en la banca. Finalmente, y por este camino, se desembolsaron apenas 400 millones de dólares, con los que se afirmaron los ratios de capital de bancos pequeños y medianos y también los grandes como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase...

Inevitablemente, el TARP pasó a ser conocido como "la ayuda a Wall Street", y en el país del libre mercado se consideró absolutamente intolerable desde un punto de vista político, máxime cuando el cortoplacismo y la irresponsabilidad de la banca han puesto a la economía real contra las cuerdas. Una parte de este dinero, unos 70.000 millones se usaron también en el rescate de la aseguradora AIG. Y unos 80.000 más se destinaron al rescate de General Motors y Chrysler.

Dos años más tarde, la banca no está del todo recuperada y sigue teniendo activos tóxicos en sus libros, pero su posición es mucho más firme. Salvo algunos pequeños bancos, la mayoría ha devuelto con intereses el capital que se les inyectó, algo que podrían hacer con el tiempo AIG y GM. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) considera que en el peor de los casos el Estado perderá 66.000 millones de dólares. Geithner calcula que 50.000 millones, y depende de cómo salgan las OPV de GM y AIG, podría ganarse dinero.

Los grandes fracasos

æpermil;xito sí, pero el TARP es fuente de varios fracasos. El primero es que se tendió una red de ayuda pero no se pidió gran cosa a cambio (más allá de dividendos y ciertos compromisos). No hubo un gran desfile de ejecutivos por la puerta de ningún banco ni se puso coto a las retribuciones de la mayoría. En AIG los bonus fueron objeto de escándalo y las pérdidas por los riesgos desbocados se han quedado sin materializar del todo.

El otro problema, con el que tampoco ha acabado la reforma de la regulación financiera, es que se mantienen en la banca estructuras muy grandes e interconectadas como para dejarlas caer. Aunque la nueva ley establece pautas para detectar los problemas e intervenir, el mantenimiento de estos bancos y el capote que les echó el TARP permite a estas entidades tener la seguridad de que hagan lo que hagan las consecuencias no serán fatales. Adicionalmente, el mercado de la vivienda, zona cero de todos los males, no se ha beneficiado del TARP y sigue siendo un agujero de difícil cierre.

Estaría mal conceder a este programa todos los méritos de la estabilización. La expansión monetaria cuantitativa de la Fed, la cuasi nacionalización de Fannie Mae y Freddie Mac o los avales del Fondo de Garantía de Depósitos han sido determinantes, aunque su coste es difícil de cuantificar.

El "necesario pero injusto" TARP es ya historia, pero su sombra permanecerá. De momento, la ola de rechazo popular que ha generado ha permitido cristalizar al ultraconservador Tea Party y pasará factura a los demócratas, ya que el 47% de los americanos cree que fue iniciativa de Barack Obama.