Las regiones, principal escollo fiscal

La probabilidad de que el conjunto de la Administración públicas (central, autonómica, local y Seguridad Social) cierre el año con un déficit del 9,3%, límite fijado en el objetivo de estabilidad, dependerá en buena medida de la evolución de la cuentas autonómicas. Y, en este sentido, existe una ecuación que dificulta el cumplimiento. En primer lugar, las comunidades no se están beneficiando este año de la recuperación de los grandes tributos (IRPF, IVA e impuestos especiales). Ello es así porque el Gobierno transfiere a las comunidades las previsiones de recaudación y no los ingresos fiscales reales. Así, en 2009, las comunidades recibieron del Estado 60.420 millones de euros por la cesión de los tributos cedidos, un 1,7% más que el año anterior. Cuando, en realidad, la recaudación tributaria se derrumbó un 17%. ¿Qué significa esto? Pues que los Ejecutivos autonómicos se gastaron un dinero que no existía y que tendrán que devolver, no sin pocos esfuerzos.

Para este año, las previsiones fueron más realistas por lo que las comunidades están recibiendo menos dinero. En el primer semestre, las regiones ingresaron por IRPF, IVA y especiales 23.849 millones de euros, un 16% menos que el año anterior. Por lo tanto, ahora se produce la situación inversa. Mientras los ingresos tributarios crecieron un 10,5% en el primer semestre, la participación de las comunidades en los tres grandes impuestos se redujo.

Los entes territoriales vivieron en una realidad paralela durante 2008 y 2009, cuando la crisis golpeó con mayor dureza a las arcas públicas. De hecho, el gasto de las comunidades autónomas en 2009 creció un 12,7% respecto a 2007. Además, en esos años, fue la Administración central la que más acusó el deterioro económico. Su déficit pasó del 2,8% del PIB en 2008 al 9,5% en 2009. En cambio, las comunidades, que contaban con unos ingresos irreales, lograron mantener unos números rojos relativamente bajos gracias, en buena parte, a que los anticipos no contemplaron la caída de la recaudación. Y, si ello no fuera bastante, fue la Administración central quien aprobó las grandes medidas para contrarrestar la crisis. La rebaja de 400 euros o el Fondo Local de Empleo se financiaron con dinero del Estado.

Sin embargo, actualmente, los expertos en hacienda pública opinan que son las comunidades autónomas las que tendrán más dificultades para cumplir el objetivo de déficit de este año (3,1% del PIB) y los siguientes. Los excesivos anticipos a cuenta supondrán un enorme lastre, a pesar de que el Gobierno permitirá devolverlos en cinco años (60 mensualidades). La liquidación negativa de 2008 asciende a 5.500 millones y la de 2009 alcanza la estratosférica cifra de 20.000 millones de euros. Dicho de otra forma, en los próximos años, las comunidades deberán retornar al Estado el equivalente al 2,5% del PIB.

Por otra parte, los Ejecutivos autonómicos argumentan que el margen para recortar el gasto es menor que el de la Administración central, ya que las competencias propias del Estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales) recaen sobre las comunidades. Esas tres áreas equivalen al 60% del conjunto de presupuesto autonómico.

Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, sostiene que el actual modelo sanitario está "estrangulando" a las comunidades. El director general del IEE reclama avanzar en sistemas de copago en la prestación de servicios públicos, postura que defienden también Madrid y Cataluña.

En cualquier caso, son políticas que no pueden implantarse de un día para otro y, por lo tanto, no queda otro camino que recortar el gasto. Ahora los Ejecutivos autonómicos compiten en la reducción de altos cargos y consejerías, medidas que, sin embargo, por sí solas no sirven para contrarrestar la caída de los ingresos tributarios ni parece que puedan lograr reducir el déficit en 11.000 millones en 2011, tal y como se pide desde Moncloa. Además, las regiones tienen un problema añadido y es que sus dos principales tributos propios -el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados- están ligados al sector de la construcción, epicentro de la crisis.

Algunas como Cataluña, Andalucía, Extremadura o Baleares han optado por elevar impuestos o crear nuevos tributos ligados a la fiscalidad verde. El Gobierno, consciente del riesgo de que el objetivo de estabilidad se desvíe por el lado autonómico, está endureciendo las condiciones para que las comunidades emitan deuda y, además, ha extremado el control sobre las cuentas territoriales.

La situación de la Administración local se asemeja al de las comunidades. Si bien su peso en el conjunto de la Administración es menor, algunos ayuntamientos se encuentran al borde de la bancarrota y deben hacer malabarismos para pagar la nómina cada mes. Los entes municipales también deberán devolver 1.612 y 4.000 millones por los anticipos a cuenta recibidos en 2008 y 2009. Al igual que las comunidades, también los municipios gastaron un dinero que nunca se llegó a recaudar.

Al menos las comunidades autónomos cuentan con un nuevo modelo de financiación por el que recibirán una financiación adicional de 9.750 millones de euros. La Federación Española de Municipios y Provincias aún no ha logrado cerrar un acuerdo con el ministerio para poner en marcha un nuevo sistema de financiación.

Ante el panorama inquietante que presenta la Administración autonómica y local, el Estado confía en cumplir con su objetivo de estabilidad y reducir su déficit del 9,5% al 5,9% en 2010. Cifra que deberá recortarse hasta el 6% en 2011. Se trata de un propósito ambicioso que, probablemente, requerirá de medidas adicionales.

¿Nuevos recortes presupuestarios?

El Banco de España apunta en su último boletín que "el Gobierno debe estar preparado par instrumentar medidas fiscales restrictivas adicionales". En este sentido, el Gobierno ya ha anunciado que si observa que no se cumplen los objetivos de déficit, emprenderá nuevos recortes del gasto. De momento, el plan de austeridad aprobado en mayo, que incluía la rebaja del sueldo de los funcionarios, la eliminación del cheque-bebé o la congelación de las pensiones, entre otras, supondrá un ahorro de más de 15.000 millones de euros, alrededor del 1,5% del PIB entre 2010 y 2011.

El servicio de Estudios de BBVA estima que el déficit público ascenderá al 9,6% este año, tres décimas por encima del previsto por el Gobierno. Se trata de una diferencia de sólo 3.000 millones. Nada comparable con lo sucedido en 2009, cuando el Ejecutivo presupuestó que los números rojos no pasarían del 1,9% del PIB y cerraron el año en el 11,2%. Es decir, un error de cálculo equivalente a 97.700 millones de euros.

De momento, los datos de ejecución presupuestaria del primer semestre evolucionan según lo previsto por primera vez en dos años. Destaca la buena evolución de los ingresos por IVA, que en el primer semestre subieron un 31,3%, una cifra que compensa la inesperada caída de los ingresos por Sociedades, la sorpresa negativa en lo que va de año. Sin embargo, falta por conocer los efectos de la subida del IVA que entró en vigor en julio sobre el consumo y el conjunto de la economía. En cualquier caso, ni cumpliendo las previsiones de ingresos pueden descartarse nuevos recortes del gasto, ya que las variables que pueden dejar en papel mojado el objetivo de déficit son múltiples y llegan desde distintos bandos.