El Tribunal de la UE apoya el pago de incentivos para animar a recetar fármacos baratos

Las autoridades públicas europeas pueden ofrecer incentivos económicos a los médicos para animarles a prescribir fármacos más económicos a los pacientes. El pago de estas recompensas al facultativo no vulnera la directiva europea sobre medicamentos de uso humano, que prohíbe -en el marco de la promoción de los medicamentos ante los médicos o farmacéuticos- "otorgar, ofrecer o prometer" a éstos ventajas pecuniarias o en especie.

Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver una cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice de Inglaterra y Gales en el marco de un proceso judicial de la industria farmacéutica británica frente a las autoridades sanitarias del país. El tribunal británico preguntó a la Corte europea por la legalidad del sistema público de incentivos económicos que anima a los médicos británicos a prescribir medicamentos más baratos para favorecer el ahorro farmacéutico. En concreto, los incentivos de la sanidad británica persiguen "favorecer la prescripción de medicamentos específicamente designados y que contienen una sustancia activa diferente de la del medicamento que se había prescrito anteriormente o que se habría podido prescribir de no existir tal sistema de incentivos". La sentencia del tribunal no se pronuncia sobre los incentivos a la prescripción de genéricos, por no ser el objeto de la consulta del tribunal británico.

La respuesta del tribunal europeo, en contra de la posición de la propia Comisión, es muy clara. La prohibición de los incentivos a los médicos afecta principalmente a las actividades de promoción de la industria farmacéutica, e intenta impedir prácticas promocionales que puedan alentar a los médicos, por interés económico, a prescribir determinados medicamentos.

Sin embargo, la normativa no afecta a las autoridades nacionales responsables de la salud pública "que están encargadas de velar por la aplicación de la directiva y de definir las prioridades de acción de la política de salud pública, en especial en lo que atañe a la racionalización de los gastos públicos asignados a esa política".

Alegaciones de España

Entre los países que han realizado alegaciones en favor de los sistemas de incentivos figura España, que junto a Francia, República Checa, Países Bajos y Estonia han apoyado la potestad de las autoridades sanitarias para realizar este tipo de acciones. En España, como en el resto de países que han presentado alegaciones, algunas administraciones sanitarias ofrecen a los facultativos incentivos económicos para favorecer el ahorro farmacéutico, en este caso a través de la prescripción de genéricos. Una medida que no está exenta de polémica, ya que desde el sector médico hay voces que critican el efecto que tienen estas ayudas en la libertad de prescripción que deben ostentar los facultativos.

Desde el Tribunal de Justicia de la UE se recuerda, sin embargo, que las autoridades deben poner a disposición de los profesionales de la industria farmacéutica datos que demuestren que los incentivos se apoyan "en criterios objetivos" y no en discriminaciones entre los medicamentos nacionales y los procedentes de otros estados. Además, el sistema de incentivos debe hacerse público.