Los organismos reguladores deberán publicar las actas de sus reuniones
Todos los organismos reguladores deberán dar publicidad de las disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes que los regulan, incluidas las actas de las reuniones.
La disposición que da máxima publicidad a los organismos reguladores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión para el Mercado de las Telecomunicaciones, CNMV y Comisión Nacional de Competencia) está incluida en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, al que tuvo acceso CincoDías. La publicidad se extiende no sólo a las actas de las reuniones del consejo, sino también "a los informes en que se basan las decisiones del mismo, las reuniones y sus conclusiones del organismo regulador con empresas del sector y con la Comisión Nacional de Competencia". Las disposiciones se harán públicas por medios informáticos y telemáticos una vez notificados a los interesados.
Esta publicidad se une a un estricto control parlamentario por el que el presidente de cada organismo regulador deberá comparecer al menos una vez al año en el Congreso de los Diputados. Mientras el anteproyecto de ley inicia su fase de información pública, las principales asociaciones patronales, consultadas por este diario, recelan de un texto que, en líneas generales, juzgan "insuficiente". Al menos, para lograr el ambicioso propósito de cambiar el modelo productivo del país.
En uno de los sectores que, sobre el papel teórico de la reforma, tiene más futuro, la ley también ha sido recibida con reservas. Jesús Banegas, presidente de la patronal tecnológica Aetic, limita la incidencia de las principales medidas en ese ámbito: "La universalización de la banda ancha es un avance, pero no puede cargarse a la cuenta de resultados de las compañías. Sí es positiva la reducción de la tasa de operadores de telecomunicaciones del 1,25 al 1 por mil, pero su impacto se limitará a seis millones de euros, frente a los 200 que costará el pago para sufragar el fin de la publicidad en la televisión pública".
Los notarías advierten contra la implantación del "control electrónico"
El presidente de Aetic recalca, por otra parte, que los Presupuestos recogen una notable caída de inversión en innovación. "El aumento de la deducción por I+D+i, desde el 8% hasta el 12%, está bien, pero no es suficiente para compensar esa caída", concluye. En línea similar se manifestó Asimelec, la otra patronal del sector tecnológico, para la que "faltan medidas de estímulo a la sociedad digital, aunque aún hay tiempo para incluirlas".
Fuentes de la patronal de automoción Anfac explican que, "en lo poco que ha trascendido del anteproyecto" aparecen "temas interesantes en materia de logística", como el impulso al transporte de mercancías por ferrocarril o del vehículo eléctrico. Sin embargo, prefieren esperar a que se conozca el detalle de la reforma para valorar si esos cambios son suficientes.
Otro de los ejes de la reforma es la reducción de trabas burocráticas en la creación de empresas y la relación entre éstas y la Administración. Desde la Asociación Independiente de Notarios advierten de que "parece que se apunta a la desaparición del documento público notarial en actuaciones en las que el control del notario es esencial, invocando, erróneamente, la aplicación de nuevas tecnologías como panacea reductora de costes". Los notarios afirman que "la sustitución de la intervención notarial por el control electrónico puede tener consecuencias irreparables".
La norma incluye y refuerza diversos tipos de certificaciones para el acceso a deducciones por I+D+i o reducción de emisiones. Fuentes de Aenor, la asociación patronal del sector, afirman que "todos los pasos que se dan en esa dirección resultan positivos".
El Estado pagará en 55 días en 2010
La imposición a las administraciones públicas de un plazo máximo de 30 días para pagar sus deudas desde 2013 se implantará escalonadamente. El anteproyecto de la ley de Desarrollo Sostenible establece que en 2010 el lapso será de 55 días, pasará a 50 días en 2011, y se reducirá a 40 días en 2012. Además, para reforzar la situación de los acreedores, la norma establece que éstos podrán solicitar "como medida cautelar el pago inmediato de la deuda", si la administración no cumple los tiempos. El articulado cumple así algunas de las históricas reclamaciones de la patronal. Desde la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) celebran que, además de limitar la morosidad pública, la nueva legislación limite a 60 días el plazo máximo para el pago de deudas entre particulares.En cuanto a la simplificación de los trámites administrativos, desde la Confederación Española de Comercio reclaman la necesidad de que en el trámite parlamentario se mejore el texto de la ley, y exigen que se apuntale la obligación de que las administraciones estén conectadas entre sí, tal y como recoge la directiva europea de servicios.
Concesiones de transporte de 10 años
Entre las novedades que plantea el anteproyecto de ley destaca que la duración de las concesiones de transporte terrestre no podrá ser superior a un plazo de 10 años, cuando la normativa vigente fija un mínimo de seis años y un máximo de 15. Además, a partir del 1 de enero de 2012, la concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o Entidades locales y destinada al transporte público urbano o metropolitano se condicionará a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.El contenido de estos planes incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento y revisión. Asimismo, estos programas de actuación deberán someterse al informe de la Mesa de Movilidad Sostenible, previo a su aprobación. Su ámbito territorial de actuación podrá ser autonómico, municipal o supramunicipal cuando así lo acuerden las localidades que decidan agruparse y que cuenten con una población superior a los 100.000 habitantes.
Otras novedades de la ley
FERROCARRIL. Se crea el Comité de Regulación Ferroviaria como órgano colegiado adscrito a Fomento. Entre sus funciones está garantizar la igualdad entre empresas públicas y privadas y salvaguardar la pluralidad de la oferta en la prestación de servicios en la red viaria de interés general.I+D+I. Los organismos públicos de investigación podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuya titularidad sea mayoritariamente privada.VIVIENDA. El Ejecutivo se compromete a realizar censos de casas desocupadas y mapas de ámbitos urbanos obsoletos, así como sus correspondientes planes de rehabilitación.ENERGÍA. El Gobierno tendrá que presentar en un plazo máximo de tres meses desde de la entrada en vigor del texto un proyecto de ley de energías renovables y una nueva planificación energética.PENSIONES. Las exigencias de capital a las gestoras de planes de pensiones se reducen. Las más pequeñas deberán tener en capital el 0,5% de sus activos, la mitad de lo que tenían que reservar antes, mientras que las grandes deberán reservar un 50% menos.