_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Ola de pánico incruento

Dicen que el afloramiento de los abusos del caso Gürtel, de Santa Coloma de Gramanet, del Ejido, del caso Palma Arena y lo que te rondaré morena tiene el peligro de derivar en desafección hacia la política y los políticos. Pero en buena lógica que estos asuntos sean investigados por los jueces de forma que vayamos sabiendo quienes han sido sus protagonistas, que se conozca la forma en que se han lucrado con cargo al erario público, es decir, a costa de los impuestos soportados por los contribuyentes, debería ser motivo de alborozo, satisfacción y entusiasmo ciudadano.

La instalación del principio de que quien la hace la paga, la anulación de los espacios de impunidad, crearía un vértigo saludable. En adelante, nadie podrá sentirse seguro en la práctica de fechorías. Ganará terreno el respeto escrupuloso a las normas legales. Habrá un sano temor de Dios y de la separación de poderes. Cundirá la idea de que la acción pública se desarrolla bajo una estricta fiscalización. Se romperá el maléfico sistema de la ocultación de los intereses creados y repartidos para que todos se conjuren en el fraude de los caudales públicos.

Contaba el inolvidable Arturo Soria y Espinosa como en los días del Madrid sitiado por la morisma, el general Miaja, que había quedado al cargo de su defensa, le llamó para que acudiera a su despacho. Quería ideas que frenaran a los quintacolumnistas y devolvieran la moral a la población castigada por la aviación y la artillería franquista. Arturo Soria le propuso que hiciera una alocución por radio capaz de crear una ola de pánico incruento. Eso es también lo que ahora hace falta para que la función pública y los políticos electos entregados a la codicia sean centrifugados y puestos a buen recaudo.

En definitiva hemos visto muchas veces a la Guardia Civil cumpliendo sus deberes de dar protección, por ejemplo, a los alcaldes y ahora comprobamos que tiene doble uso porque también puede defendernos de ellos y sacarlos esposados del Ayuntamiento que manejaban para su lucro personal. Porque la presunción de inocencia está reconocida y amparada por la Constitución pero también garantiza a tenor del apartado 3 del artículo 9 "la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

El momento presente debe ser una oportunidad de poner el contador a cero en lo que se refiere a estos desmanes. Hubo otras. Por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid cuando el concejal Alonso Puerta, entonces el grupo socialista denunció determinadas corrupciones con el resultado de ser expulsado del grupo por aquello de que los trapos sucios se lavan en casa. Memorable fue otra ocasión sucedida el 24 de febrero de 2005 en el Parlament de Cataluña. Se debatía el derrumbe ocasionado por las obras del metro en el barrio barcelonés del Carmel. El president Pasqual Maragall replicaba las intervenciones previas de los señores Puig y Mas y les recordaba que tenían algunas cosas que ocultar. Los mencionados fueron presas de la indignación y Maragall les dijo que tenían un problema y que ese problema era el 3%.

No dijo más. Lo dejó así en abstracto pero a los aludidos les bastó para comprender que les estaba mentando las comisiones en su propio favor y de su partido con las que habían encarecido las obras públicas licitadas cuando tenían responsabilidades de Gobierno. Vinieron entonces las amenazas de romper todos los consensos y en aras de preservarlos quedó desactivada la denuncia que tantos esclarecimientos hubiera podido aportar. Todo volvió a quedar en la opacidad, debajo de las alfombras y cada uno siguió en sus malas prácticas hasta este nuevo estallido en Santa Coloma donde los denunciantes y denunciados de entonces acordaban un honorable reparto del botín.

Por eso, por la indecencia del reparto como garantía del silencio, es por lo que el presidente del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, tiene pendiente una explicación. Su insistencia en que el pacto que ha suscrito en Caja Madrid obedece al deseo de aportar estabilidad encubre el reparto de puestos, un reparto que tiene el aire de la incondicionalidad, cualquiera que fuere el designio caprichoso de la presidenta Esperanza Aguirre para situar al frente de la cuarta institución financiera del país. Eso de que no estar presente es siempre un error lo dijo Tallyerand pero debe matizarse. En ocasiones la ausencia es un acierto y una obligación.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista

Newsletters

Inscríbete para recibir la información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Apúntate!

Archivado En

_
_