La sombra del 3% planea de nuevo en Cataluña

La operación Pretoria ha destapado con toda la furia la corrupción urbanística en Cataluña. Hasta el momento, la sombra del blanqueo de dinero, el tráfico de influencias y los favores en ayuntamientos había pasado de largo del denominado oasis catalán.

La primera vía de agua apareció este verano de forma tangencial, con el caso Orfeó Catalá-Palau de la Música, una institución básica en la sociedad civil catalana, maltratada por su máximo responsable, Lluis Millet. El desvío continuado de dinero de la Fundación ha afectado a todo tipo de organismos y partidos políticos, además de sembrar dudas en otras entidades presididas hasta hace poco por Millet: Agrupació Mútua (actualmente bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros) y Bankpime.

Sin embargo, ha sido la irrupción a escena del registro del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) de anteayer lo que ha provocado una auténtica convulsión entre la clase política y empresarial catalana. A la espera del traslado hoy a Madrid de los detenidos -ayer ya declararon en la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)- y de la declaración prevista para mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, faltan por encajar varias piezas del puzzle.

Tratos de favor

En principio, la trama parece de lo más típica y sabida: se trata, en primer lugar, de averiguar si desde el consistorio de Santa Coloma y otros ayuntamientos cercanos a Barcelona se dieron tratos de favor a algunas empresas a las que se les adjudicaron servicios y terrenos previamente recalificados. En segundo lugar, también hay que determinar si fondos de paraísos fiscales podrían haberse desviado para invertir en el suelo ya recalificado como urbanizable.

Es decir, la frase lapidaria que el ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, pronunció en 2005 en el Parlamento autonómico, acusando al líder de la oposición, entonces y ahora, Artur Mas (CiU), sobre posibles pagos de comisiones. "Ustedes tienen un problema, y es el 3%", afirmó Maragall. El patinazo fue tapado entre todos, entre acusaciones que se diluyeron con el tiempo. Ahora se empieza a ver que quizás Maragall (ya no es militante del PSC) tenía razón, pero lo que no calibró el ex mandatario es que la supuesta corrupción se ha desatado en un consistorio socialista, y uno de los más emblemáticos del cinturón rojo de Barcelona, símbolo de la llegada de la inmigración en la década de los sesenta. En realidad, La Sindicatura de Cuentas ya avisó en 2007 al Parlamento catalán de presuntas irregularidades en la adjudicación de obras por parte de empresas municipales Gramepark y Grameimpuls de Santa Coloma, dentro del informe de fiscalización de cuentas correspondiente a 2003.

Además del alcalde, Bartomeu Muñoz, y de otros dos detenidos en el ayuntamiento (el concejal de urbanismo, Manuel Dobarco, y el responsable de servicios jurídicos, Pasqual Vela), aparece la figura del ex diputado socialista Luis García, también arrestado, que ya fue expulsado del partido por presuntas irregularidades urbanísticas.

Parece que García es el nexo de unión entre el ayuntamiento y las promotoras Espais y Proinosa, cuyos presidentes, Lluis Casamitjana y Josep Singla, también se encuentran detenidos.

En el otro extremo de la cadena también surge Luis García, que conoció al ex consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, en su etapa de Diputado, entre 1980 y 1992. García se ponía en contacto con Alavedra para, supuestamente, blanquear dinero en paraísos fiscales como la isla de Jersey. Este es el aspecto que más ha sorprendido en todas las conexiones, la presunta implicación de Alavedra y de Lluís Prenafeta, otro ex alto cargo de CiU en el Gobierno de la Generalitat durante los mandatos de Jordi Pujol.

Hombres clave

Prenafeta fue el hombre clave en la creación de la maquinaria administrativa de la Generalitat a partir de 1980 y fue secretario general de la Presidencia, hasta que dimitió en 1990. Con todas las presunciones de inocencia por delante, tanto Alavedra como Prenafeta se vieron envueltos en algunos casos de corrupción, especialmente en el de Grand Tibidabo (Javier de la Rosa), aunque nunca fueron procesados.

El presidente de CiU, Artur Mas, aseguró ayer que la implicación de los socialistas catalanes (PSC) en la trama es de mayor responsabilidad, puesto que Bartomeu Muñoz es un cargo electo, mientras que Alavedra y Prenafeta hace años que no tienen cargos ni en CDC ni en la federación (CiU). Con todo, y a la espera de sus declaraciones ante Garzón, nunca había habido un caso de corrupción urbanística que afectara a políticos de tanta alcurnia en Cataluña. A pesar de todo, Mas añadió que espera que ambos detenidos pedirán que se les suspenda temporalmente de militancia si el caso perjudica al partido.

Mientras, los afectados en la trama siguen aumentando, puesto que los detenidos ya se elevan a nueve, después de la detención ayer en Madrid de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa Mediterránea, empresa de servicios de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Al final, todo ha contribuido a secar el oasis catalán.