Las grandes 'telecos' alertan de los peligros del intrusismo municipal

Las operadoras han visto cómo en los últimos años las Administraciones públicas se adentraban cada vez más en la sociedad de la información. Primero fue un cierto apoyo a la tecnología, que se ha ido ampliando en algunas localidades hasta la construcción de redes y la oferta de servicios de telecomunicaciones, sobre todo de acceso a internet.

Y ahí es donde las grandes telecos han dicho basta, ante la competencia desleal que supone que el rival no sea una empresa privada sujeta a las mismas reglas, sino una entidad municipal que actúa con dinero público y da servicios gratuitos. Esta actitud, pone en peligro la inversión privada, advierten.

La encargada de hacer público el malestar ha sido Redtel, la patronal que defiende los intereses de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono. Esta asociación ha redactado un informe, al que ha tenido acceso este periódico, que presentará mañana, durante un encuentro entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y gobiernos locales para debatir los efectos de la iniciativa pública en el sector.

Eliminar barreras

En este documento, Redtel recuerda que las administraciones públicas tienen un papel que cumplir del que muchas veces hacen dejación. Se trata de incentivar el desarrollo de infraestructuras con la eliminación de las barreras administrativas y la simplificación de las autorizaciones para desplegar red o usar espacios públicos, canalizaciones y conductos. Según la patronal, la Comisión Europea ya ha llamado la atención a España en tres informes sobre este tema y ha destacado que "la disminución de barreras al despliegue es un incentivo para las inversiones privadas".

Por eso, las grandes operadoras consideran que los gobiernos locales tienen en sus manos herramientas y actuaciones clave para el desarrollo de la sociedad de la información sin necesidad de que se conviertan en operadoras. Porque eso es lo que han intentado hacer en los últimos tiempos ayuntamientos como el de Barcelona, Madrid, Málaga o Avilés, con distintas iniciativas que tenía, en mayor o menor medida, el destino final de dar acceso a internet gratis a los ciudadanos.

Las telecos están en contra de esta competencia, que se ha intensificado en municipios más pequeños, que han llegado a usar el dinero del gubernamental Plan E para ese mismo cometido.

Ante este escenario, la patronal no pide que se coarte a los ayuntamientos, sino que se les vigile para que cumplan la legislación y las condiciones señaladas por la CMT, cuya labor a la hora de defender la competencia es alabada por las compañías y puesta como ejemplo de lo que se debe hacer.

Según la regulación que está aplicando la CMT, la iniciativa pública no puede suponer una competencia desleal ni debe implantarse en los lugares donde pueda desarrollarse la inversión privada. De ahí las condiciones que ha impuesto a Ayuntamientos como Barcelona, Madrid o Avilés, donde ha forzado cambios, reducciones del tiempo de conexión y, sobre todo, ha limitado el plazo en que pueden dar gratis los servicios para dar su aprobación al proyecto.

El problema para las operadoras es que muchos proyectos municipales tardan tiempo en pasar por el filtro de la CMT, porque sus responsables desconocen el procedimiento. En este plazo, se crea incertidumbre jurídica y se penaliza la competencia y la inversión.