Un aperitivo antes del examen presupuestario

Mañana martes, cuando el Congreso vote las resoluciones del debate sobre el estado de la nación, el Gobierno podrá disponer de una idea aproximada sobre los grupos en los que podrá apoyarse en otoño para sacar adelante los Presupuestos de 2010. El PSOE concluirá hoy las conversaciones con el resto de los partidos para conocer con qué apoyo cuentan sus propuestas. Su objetivo es evitar que se evidencie su desamparo parlamentario, después de haber derrochado grandes dosis de energía en los últimos meses para no salir derrotado en las votaciones registradas dentro de la Comisión de Economía, donde la pinza PP/CiU/PNV le ha obligado en ocasiones a subirse al carro de propuestas sin encaje en la actual política presupuestaria.

La mayoría de ellas apenas si han tenido resonancia por tratarse de proposiciones no de ley, iniciativas de carácter casi testimonial que no vinculan al Gobierno y que sólo sirven para contentar a los grupos de presión que se acercan a los partidos para defender sus legítimos intereses. Algo parecido ocurrirá con las resoluciones que este martes se someterán al pleno del Congreso, sobre cuyo cumplimiento apenas se ejerce control con posterioridad.

La treintena de propuestas defendidas por el PP y CiU en este debate gravitan sobre una rebaja de impuestos que el Gobierno considera imposible de articular en el actual contexto de recesión económica. El primer partido de la oposición defiende una reforma fiscal global, cuyos aspectos esenciales son: aumento del tipo de deducción por la compra de vivienda en el IRPF hasta el 25%, desde el 15% actual; nueva deducción del 10% de los rendimientos del trabajo destinados al ahorro a medio y largo plazo; mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones; cambio de régimen en el IVA para que no se abone en las facturas impagadas; reducción de Sociedades al 20% a pymes con hasta 12 millones de facturación y ajuste del régimen de módulos de los autónomos a la caída de la actividad económica.

Lo más sorprendente de la formulación fiscal del PP no es su contenido, coherente con algunas de las decisiones que tomó el ex ministro Cristóbal Montoro en su etapa como titular de Hacienda, sino el cálculo a la ligera de su coste. En el discurso del PP se razona que como entre 1996 y 2004 quedó demostrado que las rebajas impositivas dispararon la actividad económica y los ingresos por IRPF, Sociedades e IVA se multiplicaron, en esta fase del ciclo ocurriría algo similar y, por tanto, la pérdida de ingresos que sufren las arcas públicas desde el inicio de la crisis se vería compensada por estas medidas.

El equipo económico del PP es consciente de que en la parcela fiscal juega con ventaja, no sólo porque Zapatero inició su mandato gubernamental defendiendo que bajar impuestos es de izquierdas, sino porque éste es un mensaje que penetra bien en las clases medias, un colectivo de ciudadanos/electores cuyo comportamiento en épocas de crisis no sólo suele condicionar el color político de los gobiernos sino que, además, resulta imprevisible. ¿Está cuidando el PSOE lo suficiente a las clases medias? Este es un debate que empieza a abrirse en el interior del partido y que si concluyera con un diagnóstico equivocado, podría acarrearle un serio disgusto en las urnas.

Consciente de ello, el PP ha cogido al vuelo la eliminación de las deducciones fiscales a la vivienda a partir de 2011 propuesta por el presidente para utilizar la brocha gorda: el Gobierno está triturando a las clases medias, es el mensaje.

Las ventajas de esta medida defendida por el presidente aún no han sido explicadas bien desde el Ejecutivo, donde se recuerda que ya en 2004, anticipándose al coste político que pudiera tener la iniciativa, Jesús Caldera la borró de un plumazo del programa electoral que coordinaba un entonces casi desconocido Miguel Sebastián.

Reforma laboral

Si para el PSOE la rebaja de impuestos generalizada que propugna el PP supone un constante dolor de cabeza, para Mariano Rajoy supone todo un engorro salir a desmentir que su partido defiende el abaratamiento del despido. Zapatero sabe también donde golpea y retó en varias ocasiones al líder del principal partido de la oposición a que detallara su reforma laboral. Fue un intento vano. Tanto inquieta al PP este asunto, que fue abordado en la reciente reunión que la dirección del Grupo Popular mantuvo con los secretarios generales de UGT y CC OO en las oficinas del Congreso. El mensaje que les transmitió Soraya Sáenz de Santamaría a Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo fue claro: no le hagáis el juego al PSOE culpándonos de apoyar el despido libre. Somos independientes, tampoco comulgamos con todas las recetas de CEOE y queremos que nos tratéis como tales.

La cercanía de las elecciones europeas va a dificultar que funcione esta especie de pacto de caballeros que el PP le ha propuesto a los sindicatos. Entre otras razones, porque Zapatero no ha querido trasladar al debate del estado de la nación decisiones que están en la mesa del diálogo social, buena parte de ellas relacionadas con la extensión de las prestaciones sociales, sobre las cuales Rajoy reclama voz y voto. En una de las resoluciones que se votarán mañana, el PP propone, por ejemplo, la colaboración privada con los servicios de empleo, una iniciativa que sigue provocando alergia en las dos centrales mayoritarias.

No va a tener tampoco fácil el Gobierno pactar sus resoluciones con los grupos minoritarios, a pesar del alto grado de acuerdo alcanzado con algunos de ellos como Coalición Canaria y el BNG (cuatro escaños en total). A medida que más se evidencia la soledad parlamentaria del Ejecutivo, más sube el precio de los grupos pequeños a cambio de su apoyo.

Hay dentro del Grupo Parlamentario Socialista una corriente de opinión que apuesta por un mayor acercamiento a Convergència i Unió (10 diputados), cueste lo que cueste. Pero la orientación del discurso de Zapatero en el debate lleva a pensar que, pese a dejar alguna puerta abierta al acuerdo, la resignación le ha conducido a contar sólo con el respaldo de los componentes del Grupo Mixto.

Esta estrategia tiene un recorrido complicado si se tiene en cuenta que ERC (tres escaños) va a priorizar en breve sus intereses electorales. En el Partido Socialista de Cataluña se especula con un posible adelanto de los comicios autonómicos a este otoño si el pacto sobre el nuevo modelo de financiación sale bien. En cualquier caso, esta comunidad autónoma volverá a sumergirse pronto en una atmósfera electoral que complicará la vida al Gobierno en Madrid. Y recabar apoyos a los Presupuestos entre el resto de los grupos no será sencillo.