La CNE pide que las eléctricas devuelvan 3.400 millones

El pasado 11 de junio el secretario general de la Energía, Pedro Marín, remitió a la presidenta de la CNE, Maite Costa, el informe que el anterior equipo de Industria solicitó a la Abogacía del Estado sobre la situación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) tras la desaparición de los mismos en un real decreto-ley de junio de 2006. Teniendo en cuenta que las empresas han percibido 3.396 millones de euros por encima del máximo que les atribuía la ley, según los cálculos de la CNE, a los que Industria ha hecho algún ajuste, los servicios jurídicos del Estado consideran que existen fundamentos legales para reclamar "un cobro indebido". Una vez analizado el documento, al que ha tenido acceso CincoDías, el regulador energético ha pedido al ministerio que proceda en este sentido.

Concretamente, en el informe sobre la orden de tarifas de julio, en el apartado relativo al déficit tarifario, la CNE subraya: "es necesario señalar que está pendiente la liquidación de los CTC a la fecha de su cancelación, el 30 de junio de 2006". La cifra a liquidar no se cobraría directamente a las empresas, sino que serviría para reducir en igual cuantía el déficit de tarifa que este año alcanzará los 14.000 millones. Una deuda a la que las eléctricas son acreedoras. La cantidad calculada por la CNE asciende a 1.992 millones si no se descuentan de los CTC de Endesa las plusvalías que recibió por la venta de su filial Viesgo a Enel en 2001. O de 3.396 millones, si se tienen en cuenta dichas plusvalías, tal como admite una sentencia del Supremo. El ministerio ajusta esta cifra en 2.500 millones, en el primer caso, y en 3.000 millones, en el segundo.

Por empresas, el regulador atribuye el siguiente reparto: Endesa, 1.562 millones; Viesgo, 432 millones; Cantábrico, 155 millones; Fenosa, 276 millones e Iberdrola, 1.159 millones. Por su parte, Elcogás cobró de menos 191 millones. Sin detallar estas cuantías, el abogado del Estado recuerda que los CTC eran una compensación cerrada (el polémico billón de las eléctricas, que en realidad ascendía a 1,4 billones de las antiguas pesetas) que las empresas podían recibir hasta 2010, se otorgó a las centrales construidas con anterioridad a la liberalización del mercado en 1997. Un complicado sistema de liquidaciones permitió que las empresas superasen el máximo. Teniendo en cuenta que el real decreto- ley de 2006 que se aprobó bajo el mandato de José Montilla "guarda silencio sobre si procede liquidar los saldos globales por cada empresas", el informe jurídico considera dos interpretaciones: que la supresión de los CTC no exige ninguna operación ulterior de liquidación y, una segunda, "más razonable", favorable a la misma.

Y es que, según la Abogacía, la ley que los instauró hace 10 años y sus modificaciones posteriores, los limitaba a una cifra global. Ello justifica que se pueda comprobar si se han entregado cantidades por encima de dicho límite. Máxime, cuando la ley permitía adelantar el cobro en el tiempo, pues era una compensación con un tope. El informe se apoya en los principios generales del Derecho "que impiden el enriquecimiento injusto y establece la devolución del cobro de lo indebido" (artículo 1895 del Código Civil), lo que no necesariamente requiere "la existencia de mala fe" (artículo 1896). Precisamente, al considerar que no ha habido tal mala fe, las empresas que recibieron el pago indebido no deberían abonar intereses.

También considera que las empresas no han adquirido derechos sobre las compensaciones cobradas, que el Supremo ha calificado como "prestación patrimonial de carácter público". La reclamación a la que el Gobierno tiene derecho prescribe, según los letrados del Ministerio de Justicia, en junio de 2010, cuatro años después de la aprobación del real decreto ley.