Los Areces consideran que El Corte Inglés vulneró el procedimiento de venta de acciones

Según el bufete Jiménez de Parga, que asesora a los hermanos Ramón, Rosario y María Jesús Areces Fuentes, la empresa de distribución ¢vulneró el artículo 17 de los Estatutos Sociales en dos frentes: en la competencia para responder a la petición de venta de los hermanos, y en el procedimiento para la determinación del precio de adquisición de las acciones¢.

Los tres hermanos se acogen en su demanda a la redacción de los Estatutos Sociales anterior a agosto de 2005, cuando fue modificada, en su opinión, para ¢hacer a los accionistas prisioneros de sus acciones, ya que no pueden venderlas a menos que renuncien a dos tercios de su valor¢.

Según la antigua redacción, el consejo debía convocar una junta extraordinaria de accionistas para decidir si se permitía la libre transmisión de acciones o se ejercía el derecho preferente de compra, en cuyo caso el precio sería el ¢valor razonable¢ fijado por el auditor de la sociedad o por el procedimiento que fijara la ley, que entienden que implica nombrar un auditor del Registro Mercantil.

La letrada Alicia Herrador, del bufete Jiménez de Parga, sostuvo que ¢el consejo de administración dio a los demandantes una respuesta no eficaz¢, ya que no convocó a la junta de accionistas para decidir si se compraban o no esas acciones, y decidió de forma unilateral ejercer el derecho de adquisición preferente.

También sostuvo que El Corte Inglés nombró ¢a dedo¢ un auditor supuestamente independiente que actuara ¢a su interés¢, y luego se las apañó para que su auditor de cuentas, Deloitte, se negara a realizar la valoración por cuestiones de incompatibilidad, cuando una resolución de la Dirección General del Notariado y de un juzgado de instrucción acepta esa posibilidad.

Defensa de El Corte Inglés

Por su parte, El Corte Inglés defendió hoy su actuación en la compra de las acciones de tres de los hermanos Areces Fuentes y rechazó que el juez acepte su exigencia de que les pague 40,6 millones por el 0,2% del capital que quieren vender, ya que ¢los órganos judiciales no están para poner precio a las cosas¢.

El abogado que representa a la empresa en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid, Antonio Hernández Gil, señaló que la conducta del Consejo de Administración de El Corte Inglés fue ¢absolutamente correcta e impecable¢ y dijo que así lo había reconocido el Juzgado de lo Mercantil número 3, que estudió otra demanda de César Areces Fuentes -el cuarto hermano- y falló a su favor.

Hernández Gil defendió que El Corte Inglés actuó conforme a los nuevos Estatutos Sociales, reformados en agosto de 2005, cuando nombró a un auditor independiente (el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Leandro Cañibano) para valorar el precio de las acciones de la empresa.

Cañibano, que valoró la empresa en más de 5.000 millones de euros, dijo que el valor razonable de sus títulos era muy similar al valor teórico contable, que es el que aplica El Corte Inglés en las compra-ventas de acciones con directivos y el que ofreció a los hermanos Areces Fuentes, tras hacer valer su derecho de adquisición preferente de sus acciones.

El abogado de El Corte Inglés defendió, contrariamente a lo apuntado por los representantes de los hermanos Ramón, Rosario y María Jesús Areces Fuentes, que el informe del profesor Cañibano se ajusta a las normas establecidas para este tipo de valoraciones por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

¢Este informe no se ha cuestionado nunca donde tenía que cuestionarse, que es ante el ICAC, y tampoco se ha impugnado en este juzgado (...) porque saben que no ha habido incumplimiento de norma técnica alguna¢, argumentó el letrado de El Corte Inglés.

También reconoció que el informe de Cañibano puede ser cuestionado judicialmente, aunque ¢de forma restrictiva¢ y sin que ello implique que el juez pueda fijar un precio para los títulos, ya que así lo impide la doctrina del Tribunal Supremo.

¢El Corte Inglés no puede ser valorado entre estas cuatro paredes. Esto no es una forma de valorar una de las principales empresas y si se entendiera que hay que valorarla, habría que hacerlo como manda la ley, con una prueba pericial judicial de verdad¢, añadió Hernández Gil.

También criticó los informes periciales encargados por los hermanos Areces Fuentes a la auditora Mazars y a los profesores del IESE Pablo Fernández y José Manuel Campá, que valoran la empresa entre 14.711 y 16.419 millones de euros, por ser ¢una pura hipótesis¢, ya que no solicitaron información a la propia compañía.