martes, 6 de diciembre de 2016

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El desequilibrio de la población

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El censo de población del INE de 2006 pone de manifiesto algo evidente: la gente quiere vivir donde hay trabajo. Así, un año más, el arco mediterráneo ha tenido el mayor crecimiento demográfico español. Incluso ha agrandado la brecha con el resto del territorio, pues de los 491.773 habitantes que ha ganado España este año, el 58% se concentra en esta zona. Aunque el trasvase de población nativa no ha cesado nunca en España, consecuencia del desequilibrio económico del territorio, los abultados avances demográficos actuales responden básicamente al impulso de la inmigración, fenómeno de tinte económico donde los haya. Nuevos moradores que buscan oportunidades de futuro y pasivos llegados de los países ricos de Europa que buscan un retiro dorado.

Una concepción liberal de la economía consideraría como un fenómeno darwinista beneficioso el reparto de la población en toda zona económica. Pero en un país tan desigual, y con demandas territoriales que pueden saldarse con un avance del desequilibrio, los poderes públicos tienen que practicar la redistribución. No tanto de la riqueza como de los instrumentos para generarla, con una exquisita garantía de la igualdad de oportunidades formativas y de movilidad.

Las infraestructuras, especialmente las de transporte, son una herramienta muy efectiva para este fin, como ha puesto de manifiesto el hecho de que provincias como Toledo o Guadalajara hayan ganado población gracias al AVE que les une con la pujante Madrid. En este sentido, la línea a Segovia y Valladolid debe retener población en Castilla y León, una de las comunidades con los avances demográficos más exiguos -0,2%, frente al 1,1% de media nacional-. Además de recuperar zonas con tendencia al despoblamiento, contribuirá a descongestionar otras saturadas hasta el límite.

Los movimientos demográficos llevan aparejada una copiosa generación de ingresos fiscales; pero afloran un problema de gestión de los servicios básicos (sanidad, educación, vivienda), que deben ser afrontados en un reajuste inexcusable de la financiación territorial.



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