La independencia de los organismos reguladores

Se aproxima una nueva cita electoral y los partidos políticos se afanan en redactar sus programas electorales, documentos que enumeran sus principios y compromisos con los ciudadanos. Como en cualquier sociedad democrática, los programas electorales diferirán en muchos aspectos y serán análogos en otros. Pero sin duda, todos ellos coincidirán en al menos un principio: la necesidad de preservar y fomentar la independencia y la capacitación técnica de los organismos reguladores y fiscalizadores, pilar fundamental de la economía de mercado.

Efectivamente, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y sus homólogos autonómicos, la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Tribunal de Cuentas o el Banco de España desempeñan un papel decisivo en nuestra economía y su funcionamiento eficiente e independiente es requisito indispensable en una democracia moderna. Si bien estos organismos funcionan en general con un grado razonable de independencia, mayor que el que las disputas entre partidos dejan entrever, y poseen una alta cualificación, debemos plantearnos si es factible mejorar lo presente.

¿Es posible dotar a estos organismos de la máxima (apariencia de) independencia y cualificación? José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, ha identificado el dilema al que nos enfrentamos: 'La imparcialidad, o al menos la imagen de imparcialidad, en los cargos de designación política tropezará siempre con el escollo de su presumible sintonía con el partido que realmente los propuso, al margen, claro está, de otros apoyos conseguidos luego por eso de las mayorías cualificadas. Si los políticos creen que del triunfo de su ideología depende el progreso del país, nadie puede sorprenderse porque apoyen las candidaturas de quienes -a partir de un cierto nivel de méritos objetivos- compartan su concepción del mundo y de la vida. Es un pecado original casi inevitable. Planteada así la cuestión, ese vicio nacional estaría en la naturaleza de las cosas y en nada empañaría la credibilidad de los políticos'.

¿Debemos aceptar con resignación cristiana la penitencia de este pecado original? A tenor de lo que sucede en otras democracias, como Reino Unido, en donde los organismos reguladores cuentan con grandes profesionales, muchos de ellos figuras provenientes del sector privado, y nadie se cuestiona su independencia, la respuesta debe ser un rotundo no. Debemos superar el pecado de la designación política para alcanzar el paraíso de la independencia.

Ciertamente, España, una democracia joven, puede estar sufriendo lo que en términos económicos se conoce como el dilema del prisionero. Todos los partidos políticos son conscientes de que el bien común exigiría nombrar objetivamente a los más capacitados, pero la desconfianza hacia los demás les impulsa a todos a primar la confianza en la persona sobre su cualificación. La teoría de juegos, premiada con los Nobel de Economía, nos indica que una repetición de jugadas (elecciones) numerosa podría generar un clima de confianza suficiente entre los jugadores para hacer primar el bien común por encima de la ganancia individual. Sin embargo, no sabemos cuántas jugadas serían necesarias para llegar a un resultado óptimo y la necesidad de dotar a los organismos de la máxima apariencia de independencia y cualificación es una necesidad perentoria.

Por ello, sería necesario que todos los partidos políticos firmen un pacto nacional, embrión de una futura ley, recogiendo dos principios fundamentales: evitar cualquier tipo de influencia política en la elección, estructura y funcionamiento de estos organismos, y seleccionar a los candidatos más cualificados y no sólo a los que tengan una capacitación suficiente (reconocido prestigio) de difícil estimación.

En particular, la selección de los miembros de los organismos reguladores, en línea con los principios de la nueva Ley de Contratos Públicos, debería estar sujeta a los principios de publicidad, transparencia, libre competencia y no discriminación. Estos principios podrían ejecutarse, por ejemplo, mediante un sistema de selección que contemple la publicación del concurso a través del boletín oficial correspondiente y los medios de difusión y electrónicos oportunos; un periodo de presentación de candidaturas; una preselección de candidatos que hayan cumplido en plazo los requisitos de forma y las condiciones personales y profesionales requeridas para el puesto; una evaluación de los candidatos en virtud de criterios técnicos objetivos y cuantificables, relacionados exclusivamente con el ámbito de actuación del organismo regulador; remisión al Congreso del expediente del concurso y audiencia (seguida de una votación vinculante o no) de los candidatos seleccionados, y elección del presidente por los propios miembros, sin descartar presidencias rotatorias.

Estas garantías evitarían, por ejemplo, la paradoja de que los miembros de la CNC y sus homólogos autonómicos, encargados de velar por la libre competencia en el mercado y en la actividad pública (contratos y ayudas públicas,), sean elegidos sin haber respetado los principios que deben proteger.

En el ámbito judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, ha expresado una reflexión similar: 'Si un juez no tiene un alto conocimiento de la ley es más que discutible que sea independiente, debe reclutarse a los jueces según sistemas transparentes y objetivos de indagación de sus méritos y no por motivos de confianza personal o política'. La selección objetiva y transparente de los miembros de los organismos reguladores y fiscalizadores (incluyendo el propio CGPJ) debería basarse en estos mismos principios.

Para finalizar, conviene recordar una cita del filósofo Nietzsche: 'ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes'. Apostemos por dotar de la máxima independencia y cualificación a nuestros reguladores, y tendremos una democracia más fuerte.

Javier Berasategi

Vicepresidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia