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Tribuna
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Violencia laboral

Hace una década, criticaba Pascal Bruckner, en un lúcido ensayo, La tentación de la inocencia, que se abría con la frase de Céline: 'Todos los demás son culpables, menos yo', el infantilismo y la victimización que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Sociedades, decía, enfermas de 'inocencia', que es la 'enfermedad del individuo que consiste en tratar de escapar de las consecuencias de los propios actos', 'ese intento de gozar de los beneficios de la libertad sin sufrir ninguno de sus inconvenientes'.

Y entre los ejemplos aportados incluía, con referencia a Francia, el siguiente: 'Tenemos unos sindicatos obreros y sobre todo campesinos que pueden permitirse llevar a cabo motines de tipo insurreccional, ocupar edificios públicos, destrozarlos, quemar expedientes y archivos, ensuciar las calles (…), emprenderla salvajemente con las fuerzas del orden sin mayores problemas, pues la crisis del mundo rural o, llegado el caso, de la pesca, de la minería, del transporte por carretera parece justificar a priori las depredaciones cometidas'. 'Y los mismos se sublevan, vociferan, amenazan si por casualidad son citados ante un tribunal para responder de sus actos'.

Salvando las distancias y con los oportunos matices (la violencia de los conflictos agrarios franceses no se da entre nosotros y, al menos últimamente, los manifestantes no la emprenden salvajemente con las fuerzas del orden, sencillamente porque éstas se mantienen ausentes y alejadas de sus desmanes), podemos aplicar en España las observaciones de Bruckner.

Los conflictos laborales tienen suficientes cauces para expresarse en los ámbitos empresarial, social y político

La antigua lógica obrerista que, como él dice, disculpa de antemano cualquier ataque contra el capital y la patronal, parece que se usa también ahora para disculpar cualquier atentado a los derechos de otros ciudadanos y a los bienes e intereses públicos. La justicia de las reivindicaciones, o la injusticia de la situación, garantizan la plena irresponsabilidad de quienes comenten esos atentados.

La situación de la Bahía de Cádiz, la del conflicto de los astilleros de Vigo (con asalto a dependencias públicas y destrucción de expedientes), y muchas otras de menor impacto mediático, deberían encender todas las alarmas. No son situaciones nuevas, pero me ha llamado particularmente la atención el salto cualitativo que se ha producido en la primera de ellas.

Hasta ahora, se mantenía la hipocresía de que los estallidos de violencia eran producto de 'incontrolados', excesos individuales y espontáneos derivados de la situación de tensión, que los organizadores de las protestas ni alentaban ni promovían. Sin embargo, nos informaba la prensa días pasados (Diario de Cádiz, 9 de mayo) que se habían producido cortes de carretera, barricadas, etcétera, 'esta vez sin el permiso del comité'. Por ello, los representantes de los trabajadores les pidieron 'contención'; eso sí, contención en el sentido de que 'se abstengan de realizar cortes de tráfico si éstos no se han consensuado previamente en la reunión que cada mañana mantienen los secretarios generales de cada una de las secciones sindicales con representación en el comité' (La Voz de Cádiz, 10 de mayo).

Así que de estallidos espontáneos de rabia y violencia, nada. Acción ¿sindical? planificada, que se lamenta (algunas barricadas, alimentadas con plásticos, provocaron una columna de humo tóxico que obligó a evacuar un colegio) pero se justifica. 'Lamentamos los daños, pero nosotros sufrimos desperfectos mentales', dice el presidente del comité (Diario de Cádiz, 9 de mayo). Y añade que los trabajadores 'lamentamos los daños que estamos produciendo tanto en los ciudadanos como en la carretera', 'sentimos que nuestra protesta perjudique a los ciudadanos, pero bastante paciencia estamos teniendo'.

Todo ello, ante la comprensión, faltaría más, de las fuerzas del orden. El comisario provincial, nos informa El Correo de Andalucía el mismo 9 de mayo, dijo que 'hay que tener sensibilidad suficiente como para comprender las motivaciones de los trabajadores y dejar que expresen su queja'. Eso sí que es talante. Si se tiene una motivación justa pueden destruirse bienes públicos, impedir el derecho de circulación de los ciudadanos, alterar el funcionamiento de empresas, colegios, hospitales, obligar a trasladar enfermos en helicóptero, etcétera. Habría que saber si va a ser ésta una receta general o si se aplicará sólo en función del conflicto, del número de trabajadores afectados, de la localidad de que se trate, etcétera.

Creo que los conflictos laborales, por duros que sean, tienen suficientes cauces para expresarse, tanto en el ámbito empresarial como en el social y en el político. En las crisis empresariales, el respeto de la legalidad y el comportamiento socialmente responsable de las empresas, el reforzamiento de los sistemas de protección social y los esfuerzos para la obtención de nuevas inversiones creadoras de empleo y de riqueza, no se facilitan precisamente con la violencia desbocada, que, además, en la aldea global no pasa desapercibida (hasta la prensa china se ha hecho eco del conflicto).

La violencia no tiene justificación. Y el desprecio de los derechos ajenos no debe merecer ninguna indulgencia. Ni los ciudadanos son responsables de las decisiones empresariales ni se les debe hacer pagar el coste de los conflictos sociales. La hipocresía, la irresponsabilidad consentida y la dimisión del Estado de Derecho, conducen, más pronto que tarde, al empobrecimiento de las poblaciones y a la decadencia de los territorios.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues

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