La UE investiga contratos de limpieza de edificios suyos por presunta corrupción
La Oficina Europea Antifraude (OLAF) investiga un presunto caso de corrupción en los contratos de limpieza de varias sedes de la Unión Europea en Bruselas entre los años 2003 y 2004, cuyo importe total asciende a 44 millones de euros.
El fraude consistiría en el pago de distintos servicios de limpieza, con sus correspondientes facturas que, sin embargo, no habrían sido prestados en edificios como la sede de la Comisión Europea (Berlaymont), y el Consejo de la UE (Justius-Lipsius).
Según un comunicado de OLAF remitido ayer, el impacto económico de las posibles irregularidades no puede ser todavía determinado con exactitud. Sería una parte del volumen total del contrato en cuestión, de 44 millones entre 2003 y 2007.
El organismo que dirige Franz-Hermann Brüner matizó ayer que la investigación, que comenzó en 2005, se centra principalmente en compañías e individuos ajenos a las instituciones europeas.
El caso fue enviado a las autoridades judiciales belgas el 1 de marzo y en la actualidad se tramita en la Fiscalía de Bruselas.
El portavoz de Administración en la Comisión, Max Strotman, afirmó en rueda de prensa que el contrato anual para el acondicionamiento del edificio Berlaymont es de 2,5 millones de euros y 'está en buenas condiciones, por lo que el servicio se está dando', remarcó. La portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde explicó, por su parte, que 'en ninguna actividad humana es posible alcanzar el riesgo cero' en cuanto a actividades ilícitas, pero defendió que la política de la Comisión sí es de 'tolerancia cero'.
El último caso de corrupción que afectó al Ejecutivo comunitario se produjo el pasado marzo, cuando tres italianos, entre ellos un funcionario de la Comisión, fueron detenidos por las autoridades belgas por un presunto fraude en los contratos de alquiler y gestión de algunas sedes europeas exteriores.
Los trabajos llevados a cabo hasta ahora apuntan a la existencia de una trama de corrupción de funcionarios europeos, que habrían vulnerado la legislación en torno a licitaciones públicas, por lo que se les acusa de falsificación de documentos, entre otros delitos.