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Llega el peaje de las bibliotecas

  • España, obligada a aplicar el canon por préstamos de libros, eximirá a los usuarios de pagarlo

Javier Carazo

09-11-2006 00:00

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Al final, el momento que temían los bibliotecarios ha llegado. El pasado jueves 26 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenó a España por eximir a todas las bibliotecas públicas de cobrar un canon por el préstamo de libros. Era la culminación de un proceso que se inició en 2004, cuando la Comisión Europea abrió un expediente al Estado español por no haber realizado una correcta transposición de una directiva del año 1992.

Durante estos dos años los bibliotecarios y usuarios se han manifestado en contra de este canon, destinado a remunerar a los autores cuyas obras hayan sido objeto de préstamos en las bibliotecas, remitiendo, por ejemplo, 200.000 firmas ante el Defensor del Pueblo, que dio su apoyo expreso a la protesta.

Ahora, con la sentencia condenatoria en firme, se abre un nuevo escenario cuyas reglas de juego todavía se desconocen. Es precisamente la inexistencia de una fórmula concreta el argumento utilizado por los distintos agentes del sector para no atreverse a dar una cifra sobre la cuantía a la que podría ascender el canon.

De entrada, el Ministerio de Cultura, que muestra la voluntad de cumplir la sentencia 'cuanto antes', con la transposición de la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español, sigue declarando que sea cual sea la fórmula elegida 'en ningún caso el usuario pagará el canon'. Desde Cultura no se oculta un cierto reproche por la situación heredada al afirmar que 'esto se tenía que haber hecho antes'.

Pero ¿cuantos españoles van a las bibliotecas? Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el porcentaje de lectores que acudió a las salas de lectura en el tercer trimestre de este año fue de sólo el 27,2%, una cifra inferior respecto al 28,1% alcanzado en el mismo periodo de 2004. En cambio, este descenso se compensa por el crecimiento experimentado en el número de lectores que solicitó libros en préstamo, un 38,1%, diez puntos por encima del tercer trimestre de hace dos años.

Ante la nueva situación que impone la sentencia, Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) ha establecido una serie de puntos para trasladar al ministerio, 'con el que ya hemos iniciado contactos'.

Tras dejar claro que la postura del sector no es contraria a los intereses de los autores -'sólo buscamos defender las necesidades de nuestros usuarios y los fines que persiguen las instituciones en las que trabajamos'-, la federación pide la exención para cierto tipo de bibliotecas del pago del canon, en consonancia con lo que permite la directiva; la determinación de la cuantía de la remuneración, 'que nunca debe suponer una reducción de los presupuestos actuales y futuros de las instituciones afectadas', y la concreción sobre quién se encargará de gestionar el pago. Además, Fesabid señala 'que la remuneración debe ir únicamente a los autores vivos cuyas obras se prestan'.

Eulàlia Espinàs, presidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña, alerta sobre dos aspectos. Por un lado, que la fórmula utilizada para pagar el canon no se base en la sustracción de los recursos de las bibliotecas. 'Los presupuestos ya son pobres y esta opción supondría una reducción de los servicios, como, por ejemplo, la compra de libros, lo que no interesaría ni a los autores ni a los editores'. Por otro, que se opte por la retroactividad.

Con respecto al destino del canon, Juan Moyá, vicepresidente primero del Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), cree que al final una parte se dedicará a los autores sujetos a derecho, 'y otra irá a fines sociales que afecten a todo el gremio de escritores'. Aunque los editores no han pedido parte de este canon, Moyá, que apuesta por la creación de una entidad gestora, resalta que en otros países de Europa 'sí que cobran un porcentaje'.

Por su parte, el escritor Marco Schwartz, ganador del premio La otra Orilla 2005 por El salmo de Kaplan, editado por Belacqua, critica el canon, pero ante la sentencia apuesta por el pago vía presupuestaria. 'Si un nuevo Gobierno cambia de política y perjudica a las bibliotecas o al usuario, será responsable del descenso en la utilización de las mismas'.

La directiva en Europa: Aplicación diversa del pago forzoso

Países condenados

Al igual que España, países como Bélgica, Luxemburgo y Portugal también han sido 'reconvenidos' por el Tribunal de Justicia europeo por no haber transpuesto correctamente la directiva. En el caso de Bélgica, la remuneración establecida es de un euro al año por adulto y 0,50 céntimos para menores de 18 años. El pago se realiza una vez al año, aunque una misma persona esté registrada en varias bibliotecas. La asociación que engloba a los autores y editores belgas protestó en su momento al considerar que la remuneración era demasiado baja y que determinadas categorías quedaban excluidas.

Francia

La directiva se aplica en el país galo desde el año 2003. Existen dos fuentes de financiación: por un lado, una tasa fija anual abonada por el Gobierno, que se establece en función del número de personas registradas en las bibliotecas de préstamo público, con excepción de las escolares de primaria y secundaria. Por otro, según el número de libros comprados al año por las bibliotecas que realizan préstamos públicos. Un 20% del pago se destina a financiar un plan adicional de pensiones para aquellos autores que viven exclusivamente de la escritura y el resto se divide entre autores y editores a partes iguales.

Alemania

La administración del canon corresponde a entidades de gestión colectiva que acuerdan una cantidad global anual, susceptible de revisión. El 90% de la misma es financiada por los gobiernos estatales y el 10% restante por el federal. En 2002, la cifra ascendió a 13,16 millones de euros. Tanto en este país como en Austria y Países Bajos, el préstamo está considerado como un derecho de explotación cuyo ejercicio exclusivo corresponde a los autores. Esto significa que los escritores tienen derecho a autorizar o prohibir el préstamo de sus obras. En Reino Unido una agencia gubernamental administra el pago.

Países nórdicos

El sistema de préstamo público en los países escandinavos forma parte de la política estatal de promoción y apoyo a la lengua y cultura propias. El primer sistema de pago se implantó en Dinamarca en 1946, seguido por el resto de naciones de la zona. El objetivo es alentar y fomentar la escritura en aquellas lenguas consideradas como minoritarias, por lo que el canon se destina a aquellos autores cuyas obras están escritas en la lengua nacional. En Suecia, por ejemplo, el cálculo se hace con dos programas informáticos que recopilan los datos entre las bibliotecas más representativas.



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