Repsol advierte a Bolivia sobre la posibilidad de iniciar una demanada

La carta remitida el día 2 por el director general de Repsol YPF para Argentina, Brasil y Bolivia, Enrique Locutura, al presidente de la empresa estatal boliviana YPFB, Jorge Alvarado (con copia para el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz) ha sido un mensaje de colaboración pero, al mismo tiempo, de la voluntad firme de la petrolera española de no renunciar al derecho de protección de sus inversiones.

En representación de Repsol y de sus filiales en Bolivia, Locutura pide, en primer lugar, que el Gobierno de Evo Morales le aclare y concrete el artículo 2 del decreto de nacionalización de los yacimientos y la cadena productiva de los hidrocarburos, que entró en vigor el 1 de mayo y que le indique cómo se instrumentará la norma. Dicho artículo, en su apartado I, establece que las petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el país 'están obligadas a entregar en propiedad a YPFB toda la producción de hidrocarburos'.

A la vista de que el mismo artículo, en su apartado II, establece que YPFB va a asumir la comercialización de todos los hidrocarburos 'definiendo las condiciones, volúmenes y precios, tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización', y con el fin de 'llevar a cabo la necesaria coordinación', Repsol indica que seguirá actuando operativamente como lo ha hecho hasta ahora. Todo ello si no recibe indicación en contra del Gobierno y hasta el momento en que éste defina e instrumente 'los parámetros señalados en el decreto' relativos a la producción y la comercialización.

Arbitraje

En la misiva, en la que han trabajado los servicios jurídicos de la petrolera, ésta reitera en varias ocasiones que todo lo que en ella expresa se hace sin perjuicio de los derechos a los que se puede acoger. En este sentido, el texto expresa que Repsol y sus filiales bolivianas 'se ven obligadas a reservar todos sus derechos y acciones' respecto a la nacionalización decretada por el Gobierno. Y entre ellos se incluyen los que le corresponden al amparo del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Bolivia, que podría conducir a un proceso de arbitraje ante el Banco Mundial .

En este punto, Enrique Locutura deja claro a YPFB y el Gobierno boliviano que cualquier tipo de colaboración que la compañía española se vea obligada a prestar a las autoridades de Bolivia en relación a las medidas adoptadas 'se llevarán a cabo con el solo propósito de mitigar daños'. Pero, subraya, 'en ningún caso podrán interpretarse como una renuncia de sus derechos'.

Finalmente, la compañía, que comunicó a la CNMV el envío de esta carta, indicó que se reserva también el derecho 'de ampliar en otras comunicaciones al Gobierno de Bolivia nuestras observaciones a las demás disposiciones del Decreto en cuanto afecten los derechos de Repsol YPF y sus subsidiarias'.

Tras el citado decreto, las petroleras extranjeras en Bolivia pasan de un régimen de concesión a otro de prestación de servicios.

Nuevos contratos

En aplicación de la nueva norma, YPFB comenzará la próxima semana la negociación de nuevos contratos con las petroleras, informa Reuters. La empresa estatal boliviana aseguró ayer que ya ha mantenido contactos previos con las empresas afectadas y reconoció que había recibido sendas comunicaciones oficiales de la brasileña Petrobras y de Repsol, en las que expresan su interés en hablar sobre las nuevas condiciones.

El decreto de nacionalización, en línea con el modelo venezolano, da seis meses de plazo a las petroleras para firmar nuevos contratos para operar en el país.