La parálisis de Chamartín
Han pasado diez años desde que el Documento de Adjudicación suscrito entre Renfe y Duch (Desarrollos Urbanísticos de Chamartín, SA) pusiera en marcha la mayor operación urbanística que vieron los siglos, donde la ciudad de Madrid se juega su futuro, y parece que fue ayer porque la parálisis sigue siendo dominante. Con todo lo que ha llovido hasta provocar inundaciones y desbordamientos varios, se diría que sobre esta zona de más de 300 hectáreas al norte de la plaza de Castilla sigue inconmovible la pertinaz sequía que nos castigó durante la posguerra. Pero la parálisis y la sequía son compatibles con la bronca que ahora vuelve a surgir entre el Ayuntamiento y el ministerio de Fomento, con las descalificaciones de rigor que vale la pena analizar. Esta vez la edil de urbanismo, Pilar Martínez, en el pleno del Ayuntamiento del 29 de octubre sostuvo que Fomento al prometer un aumento en el número de viviendas protegidas (hasta ahora sólo 1.500 de un total de 16.000) sin concretar su cuantía ha vuelto a paralizar el plan.
Los cambios climáticos y políticos acaecidos desde 1994 -fecha de aquella firma solemne sobre la playa de las vías- cuando aún gobernaba Felipe González, era ministro de Obras Públicas Josep Borrell y presidía la Renfe Mercè Sala, dieron paso en la presidencia del Gobierno a José María Aznar y a José Luis Rodríguez Zapatero; a Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez-Cascos y Magdalena Álvarez, en el ministerio de Fomento; a José María Álvarez del Manzano y Alberto Ruiz-Gallardón, en la Alcaldía; a Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, en la Comunidad de Madrid, y a Miguel Corsini y José Salgueiro Carmona al frente de los ferrocarriles. Pero que si quieres arroz
La adjudicación inicial se triplicó en superficie sin convocar el preceptivo concurso público; se multiplicaron los índices de edificabilidad para redondear el negocio; se introdujeron en las leyes cuantas modificaciones ad hoc parecieron convenientes saltando por encima del respeto a las garantías y derechos reconocidos; se asignaron las cargas derivadas de las infraestructuras a cuenta de los actores públicos para sostener el incentivo a los privados; se indemnizó a un único reversionista de calidad, el padre Villamandos titular de la provincia canónica de Toledo de la Compañía de Jesús, mediante un convenio tan secreto como opíparo desvelado en las páginas de Cinco Días; se constituyeron Consorcios de Tutela para que las Administraciones implicadas ejercieran de manera coordinada la debida supervisión a favor de los intereses generales; se cruzaron en los tribunales toda clase de demandas que siguen en buena parte empantanadas con el resultado de la parálisis observable pese a tantas mutaciones.
Una sentencia recurrida ante el Supremo puede producir importantes cambios en la mayor operación urbanística de Madrid
Mientras, en una reciente sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de una empresa, Star Ibérica, expropiada en 1989 del solar que ocupaba en Fuencarral porque la parcela no fue destinada al fin alegado sino incorporada a la Operación Chamartín y, en consecuencia, condena a la gerencia de urbanismo a desembolsar la actualización del precio pagado. Sucede que la Ley de Expropiación Forzosa en su artículo 54.2 establece que la Administración deberá dar publicidad a cualquier cambio de uso, y que los expropiados podrán solicitar la actualización del justiprecio recibido 'si no se hubiese ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previsto' como ha sido el caso de Star Ibérica.
Semejante sentencia, que ha sido recurrida en casación, de ser confirmada por el Supremo haría revertir las enormes plusvalías urbanísticas generadas por la Operación Chamartín sobre los afectados por las expropiaciones, indemnizados en su día con cantidades irrelevantes. Se confirmaría así el precedente fijado por el Supremo el año pasado a propósito de la estación ferroviaria de El Portillo en Zaragoza, cuyos terrenos de 30.000 metros cuadrados fueron vendidos sin su previa desafección de dominio público para emprender otros negocios, con el resultado de obligar a Renfe al pago de tres millones de euros, es decir 500 millones de pesetas.
En Chamartín están en juego 2.000.000 de metros cuadrados de los cuales 600.000 proceden de expropiaciones que si se aplicara este mismo baremo zaragozano supondrían 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). ¿Quién pagará todo esto?