Pensiones y democratización económica

La privatización de las pensiones, aunque sea parcial, produce gran rechazo social y tensiones políticas, según el autor, porque nunca se plantea desde una dimensión de democratización de la economía, que incorpora un componente ligado a la redistribución de la riqueza

Hasta ahora la dimensión política de la posible privatización gradual y parcial de las pensiones es la única que ha presidido los debates y las discusiones en el seno de la UE y de nuestro país. Ello ha comportado una ácida confrontación política entre Gobiernos más liberales y los socialistas muy centrada en las ideologías y en las estrategias electorales.

La reforma de las pensiones tiene tres dimensiones nuevas fuera de la política que la hacen interesante también desde una perspectiva de política económica y social: la dimensión de política económica y monetaria, la de redistribución de la riqueza y la dimensión de un nuevo ejercicio del poder económico más democrático.

Menos política y más sociedad civil No será posible un debate en profundidad y no apasionado y condicionado por las ideologías políticas sobre la reforma de las pensiones sin que la sociedad civil asuma el protagonismo de la discusión y el planteamiento de los argumentos cada vez más técnicos y menos políticos. O salimos del concepto de que los que quieren la reforma de las pensiones son los malos que pretenden recortar y aún eliminar el Estado de bienestar y los que no la quieren, los buenos, defensores de los derechos sociales tan queridos y tan duramente conseguidos después de tantos años de lucha social; o no seremos capaces de construir el sólido argumentario económico y social que sustenta la necesidad de una reforma parcial pero profunda de las pensiones.

Razones de política económica y monetaria Europa y España necesitan con urgencia un nuevo modelo de ahorro a largo plazo que sea capaz de cubrir las necesidades de inversión a largo plazo de sus economías. No será posible un desarrollo económico sano y sostenido sin que la industria europea y española tenga garantizados sus requerimientos de inversión a largo plazo con medios de capital estables en el tiempo.

Ello no podrá ser sin una reforma del sistema de pensiones que permita que el ahorro de todos los ciudadanos fluya de forma significativa hacia un sistema de pensiones cada vez más privado y de capitalización y menos público y de reparto.

No se trata de sustituir el sistema público existente por uno totalmente privado nuevo, se trata de compatibilizar los dos favoreciendo un trasvase gradual de las cotizaciones sociales por pensiones, hacia un modelo de fondos de pensiones privados. Estos fondos por su naturaleza de garantes de prestaciones a largo plazo deben invertir sus recursos con una óptica de largo plazo en activos financieros o industriales de empresas cotizadas o del sector de capital desarrollo o private equity. No conviene olvidar que Europa y España tienen un mercado financiero excesivamente bancarizado en el que prima la financiación sobre la inversión en capital. Las empresas no necesitan financiación exclusivamente o mayoritariamente sino especialmente capital, que es una fuente de financiación estructural, es decir para siempre, que no hay que devolver como los préstamos o créditos, y de la que no se han de pagar obligatoriamente dividendos como en el caso de los intereses de los préstamos, que son inevitables.

Las razones de política monetaria son aún más evidentes que las anteriormente mencionadas de política económica. En efecto, si hacemos caso al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, deberemos aceptar que el mejor momento para adoptar subidas o bajadas de los tipos de interés y la cuantía del movimiento son directamente proporcionales al momento en que se cruzan la curva de necesidades de inversión a largo plazo de una economía y la del ahorro a ese mismo plazo y al ángulo que forman esas líneas curvas antes y después del punto de cruce.

Pues bien, en Europa y en España las curvas de ahorro a largo y de inversión a largo son asintóticas, es decir no se cruzan jamás pues, por la estructura financiera y de capitales, las necesidades de inversión a largo plazo de nuestras economías nunca están suficientemente cubiertas por ahorro a ese mismo largo plazo que provea los capitales estructurales necesarios.

Esto explica que la política monetaria europea sea menos eficaz que la norteamericana y que sea esta última la que marca las pautas económico-financieras internacionales. Debemos pues aceptar que para solventar este problema hemos de fomentar las fuentes de capital estructural a largo plazo que únicamente podrán desarrollarse mediante un sistema de pensiones privado y de capitalización cada vez más importante.

Razones sociales vinculadas a la redistribución de la riqueza y al buen

gobierno corporativo El aumento del peso de las pensiones privadas producirá, como hemos visto, una canalización del ahorro de los ciudadanos hacia empresas cotizadas en Bolsa y del segmento llamado capital-desarrollo. Ello implicará una menor dependencia de nuestras empresas de la financiación bancaria al tiempo que evitará que las grandes corporaciones empresariales de Europa y España estén básicamente en manos de los grandes grupos financieros y los fondos de pensiones se convertirán gradualmente en los accionistas importantes de las empresas cotizadas y del private equity, como ocurre en Estados Unidos, recortándose así, en parte, la distancia de competitividad que separa a la economía europea de la norteamericana.

La riqueza acumulada de los grandes grupos empresariales y financieros se verá mejor y más democráticamente repartida entre fondos de pensiones en los que invierten todos los ciudadanos y no sólo unos pocos privilegiados. De esta situación se deriva también una mayor estabilidad de los mercados de capitales, pues no debemos olvidar que los fondos de pensiones invierten con un horizonte de más plazo que lo que vienen haciendo los fondos de inversión, tradicionalmente más situados en la especulación del corto plazo.

La democratización del ejercicio del poder económico Otra razón de peso para defender la privatización gradual de las pensiones es aquella referida a la democratización del ejercicio del poder económico que ella implica. En efecto hoy en día las grandes corporaciones cotizadas y las empresas participadas por los fondos de private equity (muy bancarizados en Europa) tienen consejos de administración dominados fundamentalmente por los grupos bancarios, produciéndose así una concentración piramidal del poder económico que suscita muchos interrogantes y dificulta significativamente una optimización del buen gobierno Corporativo y la transparencia informativa y una minimización de los conflictos de interés.

Sin negar el servicio que prestan los grandes grupos bancarios a la economía, parece más razonable y sin duda más democrático que sean los representantes de los fondos de pensiones de todos los ciudadanos los que ejerzan un mayor control de las grandes corporaciones y de las medianas industrias a través de su presencia en los órganos de administración de las mismas. Esto va en consonancia con la nueva filosofía de gobierno corporativo y transparencia que fomenta la participación de los fondos de inversión y no digamos de los de pensiones en los consejos de administración y en las juntas generales de las empresas en las que invierten.

Una de las disfunciones graves del modelo actual de fondos de pensiones es sin duda el excesivo peso sindical a la hora de designar representantes en los órganos de gobierno de los fondos de pensiones que deberán dar paso a una representación más democrática de los inversores y no sólo de los trabajadores sindicalizados, por cierto en amplísima minoría en España y en Europa. Así las grandes empresas cotizadas no tendrán prevención a que sean sindicalistas los que entren en sus consejos de administración.

Desmontar la coartada de la crisis bursátil Los detractores de la privatización gradual de las pensiones se han parapetado detrás del argumento tan fácil como falaz de que la mala evolución bursátil ha llevado a la ruina a los pensionistas privados. Cierto es que en los últimos tres años las evoluciones de los fondos de pensiones han sido malas, pero ¿y en los diez años anteriores? Los fondos de pensiones deben invertir a largo plazo con un horizonte temporal similar al de la garantía media de prestaciones a largo plazo, generalmente 30 años. Todos los economistas financieros sabemos que en el horizonte de 30 años no hay inversiones más rentable y seguras que las de renta variable que además se combinan ahora con las inmobiliarias y el private equity en la mayoría de los fondos de pensiones, ofreciendo así un mix de rentabilidad y riesgo muy aceptable y adecuado a la enorme responsabilidad de gestionar nada menos que las pensiones futuras de los jubilados.

Lo políticamente deseable por encima de lo posible o tradicionalmente correcto A la vista de lo anterior deberían ser ¡los partidos de izquierdas los que abanderasen la reforma y los de derechas los que se opusieran a ella! Dejémoslo en tablas y no pretendamos subvertir de tal manera el orden político sino que confiemos en que todos los grandes partidos políticos responsables, en nuestro país: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, sean capaces de entender los argumentos técnicos, económicos, monetarios y sociales que están por delante del debate político convencional sobre las pensiones, peligrosamente anclado, hasta ahora, en las ideologías políticas y en los oportunismos electorales.