La crisis iraquí pasa una factura desigual a los aliados

La mayoría absoluta del Partido Popular, 183 escaños, va a ser de nuevo el principal dique de contención que salvará al presidente del Gobierno, José María Aznar, de rendir cuentas sobre la gran brecha que se ha abierto entre las justificaciones que esgrimió para justificar la guerra contra Irak y la realidad conocida hasta ahora. Sobre la Mesa del Congreso reposa desde el miércoles una petición de comparecencia del presidente tramitada por el Grupo Socialista, amparada en estos tres argumentos de su portavoz, Jesús Caldera: 'Aznar dijo que había pruebas evidentes de que había armas de destrucción masiva. Si no las hay, tiene que reconocer que ha mentido. Si le han engañado, tiene que identificar a quien le aportó datos falsos'.

El diputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido abre otras posibles vías para que el Gobierno se retrate ante la Cámara baja: 'Si Aznar no quiere venir al Congreso ni tampoco quiere crear una comisión de investigación, puede enviar los documentos que le sirvieron para apoyar la guerra a la comisión de secretos oficiales, donde serían analizados por las fuerzas políticas. Lo que en ningún caso puede ocurrir es que Aznar deje al Parlamento fuera de juego en un tema tan importante'.

El camino que propone López Garrido a través de la comisión de secretos oficiales también se antoja cerrado. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, ya ha expresado la oposición del Gobierno a entregar los informes jurídicos en los que basó su decisión de apoyar la intervención, bajo el criterio de que se trata de material clasificado, un argumento que ha sido calificado de 'pedestre' desde la oposición.

La impotencia de los grupos parlamentarios ajenos al Gobierno para evitar que el Congreso pierda pie en este conflicto se traduce en las palabras del portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones. 'El Parlamento debería implicarse de lleno porque el Gobierno español respaldó la guerra. La comisión de investigación no es el camino porque, que se sepa, los servicios españoles de inteligencia no intervinieron en el argumentario del conflicto, sólo lo hicieron los estadounidenses y los británicos. Como Aznar se niega a dar explicaciones, sólo nos queda el derecho a la pataleta'.

Para los nacionalistas catalanes, desde el inicio del conflicto se comprobó la debilidad del razonamiento del Gobierno, 'Aznar mintió desde el primer momento porque la posible presencia de armas de destrucción masiva data de los informes que hicieron los inspectores hace diez años. Si hay una iniciativa sensata para crear una comisión de investigación, nosotros la apoyaremos', mantiene el diputado Ignasi Guardans. 'Lo malo', añade, 'es que los españoles saben todo esto y el 25 de mayo miraron para otro lado...'.

La insistencia de Aznar

La vehemencia con la que Aznar defendió la existencia de armas de exterminio en Irak quedó reflejada en tres intervenciones parlamentarias y en otras tantas televisivas. 'Créanme, pueden estar seguros de que estoy diciendo la verdad. El régimen de Sadam Hussein tiene armas de destrucción masiva', aseguró en una de ellas. Su grupo parlamentario no se apea, a estas alturas, de los mismos argumentos. El portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, mantiene que de los 8.000 inspectores de la ONU que han pasado por Irak en los últimos siete años, solamente uno cuestiona la existencia de estas armas, aunque admite que no se ha podido demostrar.

Las sospechas de manipulación de los análisis emitidos por los servicios de espionaje estadounidense y las últimas declaraciones del subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, en las que apunta al petróleo como motor de la guerra, han encendido las alarmas en Washington.

Las dos Cámaras, de mayoría republicana, han creado tres comisiones que examinarán los documentos de la CIA, especialmente la última 'estimación de inteligencia' de octubre de 2002, que facilitó la ofensiva bélica. El Comité de Inteligencia y el de Servicios Armados del Senado han puesto en marcha una investigación conjunta sobre el espionaje prebélico y en la Cámara de representantes se activa el trabajo del Comité Permanente de Inteligencia. El 22 de mayo, según The New York Times, los líderes de este comité pidieron al director de la CIA, George Tenet, que les contestara a una serie de preguntas, entre ellas si 'las fuentes y los métodos que contribuyeron al análisis sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak fueron de la suficiente calidad y cantidad como para ser precisos'.

La respuesta debe ser que no, según fuentes citadas por el periódico, puesto que desde 1998, cuando los inspectores de la ONU se retiraron de Irak, el espionaje perdió calidad. Se ha ido conociendo también que algunos informes no tuvieron las bendiciones de los departamentos de Energía y de Estado, que dudaban de la veracidad de algunas afirmaciones.

El primer ministro británico, Tony Blair, pasa por mayores apuros en su país por la cobertura dada a la guerra. La supuesta falsificación de los informes que dieron por hecho la existencia de armas de destrucción masiva puede generar una vía de investigación judicial, a la que podrían sumarse los trabajos emprendidos desde la comisión de Exteriores para aclarar qué movió a Blair a ir a la guerra y exigirle, en su caso, responsabilidades políticas.