Cascos quiere privatizar la seguridad marítima y la función de los prácticos

El Colegio Oficial de Prácticos de Puerto exige al Gobierno la inmediata modificación del proyecto de Ley de Régimen Económico y de Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General y, en caso contrario, amenaza con sumarse a la ola de manifestaciones, protestas y huelgas que amenazan a las terminales marítimas en todo el Estado.

Este órgano, que representa a la totalidad de los 500 profesionales de esta actividad que existen en los 48 puertos españoles, ha convocado una reunión para el martes próximo en la que estudiará la situación creada por la aprobación del anteproyecto y las medidas a tomar. En Europa existen unos 4.700 prácticos.

El colegio estima que el proyecto de ley 'pone en peligro la seguridad marítima de los puertos españoles'. Afirma, además, que su contenido 'contradice la decisión del Parlamento Europeo, el cual aprobó por mayoría absoluta excluir al servicio de practicaje de las reglas de mercado ordinarias por razones de seguridad, durante el pleno celebrado el pasado 12 de marzo'.

El presidente del colegio, Alfonso Muñoz, asegura que la iniciativa del Gobierno 'quebranta la verdadera naturaleza jurídica del servicio de practicaje, la seguridad, y la somete a parámetros puramente comerciales'. Muñoz afirma que 'una de las consecuencias inmediatas de la privatización de los servicios de seguridad marítima han sido accidentes, como los del Exxon Valdez o el del Prestige'.

Los prácticos prestan servicio de asesoramiento a los capitanes para que las maniobras de entrada y salida a puerto de los buques se puedan realizar en condiciones de eficacia y seguridad marítima. El practicaje es una actividad tan antigua como los propios puertos. En la actualidad está regulado como servicio universal, obligatorio para buques de más de 500 toneladas brutas o de cualquier tamaño, siempre y cuando transporten mercancías peligrosas.

El colectivo rechaza de plano la introducción del servicio de practicaje entre aquellas actividades marítimas que el proyecto de ley califica como 'comerciales'.

Hasta hoy el servicio está asignado a un único prestador (el colectivo de prácticos), dependiente de la Autoridad Portuaria. La nueva norma prevé la posibilidad de 'ampliar el número de prestadores en un puerto o parte del mismo, con el correspondiente riesgo que conlleva la elección de un prestador determinado, únicamente por razones económicas', según denuncia Muñoz.

El proyecto también permitirá la 'autoprestación del servicio de practicaje' y da vía libre para que los propietarios de las compañías navieras prescindan de este servicio 'si estima que puede ofrecérselo a sí mismo con su personal embarcado y sus propios medios' o bien contratarlo a un tercero que preste servicios técnico-náuticos integrados y los abiertos al uso general.

Dimisión

El director general de la Marina Mercante, José Luis Lopez-Sors, ha presentado su dimisión el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, ante las informaciones de que su hijo ha sido contratado en un buque sin la titulación exigida.

La Cadena SER informó el martes que Rafael López-Sors fue contratado en diciembre de 2001 como tercer oficial de un buque de cruceros, el Vistamar, de 7.500 toneladas y con capacidad para 400 pasajeros. Su título de patrón mayor de cabotaje no le permite ocupar el cargo de tercer oficial en un barco de esas características.