La microeconomía no se abre paso en España

A pesar de la bonanza pasada y del relativo aguante que presenta en la coyuntura actual, la economía española sigue manteniendo los mismos problemas estructurales y no tiene visos de poder solucionarlos en el medio plazo. A ello ha contribuido una política económica que, aunque ha dado algunos frutos en el corto plazo, no ha encarado los verdaderos problemas. Enumeremos algunos de ellos, y esbocemos posibles soluciones.

En primer lugar, el mercado de trabajo sigue lastrado por rigideces, no tanto de entrada o de salida, sino para casar oferta y demanda, o para permitir avances en productividad que permitan crecer con inflación baja.

A esto contribuye el déficit de capital físico y humano, que sigue latente, pero también la estructura de horarios de trabajo, la congestión del tráfico en muchas ciudades y la política de vivienda.

Madrid es, por ejemplo, la capital comunitaria con menor crecimiento de la productividad en la última década (0,5%, frente al 1,4% de media comunitaria). Esto, en parte, tiene que ver con la distancia y el tiempo que emplea un trabajador en alcanzar su centro de trabajo. Algunas estimaciones cuantifican este tiempo en 1,1 horas de media, lo que tiene un impacto significativo en gasto sanitario (se podría reducir un 1% el presupuesto sanitario con la mengua del 30% del tiempo de llegada al puesto de trabajo, al mejorar las cifras de bajas laborales por estrés, infartos u otras dolencias).

Dentro de este apartado, destaca por lo negativo el nivel de la tasa de actividad, particularmente la femenina. Los escasos avances obtenidos, apenas tres puntos porcentuales en los últimos siete años, revelan que los incentivos a la participación, incluso en épocas de fuerte creación de empleo, no han funcionado, lo que se corresponde con barreras a la entrada en el mercado de trabajo (cuidado de menores o mayores en el caso de la mujer), o el bajo nivel de salarios.

Buena parte de estos problemas se relacionan con la situación de acceso a la vivienda y con la escasez de medidas de apoyo a la mujer trabajadora. La paradoja es que la política de vivienda expulsa de las grandes ciudades a buena parte de la población en edad de trabajar, las políticas de incentivo al uso del transporte privado congestionan las urbes y la demencial estructura horaria (comercial, educativa o laboral) genera una serie de externalidades negativas que al final encarecen los servicios públicos y aumentan la dependencia energética, causando una rémora al crecimiento.

Las posibles soluciones pasan, primeramente, por un cambio muy profundo en la política de vivienda, que no sólo deber ser económico, sino estructural. La fiscalidad debe dejar de primar exclusivamente la compra de vivienda, igualando los derechos entre compra o alquiler. Ello conlleva una reforma, también en profundidad, del mercado financiero inmobiliario. En particular, el escaso desarrollo de los fondos de inversión inmobiliaria desincentiva a muchos inversores que desearían una inversión en este tipo de activos, sin necesidad de tener que adquirir físicamente una vivienda.

Se ha estimado que más de un 30% de las viviendas adquiridas en 2002 responden a un motivo de inversión. Estas instituciones, como funcionan por ejemplo en EE UU, además podrían gestionar buena parte del mercado de alquiler, lo que supondría una ganancia en seguridad jurídica, eficiencia y bienestar. Todo esto, bien gestionado, provocaría una reducción del precio de la vivienda, aumentaría la transparencia del mercado y facilitaría la movilidad geográfica, aliviando parte de la presión inflacionista en el sector.

Otro elemento que distorsiona gravemente es la congestión y el tiempo empleado en alcanzar el puesto de trabajo. Aquí no caben soluciones intermedias. La conjunción de medidas económicas (peajes por circular en el centro de las ciudades, que acaba de adoptar Londres) y medidas coercitivas (cierre al tráfico privado en ciertas áreas de la ciudad) debe ser acometida sin dilación, llevando a cabo una clara discriminación positiva en la política de inversión hacia métodos alternativos de transporte.

La introducción de la cercanía al puesto de trabajo como mérito para acceder a una vivienda pública sería una señal clara para la reducción efectiva del tiempo de transporte desde la Administración, algo que redundaría en avances en productividad.

Unido a esto, se debe buscar la mejora en la eficiencia energética. Si se redujese un 15% el uso del transporte privado, el ahorro llegaría al 35% del consumo de carburantes. En esta misma línea, una nueva política de vivienda que no fomente la vivienda unifamiliar, y sí la compartida o en altura, supondría un ahorro notable en agua, electricidad o calefacción. Todo esto pasa por una nueva política de ordenación del territorio, una nueva fiscalidad y apostar decididamente por un cambio en la política de transporte en las ciudades que reduzca el uso del transporte privado. En la práctica esto supone la necesidad de acometer auditorías de eficiencia y de equidad para cada actuación pública, en aras de poder evaluar el coste y beneficio de la acción política.

Por último, sin un verdadero cambio en la estructura horaria, o la política del tiempo, será muy difícil casar vida laboral, familiar o de ocio, al margen de pequeños incentivos fiscales. La colusión de entradas y salidas del puesto de trabajo, vacacional, el exceso de horas lectivas en muchos estadios de la vida escolar del alumno (especialmente el universitario), los horarios comerciales y los horarios de los servicios públicos son elementos que distorsionan el funcionamiento del sistema productivo. Otros países ya experimentan con estas nuevas prácticas, con resultados muy satisfactorios. Pero con esto no basta; en el caso de la mujer trabajadora, se necesitan medidas efectivas de ayuda para lograr su inserción en el mercado laboral, educativo o de ocio, y elevar la tasa de actividad femenina hasta estándares europeos.

En resumen, y ahora que se acercan las elecciones, es hora de medidas audaces, estructurales y que traten los problemas con un horizonte temporal superior a cuatro años. Siendo importantes las grandes reformas macroeconómicas, también es relevante que se mire a las políticas microeconómicas que pueden ayudar a solucionar buena parte de los desequilibrios de la economía española, y especialmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.