Dimensión social del desarrollo sostenible

El primero de los principios establecidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en la denominada Primera Cumbre de la Tierra, proclama que 'los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relativas al desarrollo sostenible'.

Los alarmantes datos que se están difundiendo estos días con motivo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se está celebrando en Johanesburgo (Suráfrica) ponen de manifiesto, 10 años después, la escasa firmeza y coherencia con que se defiende esa pretendida centralidad del factor humano.

Más bien, por el contrario, pareciera que el hombre es, para determinadas políticas y para las estrategias de muchas multinacionales, un coste a reducir y no una riqueza a preservar. La 'creatividad destructora' del capitalismo, en palabras de Samir Amin, está adquiriendo dimensiones planetarias y entraña contradicciones ecológicas y sociales crecientemente insostenibles.

No existe, a largo plazo, posibilidad alguna de un desarrollo económico sostenible al margen del desarrollo humano. El concepto de desarrollo sostenible ha venido a poner en evidencia, precisamente, que la polución ambiental y la polución social no son cuestiones disociables. El desarrollo no podrá, en efecto, mantenerse en el tiempo si las condiciones sociales, medioambientales y económicas del mismo nos son abordadas de forma integrada y equilibrada.

Resulta, por consiguiente, poco discutible la vinculación existente entre la acción en pro de la justicia social y económica y la lucha a favor de la salvaguarda de la biosfera.

Las desigualdades en el acceso al agua potable y a la electricidad, las amenazas vinculadas al cambio climático, las desertizaciones, la polución del agua, del aire y del suelo, los atentados a la biodiversidad, etcétera, no son fenómenos que respondan a causas naturales.

Las prácticas depredadoras de algunas empresas multinacionales, el rechazo egoísta de los países ricos a poner en cuestión su modelo productivista, la privatización de los servicios públicos que más tienen que ver con el medio ambiente (la energía, el transporte) son todas ellas causas de los atentados que se perpetran contra los recursos naturales y humanos.

En el fondo, todo ello tiene que ver, en unos casos (como son los de China y los de los antiguos países comunistas) con la falta, pasada o presente, de libertades democráticas y, en general, con el retraimiento de la política en provecho de la economía y con el subsiguiente desplazamiento de los centros de poder y de las prioridades, tanto medioambientales como sociales.

Tener en cuenta la dimensión social en una política de desarrollo sostenible del planeta implicaría reducir la extrema pobreza de centenares de millones de personas en todo el mundo, así como asegurarles el acceso a bienes colectivos tales como el agua, la energía, la educación, la salud y las infraestructuras de comunicaciones

Para ello se requiere el aumento de la ayuda al desarrollo y una evolución más rápida hacia el objetivo de donar, por parte de los países desarrollados, el 0,7% del producto interior bruto (PIB)... establecido hace 30 años; una apertura más equilibrada de los mercados (en vísperas de la cumbre, la Administración Bush ha aumentado un 80% las subvenciones a su agricultura) entre los países ricos y los que están en vías de desarrollo; la condonación de la deuda externa de los países pobres.

De igual manera, sería imprescindible avanzar mucho más en el respeto de los derechos humanos en el trabajo, mediante la aplicación de los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en la incorporación de una cláusula social en las relaciones comerciales internacionales -ya se ha incorporado una de carácter medioambiental en la última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Doha, aunque está por ver cómo se le da naturaleza obligatoria-, y también en el establecimiento de mecanismos de verificación -como la realización de balances anuales sociales y medioambientales- en todas las empresas europeas (para que la UE dé ejemplo del modelo social que predica) con actividades o intereses (inversiones) en países terceros (filiales, empresas subcontratadas) para comprobar que respetan las normas sociales y medioambientales fundamentales.

Finalmente está la puesta en práctica del capítulo 29 de la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de Río de Janeiro, que resalta el papel de los trabajadores y de sus organizaciones en la realización efectiva y equilibrada de una estrategia de desarrollo sostenible a todos los niveles.

Esto último afecta de lleno a cuestiones centrales de la acción sindical -la negociación colectiva, los derechos de información, consulta y participación, la adaptación de las cualificaciones profesionales, las políticas de acompañamiento ante reconversiones motivadas por la adecuación productiva a un modelo de desarrollo sostenible-, así como a sus estrategias y a la propia concepción del papel de las organizaciones sindicales. Pero éste tendrá que ser, necesariamente, tema para una próxima ocasión.