La renovación del Concierto económico, principal reto del futuro gobierno

El Ejecutivo de Vitoria que se formará dependiendo de los resultados electorales de ayer tendrá la mesa de trabajo repleta de retos económicos sin haber iniciado la legislatura. El más trascendente es la consecución de la paz, el activo intangible más importante para animar la inversión de los empresarios vascos y de las multinacionales extranjeras, que miran Euskadi con recelo por la violencia de ETA.

Es cierto que la economía del País Vasco lleva décadas conviviendo a la fuerza con el terrorismo, y que puede seguir creciendo por encima de las economías de su entorno, como dice el lehendakari en funciones Juan José Ibarretxe. Pero ETA ha sido un tapón que ha impedido a la comunidad autónoma alcanzar sus máximas posibilidades de desarrollo, según Jaime Mayor Oreja.

Junto a la paz, la otra urgencia económica del nuevo Gobierno vasco es la renovación del Concierto Económico, puesto que la vigencia del actual pacto financiero entre Madrid y Vitoria concluye el próximo 31 de diciembre.

Además, el lehendakari posterior al 13 de mayo tendrá que activar la paz fiscal firmada en Vitoria por ambas Administraciones el 19 de enero de 2000 para intentar poner fin a 13 años de conflictos tributarios. Aquel documento, presentado por la vicelehendakari en funciones, Idoia Zenarruzabeitia, y el ministro de Economía, Rodrigo Rato, se ha quedado en la categoría de papel mojado. Asimismo, el próximo Gobierno vasco tendrá que evitar la judicialización del Concierto Económico, que está bajo la lupa de las autoridades comunitarias, precisamente por los conflictos anteriores, y deberá tender puentes con las autonomías vecinas, como Cantabria, La Rioja y Castilla y León, siempre recelosas con el autogobierno fiscal de Euskadi. Pero antes debe llegar un entendimiento pleno con Bruselas para que la UE dé carpetazo a todos los expedientes abiertos al sistema fiscal vasco.

La patronal vasca Confebask, que preside Román Knörr, ya ha lanzado mensajes al futuro inquilino de Ajuria Enea sobre lo que piden los empresarios vascos del nuevo Concierto Económico: que tenga más competencias y una duración ilimitada en el tiempo. Todos los partidos políticos siempre han coincidido en destacar la importancia del Concierto como la base del autogobierno vasco, y el PP ha insistido en este mensaje desde que gobierna en Álava, el único territorio vasco que nunca ha perdido su soberanía fiscal y tiene más arraigada esa cultura.

La reforma del IRPF

Unido a lo anterior, el Ejecutivo de Euskadi también tendrá que aplicarse en la reforma del IRPF y del impuesto de sociedades, siempre en coordinación con las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, puesto que los entes forales son los que recaudan en Euskadi y financian al propio Gobierno vasco a través de la Ley de Aportaciones.

Esa capacidad tributaria de las diputaciones, cada una de las cuales tiene sus propias ideas a la hora de confeccionar los impuestos, obliga al lehendakari a tener una especial mano izquierda para conseguir que todos los contribuyentes vascos tengan las mismas obligaciones fiscales y no haya diferencias a la hora de hacer la declaración de la renta entre vizcaínos, alaveses y guipuzcoanos.

Además de la mano izquierda, el lehendakari también necesitará la otra con las diputaciones para convencerlas de que las reformas fiscales vascas no se aparten de los cambios que se lleven a cabo en territorio común, o la vuelta al conflicto en los tribunales está garantizada.

Aparte de la fiscalidad, queda por resolver la financiación de Hobetuz, el Forcem vasco. Aquí se repiten las diferencias entre Madrid y Vitoria. Desde la creación de Hobetuz, los lehendakaris José Antonio Ardanza, primero, e Ibarretxe, después, han exigido que el Gobierno de José María Aznar aporte el dinero al que se comprometió con Hobetuz. Las cantidades no han llegado de Madrid hasta ahora y Vitoria se ha quejado de que cubre su parte y la que no le corresponde, con la consiguiente merma en los presupuestos autonómicos.

Tras el 13-M, los nuevos responsables de Lakua (la sede del Gobierno vasco en Vitoria) abordarán el sector público de Euskadi con una privatización pendiente, la de las empresas de gas natural. El inicio del proyecto arranca en la legislatura que ahora acaba, a iniciativa de PNV y EA.

Privatizaciones

Los activos que salen a la venta están pendientes de su valoración por parte de la consultora americana Nera. El Ejecutivo autónomo tendrá que realizar con buena nota la desinversión del 79,5% de Gas de Euskadi, el 50% de BilboGas, el 49% de DonostiGas, el 50% de Gasnalsa y el 25% de Bahía de Bizkaia Gas.

Estas compañías son las que distribuyen el gas natural en Euskadi para uso doméstico e industrial, un negocio que movió en el año 2000 casi 42.000 millones de pesetas (252,43 millones de euros) y que tiene en Euskadi 595 clientes industriales y 142.718 consumidores domésticos, según datos al cierre del 31 de diciembre del año pasado. Su accionista directo es el EVE, la sociedad pública encargada del área de la energía.

El EVE es uno de los actores principales en la mayoría de las inversiones en plantas de generación de energía, cuya construcción debiera completarse en esta nueva legislatura, tras superar la fase de diseño en los dos Gobiernos anteriores. Estos planes arrancaron en la década pasada, cuando los nacionalistas se propusieron que Euskadi alcanzara el 80% como nivel de autoabastecimiento energético para el horizonte de 2005. Hay en juego inversiones de 95.000 millones de pesetas (570 millones de euros) en la construcción de una planta regasificadora en el Puerto de Bilbao y de una central de generación de energía eléctrica de ciclo combinado en los muelles vizcaínos. Las instalaciones deben estar en marcha en 2003.

En el apartado de las infraestructuras, el gran reto pendiente es la construcción del enlace ferroviario de alta velocidad que vertebre Euskadi, proyecto conocido como la Y vasca. Su presupuesto es de medio billón de pesetas (3.005 millones de euros) y sólo descansa sobre el papel, puesto que ningún paso ha sido dado para que este proyecto se convierta algún día en una realidad.

Por contra, Euskadi sí que tiene desarrollado su Plan General de Carreteras, iniciado en 1993 y con conclusión estimada en 2004. La estrella de las nuevas redes viarias vascas es la futura autopista Urbina-Maltzaga, que revolucionará las conexiones por carretera entre Álava y Guipúzcoa. En este tipo de enlaces, el protagonismo del proyecto corresponde a las diputaciones, que son las que financian y resuelven los problemas del día a día (expropiaciones de terrenos, etcétera), y al Gobierno vasco le queda una labor de apoyo, secundaria pero importante.

Áreas más desfavorecidas

El Ejecutivo de Vitoria sí que tiene un papel central en los programas de desarrollo de las zonas más desfavorecidas de Euskadi, aquellas en las que se han cebado las pasadas crisis industriales, sin dejar lugar a nuevas actividades. Es el caso de la Margen Izquierda del Nervión, próxima a Bilbao, que está plagada de fábricas abandonadas que ahora son esqueletos industriales. Su recuperación, con la captación de nuevas industrias, es muy lenta, a un ritmo de goteo que no es suficiente para dar una salida a las decenas de miles de parados de los ayuntamientos de la zona.

La Bahía de Pasaia es otro de los puntos negros de la economía vasca, después del cierre de numerosos astilleros, que a su vez provocó la desaparición de gran parte de las pymes de la zona, que trabajaban como proveedores del sector de la construcción naval.

En esta legislatura, los responsables autonómicos tendrán que trabajar para que Euskadi no pierda los negocios que nacen con las nuevas tecnologías de la información y que pueden propiciar, con la oportuna ayuda pública, la creación de un nuevo sector económico en la comunidad autónoma.

Juan José Ibarretxe puso en marcha el proyecto Euskadi en la sociedad de la información, cuya vertiente más exitosa ha sido el programa Konekta Zaitez, que financia la compra de ordenadores con conexión a Internet para su uso doméstico. El plan, en vigencia hasta 2003, ha propiciado el enganche, de momento, de más de 30.000 hogares vascos a la Red.

 

La luna de miel entre PP y PNV, ineficaz contra ETA

Aznar y Arzalluz formaron entre 1996 y 1998 un matrimonio de conveniencia que, urdido a partir de intereses económicos y políticos, no aportó nada en la erradicación de la violencia.

La alianza que José María Aznar y el presidente del PNV, Xabier Arzalluz, sellaron personalmente en la sede popular de Génova, 13, en Madrid, un mes después de que el PP obtuviera su primera victoria en las elecciones generales, no descansó en el objetivo de acabar con ETA, ni tan siquiera en el de oxigenar el agónico pacto de Ajuria Enea, enterrado dos años después.

En aquella reunión, que finalizó en una rueda de prensa de un Arzalluz sin complejos bajo las siglas del PP, ambos negociaron las contrapartidas de Aznar a cambio de contar con los cinco votos del PNV en su investidura. Los de CiU y Coalición Canaria los tenía asegurados.

15 días antes de la insólita visita de Arzalluz al cuartel general del PP, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato y Juan José Ibarretxe, entonces vicelehendakari, habían desbrozado el camino para el acuerdo, basado en la profundización del Concierto Económico y la agilización de los traspasos pendientes. Hubo satisfacción por ambas partes, en particular del lado nacionalista, a la vista de lo que comentó Arzalluz a los periodistas: "En los próximos años se jugarán cosas como la moneda única que condicionarán los 50 siguientes y a todos nos interesa que el Gobierno lo haga bien".

El líder nacionalista concluyó con grandes elogios a Aznar, quien, en su opinión, había sido capaz de llegar donde los socialistas nunca lo hicieron. Tan lejos que lo único que le frenó para participar en un Gobierno de coalición en Madrid, según confesión propia, fue la falta de garantías plenas sobre el desarrollo estatutario. Para entonces, el PSE aún compartía el Ejecutivo vasco con los nacionalistas.

El tiempo parlamentario se encargó de demostrar que las conversaciones entre Aznar y Arzalluz fueron fructíferas para sus objetivos. Pese a la tensión acumulada en el País Vasco por la dura ofensiva de ETA contra miembros del PP y del PSE, el matrimonio entre populares y nacionalistas no se rompió en Madrid hasta bien entrado 1998, aunque siguió generando frutos durante más tiempo.

El PNV no sólo votó a favor de la investidura de Aznar en 1996, sino que avaló los Presupuestos Generales del Estado de 1997. Un año más tarde se desvinculó de cualquier apoyo estable al Gobierno central, después de dos escenificaciones similares en las que no se rompió la unión de conveniencia.

En octubre de 1999, con el pacto de Lizarra en plena vigencia y la tregua de ETA a punto de saltar por los aires, Aznar e Ibarretxe mantenían una relación fría y distante, pero el entonces vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, visitó en compañía de su segunda mujer, Gema Ruiz Cuadrado, el Museo Balenciaga, en la localidad guipuzcoana de Getaria. La foto de Cascos con Iñaqui Anasagasti y otros dirigentes peneuvistas, almuerzo en batzoki incluido, desagradó en La Moncloa, pero no hasta el punto de impedir que en los Presupuestos del Estado de 2000 el PNV arañara 6.000 millones extra para infraestructuras y también para la remodelación del museo al que Cascos dedicó su ocio de fin de semana.

Durante el bienio largo que duró el matrimonio entre PP y PNV, éste rindió también sus frutos a Aznar en otros terrenos sensibles a sus intereses como en la guerra del fútbol, dentro de la regulación de la televisión digital.

La victoria por mayoría absoluta en marzo del año pasado ya no hizo necesario ni conveniente para el PP el respaldo parlamentario del PNV en Madrid. El conflicto vasco, hasta entonces fuera del foco prioritario de los populares, pasó a convertirse en uno de los ejes fundamentales de la política nacional desde un prisma crecientemente electoralista utilizado desde Interior por Jaime Mayor.

El matrimonio de conveniencia no aportó nada, mientras duró, al hallazgo de ese denominador común entre vascos que Felipe González reclamó en Anoeta hace casi 20 años y que a partir de hoy muchos reivindicarán.

 

Los grandes capítulos de la historia reciente

1998

Agonía de Ajuria Enea

La década transcurrida entre la firma del acuerdo de Ajuria Enea contra ETA (enero de 1988) y su enterramiento, tras una larga agonía, está jalonada por etapas de una estrecha colaboración del PNV, EA y el PSE en el Gobierno vasco y, entre 1996 y 1998, por una sólida alianza parlamentaria en Madrid entre los nacionalistas y el PP. El consenso en torno a Ajuria Enea sucumbe cuando el PP, desde la oposición, defiende el cumplimiento íntegro de las penas por los terroristas y el rechazo de cualquier final dialogado de la violencia. La resurrección del caso GAL dinamitó también el acuerdo que, en su etapa final, ni siquiera sirvió para canalizar desde el consenso la movilización generada en 1997 por el asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.

La apuesta de Lizarra

El 12 de septiembre de 1998, el PNV, EA, HB, IU y otras 19 organizaciones políticas, sociales y sindicales alumbran en la localidad navarra de Estella el denominado Acuerdo de Lizarra, que prevé el diálogo sin límites con ETA en un intento de compatibilizar sus demandas con el plan Ardanza. Dicho programa, presentado por el entonces lehendakari en enero, apostaba por desarrollar el punto 10 del pacto de Ajuria Enea, centrado en el diálogo con ETA. Fue rechazado por el PP y los socialistas tampoco lo hicieron suyo.

Tregua unilateral

Cuatro días después de la firma del acuerdo de Lizarra, ETA anuncia un alto el fuego indefinido que sorprende a José María Aznar en Perú. "Después de 30 años de actividad terrorista no podemos conceder a la organización ETA el beneficio de la duda", dijo entonces el presidente.

Las sextas elecciones

Con la tregua recién estrenada, las elecciones del 25 de octubre dan paso a un nuevo Gobierno nacionalista formado por PNV y EA, con el apoyo externo de EH. El nuevo lehendakari, Juan José Ibarretxe, forma tras dos meses de negociaciones un Gabinete de escaso peso político para gestionar un periodo de paz relativa que duraría 14 meses. Los nacionalistas cuentan con 41 escaños frente a los 34 de los no nacionalistas en el Parlamento que sale de las urnas. El Gobierno central abre la puerta a la modificación de la política penitenciaria. Un centenar de presos sin delitos de sangre saldría a la calle hasta el fin de la tregua.

1999

El fin del alto el fuego

El PNV desarrolla los compromisos contraídos en Lizarra y el 6 de febrero ayuda a crear en Pamplona la asamblea de municipios, con la asistencia de 666 concejales nacionalistas. ETA anuncia después su intención de prolongar la tregua. El 9 de marzo es detenido en París el presunto dirigente etarra José Arizcuren, Kantauri, una operación que dio paso a más detenciones en el País Vasco y que HB consideró como una "declaración de guerra". El episodio coincide con una reunión entre la cúpula de ETA y enviados especiales del Gobierno de Aznar, en la que hizo de mediador el entonces obispo de Zamora, monseñor Uriarte. Los contactos no avanzan, hasta que en agosto ETA reconoce en un comunicado que el diálogo está paralizado. Aznar se declara entonces "absolutamente dispuesto" a reanudar las conversaciones con ETA, pero éstas no prosperan. En septiembre, 1.778 alcaldes y concejales nacionalistas constituyen en Bilbao la asamblea municipal bautizada como Udalbiltza, parcialmente desactivada en las elecciones locales celebradas en toda España un año después. La banda roba ese mismo mes en el sur de Francia ocho toneladas de dinamita y en noviembre rompe la tregua. La Guardia Civil intercepta casualmente en diciembre, camino de Madrid, dos furgonetas cargadas de explosivos, un anticipo de la dura ofensiva planeada por ETA.

2000

30 asesinatos

Desde que ETA inaugura en enero un nuevo periodo de violencia con el asesinato en Madrid del teniente coronel Pedro Antonio Blanco hasta que el pasado domingo 6 mató al presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, la ofensiva suma 30 víctimas mortales. Entre los asesinatos que causaron más impacto figuran los de Fernando Buesa, José Luis López Lacalle, Jesús María Pedrosa, Juan María Jáuregui y José María Korta. La diana de ETA se hace inabarcable mientras las relaciones de Aznar e Ibarretxe se vuelven gélidas. Su última entrevista, el 23 de junio, termina en fracaso.

La moción de censura

El asesinato de Fernando Buesa, el 22 de febrero, y la negativa de EH a condenarlo llevan a Ibarretxe a distanciarse de la coalición abertzale, que en abril deja el Parlamento de Vitoria después de haber tenido a Josu Ternera sentado en la comisión de Derechos Humanos. La debilidad parlamentaria del PNV le lleva a perder a lo largo del año medio centenar de votaciones y anima al PP y al PSE a promover una moción de censura de carácter testimonial, votada en octubre.

El pacto antiterrorista

La creciente división provocada entre las fuerzas nacionalistas y las no nacionalistas por la dura ofensiva de ETA lleva al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a proponer al Gobierno central la firma de un acuerdo contra ETA que es aceptado por Aznar después de su rechazo inicial. Firmado en diciembre, su preámbulo vincula el futuro del País Vasco a la Constitución y condiciona cualquier acuerdo con los nacionalistas a su abandono de la vía soberanista.

2001

La convocatoria electoral

Ibarretxe elude en el estreno del año la convocatoria de los comicios que desde hace meses le reclaman con insistencia desde el PP y el PSOE. Finalmente, después del fracaso de las negociaciones entre los Gobiernos central y vasco para renovar el Concierto Económico, el lehendakari convoca las elecciones para el 13 de mayo, lo que lleva al candidato del PP, Jaime Mayor, largo tiempo en precampaña, a dejar Interior y apostar por el PSE como socio de gobierno para desalojar al PNV del poder.