Más intereses que salarios

A finales de la semana pasada el Gobierno ha dado a conocer los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. A mi juicio, tres son las grandes conclusiones que destilan dichos Presupuestos.

La primera es que, el Gobierno ante las distintas convocatorias electorales durante los próximos meses, ha querido ocultar a la opinión pública española la inasumible magnitud de los recortes y sufrimiento que exige el programa de consolidación fiscal que tiene por delante la economía española. En 2013, la cantidad se situaría entre los 45.000 y 50.000 millones de euros. Para ello, ha decidido hacer la mayor operación de maquillaje conocida de unos Presupuestos Generales, comenzando por las estimaciones del PIB para 2013, del consumo y la inversión privada, el incremento del desempleo, las exportaciones, o la evolución de los ingresos, con una previsión de crecimiento de la recaudación del IVA del 14%, y los gastos públicos. De tal manera que el principal instrumento de política económica que tiene el Gobierno para recuperar la confianza en la economía española se ha quedado en papel mojado en apenas unos días.

La segunda conclusión es que el Gobierno no tiene una estrategia económica que impulse el crecimiento económico, y que debe pasar, de manera prioritaria, por ampliar la apertura exterior de nuestra economía, ello sin duda devolvería la credibilidad perdida y ayudaría a hacer sostenible nuestras cuentas públicas y el Estado del Bienestar. Un botón de muestra, de la ausencia de estrategia, son las significativas disminuciones en las partidas como educación, becas, políticas de fomento del empleo, investigación, desarrollo de la sociedad de la información, internacionalización de la economía, industria o turismo.

Ante las exigencias de la Unión Europea el Gobierno ha reconocido el hecho de que parte de la deuda financiera acabaría siendo deuda pública, que se situará por encima del 90% en 2013 al contabilizar el rescate bancario. La lamentable gestión de la crisis de Bankia desencadenó dicho rescate. En un primer momento, el Gobierno dijo que no nos costaría un euro a los españoles; y ahora ante los requerimientos de la comisión europea dice que eso también se ha hecho en otros países. Ahora bien, EE UU y Alemania lo hicieron sin impulsar a la vez medidas de ajuste como las españolas, sin subir tanto los impuestos, sin pedir ayuda/rescate a nadie. Es como una persona de baja renta que no come para comprar un coche de alta gama y como argumento dice que su vecino rico lo tiene. Bueno, es peor, porque aquí le estamos pagando el coche a otro. Salvo Irlanda, nadie ha pedido un rescate para ayudar a sus bancos, porque el problema de Portugal y Grecia era de deuda pública pura, y esa sí que debemos (y podemos) pagarla.

Los mercados han descontado hace meses que una parte de la deuda de los bancos iba a ser pública, de tal forma que eso se ha trasladado al coste de la deuda, y por primera vez desde hace 18 años, en los Presupuestos Generales del Estado es mayor la partida para pagar intereses que para pagar sueldos y salarios. Este vertiginoso adelantamiento ha sido mérito de las dos partes, y en ambas hay un componente de precios y otro de cantidades. La masa salarial del Estado se reduce un 4% porque las retribuciones quedan congeladas y porque el número de empleados se reduce, ya que no se cubren las bajas salvo en inspección. Respecto a los intereses que pagamos, su aumento tiene que ver con que tenemos más deuda y también con que nos sale más caro financiarla. En este caso, las variaciones de cantidades y precios están muy relacionadas: el coste de la deuda pública se ha disparado porque el Estado ha asumido sin límites la deuda de casi todo el mundo, menos la de los propios ciudadanos. El Estado está pidiendo prestado para financiar a municipios, a comunidades y, sobre todo, a los bancos, y los mercados responden a ese desorbitado e incierto aumento de la deuda con aumentos en el precio al que nos prestan. Son 700 euros al año por residente en España, sea niño o mayor, inmigrante o nacional; y sólo para intereses, sin reducir un ápice la deuda y la factura de años siguientes. La partida crece tanto que por sí sola se come todas las subidas de impuestos aprobadas por Rajoy.

Pagar intereses o pagar salarios tiene muchas diferencias. La más evidente es que con salarios compras servicios públicos para la ciudadanía, lo que mejora su bienestar presente y en casos como la educación o la investigación, las perspectivas de futuro. Con los intereses, en principio, pagas esos mismos servicios pero del pasado; ahora bien, si los intereses son de una deuda bancaria privada que hemos asumido, ¿qué servicio real estamos pagando?

Hay otra diferencia importante entre ambas partidas: el pago de salarios públicos son ingresos de personas que viven aquí, que gastarán aquí en buena medida y que, por tanto, tiene un cierto efecto multiplicador sobre el sector privado. El pago de intereses se va a dónde residan los tenedores de la deuda, en su mayoría directa o indirectamente extranjeros (los bancos españoles tienen mucha, pero con esos intereses están devolviendo los que a su vez deben a prestamistas internacionales), con lo que es una extracción de renta del circuito nacional.

Creo que debemos preguntar a Rajoy qué intereses sirve para que haya asumido como propia la deuda de otros, sin límite ni condicionalidad. Porque los intereses a los que sirve Rajoy se reflejan en los intereses que nos asfixian a los demás.

Pedro Saura García. Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista