Un consejo fiscal que clama consenso
El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene mañana una cita trascendente, tanto por el fondo como por la forma, muy singularmente por esta. Es el primero que convoca la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tras las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, que supusieron un vuelco en el poder territorial a favor del Partido Popular. Con excepciones (Andalucía, País Vasco, Cataluña, Canarias y Asturias), las comunidades autónomas se encuentran gobernadas en su mayoría por el partido que preside Mariano Rajoy.
La reunión de mañana, en donde se sientan junto a Salgado todos los consejeros de Economía autonómicos, será utilizada por el PP para remarcar su presencia como fuerza emergente en los tres niveles de la Administración. Al margen del debate arduo que, sin lugar a dudas, se producirá, la cita es una magnífica oportunidad para que los dos grandes partidos políticos de implantación nacional avancen en una tarea que ahora es fundamental, como la de la reducción este año del déficit público al 6% del PIB, objetivo en el que el papel de las comunidades autónomas es vital, dado que algunas de ellas ya han anunciado que sus números rojos desbordan con creces incluso las previsiones más pesimistas. Y la mejor manera es analizar los datos de forma pausada y sin electoralismo.
Por supuesto que el Partido Popular está en todo su derecho a sacar a flote y hacer pública la información financiera de las comunidades autónomas en donde ha comenzado a gobernar, como Castilla-La Mancha y Extremadura. De hecho, así lo hizo CiU al tomar los mandos de la Generalitat de Cataluña Un amplio ejercicio de transparencia siempre es bueno. Sin embargo, debería hacerlo de forma sosegada, sin publicar anticipadamente escritos y datos que no han sido cotejados previamente por el interventor regional correspondiente, como ha ido realizando en las últimas semanas. Con ello se añaden dudas sobre la veracidad de unas cifras aún por contrastar, en medio de un clima financiero muy complicado como es el de la crisis de la deuda soberana griega, que ha arrastrado a todos los mercados europeos, incluido el español.
Y más en un momento en el que los mercados y las temidas agencias de calificación están haciendo su peculiar test de estrés al acuerdo adoptado la semana pasada en Europa para frenar la sangría griega y dotar de una cierta estabilidad a la zona euro frente a la crisis de la deuda soberana. Hacer electoralismo en estos momentos, sin cifras claras, es tanto como añadir más madera a la caldera de la desconfianza. Y no está el horno para bollos. En el orden del día del Consejo de Política Fiscal de mañana hay asuntos muy importantes, como el análisis de los planes de reequilibrio de varias comunidades autónomas, la posible vinculación del gasto regional a la evolución del PIB y el análisis de las estrategias para cumplir con el objetivo de déficit, que incumbe a todas y cada una de las Administraciones. De momento, el Ministerio de Economía y Hacienda se ha aplicado certeramente a la tarea, con medidas de ajuste que están teniendo sus efectos evidentes. Otra cosa es si el crecimiento de la economía española no alcanza, como mantienen algunos expertos, las cotas presupuestarias previstas para el conjunto del año y el Ejecutivo se ve obligado a dar una nueva vuelta de tuerca a las partidas de gasto. Por su parte, los nuevos responsables de las comunidades autónomas también están poniendo sobre la mesa medidas de austeridad que parecen estar bien encaminadas, aunque aún se muevan entre la neblina de la superficialidad. El asunto de fondo es determinar qué nivel de ajuste han de aplicar y hasta dónde están dispuestas a llegar.
Por el bien de todos, es imprescindible que Partido Popular y PSOE cumplan con su deber y no desperdicien una nueva y valiosa oportunidad para apostar por el consenso y para afianzar la débil recuperación de la economía española. No estamos ante una cuestión menor. Estamos ante una encrucijada que requiere hacer política de verdad, política de Estado, política con mayúsculas. La pelota, una vez más, está en el tejado de la responsabilidad de los políticos. Mientras tanto, los mercados y, lo que es más importante, los ciudadanos esperan.