_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Mentiras arriesgadas

Hace solo un par de meses, el presidente del Gobierno rechazó el plan que le presentó el Ayuntamiento de Madrid para que los ayuntamientos españoles pudieran adoptar medidas en materia de endeudamiento que, siendo respetuosas con los objetivos trazados por el Gobierno de España en su Plan de Estabilidad y Crecimiento, permitieran aliviar las tensiones de tesorería y los importantes retrasos en los pagos a contratistas y proveedores.

El Gobierno consideró que la refinanciación por parte de los ayuntamientos de los vencimientos de su deuda, es decir, que pudieran tomar deuda por un importe igual o inferior a las amortizaciones del ejercicio, hacía inviable la senda de consolidación presupuestaria, o lo que es lo mismo, impedía alcanzar los objetivos previstos en el citado plan. Un argumento que no dejaba de resultar chocante si se tiene en cuenta que la fórmula propuesta no solo no incrementa el stock de deuda, sino que además no genera déficit.

Para el Ayuntamiento de Madrid esta prohibición no era nueva. En 2009 ya se le impidió la refinanciación argumentando que 2008 -año en el que la mayor parte de las administraciones públicas cerraron su presupuesto con un abultado déficit- Madrid no lo liquidó en equilibrio, algo que sin embargo sí hizo en 2009, pese a que nuevamente el Estado y las comunidades tuvieron resultados aún peores que los del año anterior. Pero ni siquiera este hecho sirvió para obtener la autorización en 2010, aunque esta vez el Ministerio de Economía y Hacienda para justificar su actuación tuvo que acudir a interpretaciones de la ley carentes de base jurídica, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a solicitar la tutela de los tribunales frente a una actuación que podría ser considerada arbitraria. Y llegamos a 2011, año en el que Madrid, al igual que la mayor parte de municipios, seguirá atado de pies y manos por un Gobierno que se niega a ver la realidad y que impide dar respuesta a un gravísimo problema (el retraso en los pagos) pese a lo sencillo que resultaría. Bastaría con que se autorizase a los consistorios a refinanciar su deuda, transformando así la actual deuda comercial en financiera. El resultado es que la actitud del Gobierno frente a Madrid ha generado una importantísima pérdida de liquidez, de 835 millones de euros, que ha repercutido directamente en los plazos de pago a las empresas que prestan sus servicios a los madrileños.

Las verdaderas razones por las que entonces se tomaron aquellas decisiones, resultan hoy mucho más evidentes tras ver como se autoriza a la Generalitat incluso a incrementar su deuda en 2011, sin tener en cuenta el incumplimiento del Plan de Estabilidad y la vulneración de la senda de consolidación presupuestaria que suponen los más de 7.000 millones de déficit con los que, según la propia Generalitat, se cerrará 2010.

El Gobierno ha entendido que lo lógico en esa situación es permitir que se cubran las necesidades reales de la Generalitat, y sin embargo en el caso de Madrid, y de los ayuntamientos en general, su única respuesta fue dar la espalda a la realidad. Y no olvidemos que, por su aportación al PIB nacional, la ciudad de Madrid es de facto la tercera comunidad autónoma.

Con la autorización a la Generalitat, el Gobierno ha decidido quitarse la máscara, y lo grave no es que Cataluña pueda endeudarse -algo que no se cuestiona en estas líneas-, sino que el Gobierno de España sea capaz de tratar de forma tan arbitraria a las diferentes administraciones. Nos ha dejado clara la falsedad de sus argumentos presuntamente económicos.

Si establecemos un paralelismo entre la situación de Cataluña y de la ciudad de Madrid -desde un punto de vista financiero- el agravio comparativo es evidente. 2011 será el tercer año en el que Madrid no pueda refinanciar los vencimientos anuales de su deuda (297 millones de euros en 2011), como consecuencia de la prohibición expresa del Gobierno de España, y pese a ello puede seguir atendiendo sus obligaciones, aunque con muchas más dificultades de las que tendría si el Gobierno no hubiera adoptado esta estrategia. Cataluña, que incumplió su Plan Económico Financiero en 2008 y los objetivos de estabilidad en 2009 y 2010, ha podido endeudarse sin ningún obstáculo, y sin embargo hoy se enfrenta a una situación cercana a la suspensión de pagos, según declaraciones del propio presidente de la Generalitat.

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Mientras los contratistas y proveedores de Madrid tienen que padecer los retrasos que se han derivado de la prohibición de refinanciación durante tres años, los de Cataluña verán atendidas sus necesidades de forma inmediata, porque, al parecer, son mucho más importantes para el presidente del Gobierno de España. Y nunca olvidemos que detrás de las empresas, están los trabajadores.

Juan Bravo Rivera. Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del ayuntamiento de madrid

Archivado En

_
_