El riesgo de bajar impuestos en un contexto de crisis

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, suele recordar que, en la primera legislatura de José María Aznar (1996-2000), el Gobierno rebajó los impuestos y, sin embargo, la recaudación se incrementó. La mayor actividad económica compensó así el recorte de tipos. ¿Sería hoy posible una política similar? Según el portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre, la respuesta es un rotundo no. Es más, alertó que si se rebajan ciertos impuestos sin subir otros, España correrá el riesgo de ser intervenida. "De esta crisis económica se sale ingresando más, no menos", señaló al valorar los programas electorales de los partidos políticos. En este sentido, el Partido Popular es la única formación que se compromete a no elevar ningún impuesto a la par que promete reducciones en el IRPF o el impuesto sobre sociedades, entre otros tributos.

Este debate fiscal se produce en un momento en que los mercados internacionales examinan de cerca las cuentas públicas españolas, que cerraron 2010 con un déficit del 9,3% y que deben reducirlo hasta el 6% este año, una cifra que la Comisión Europea prevé que se rebase. En este sentido, el director general de Tributos, Jesús Gascón, que ayer participó en el congreso de la organización de inspectores celebrado en Cádiz, señaló que la Administración central sí que cumplirá el objetivo de déficit aunque no se atrevió a pronosticar qué sucederá con las comunidades autónomas. Gascón recordó que España ha perdido con esta crisis más de 40.000 millones en ingresos y apuntó que para recuperar el nivel de recaudación anterior a 2008 no basta con subir los impuestos. Un Gobierno puede elevar un tributo, sin embargo, si no hay actividad económica, ello no reportará mayores recursos a las arcas públicas.

Un sistema "injusto"

Con todo, los inspectores de Hacienda denunciaron que la caída recaudatoria se concentra en las rentas empresariales y de capital. "En 2007, el 72% de la recaudación del IRPF provenía de los rendimientos del trabajo, un nivel que con la crisis se ha elevado al 81,5%", explicó De la Torre. Ello, unido a la "espectacular caída de ingresos del impuesto de sociedades demuestra que, pese a los cinco millones de parados, son los asalariados quienes soportan una mayor carga fiscal.

Así, los rendimientos del trabajo, que pueden llegar a tributar al 49% en algunas comunidades, compensan la caída de los ingresos derivados de las empresas y de las rentas del capital, gravadas a tipos menores. Ello, según los inspectores, provoca efectos perversos ya que incentiva que los profesionales y las empresas deriven hacia el impuesto sobre sociedades bienes y operaciones que deberían gravarse por el IRPF. Si bien la legislación impide este tipo de engaños, los inspectores señalan que la Agencia Tributaria precisa de más recursos para atajarlos y reclaman acercar la tributación de las rentas del trabajo a los rendimientos empresariales. Con ello, "se reduciría" el incentivo de "refugiarse en los tipos menores que se pagan en el impuesto sobre sociedades".

En este sentido, De la Torre señaló que en el actual sistema fiscal no se cumple el principio constitucional de capacidad económica, según el cual, quienes más tienen deben contribuir más. Como ejemplo, el portavoz de los inspectores fiscales señaló el sistema de módulos -"un nido de facturas falsas"- por el que tributan buena parte de los autónomos. Este modelo contempla que los pequeños empresarios paguen impuestos en función de variables como los metros cuadrados de su negocio o el número de trabajadores que tienen en nómina. La reforma del sistema de módulos es quizás la más vieja reclamación de los inspectores de Hacienda aunque, hasta el momento, ningún Gobierno ha respondido a sus quejas.

Por otra parte, la organización de inspectores aboga por reformar la tributación actual del ahorro, "que incentiva las ganancias puramente especulativas". Una plusvalía obtenida tras un ahorro de 15 años tributa al mismo tipo que un beneficio logrado en un día. Para los inspectores, ello resulta injusto ya que el sistema fiscal no tiene en cuenta la inflación, que puede reducir notablemente las ganancias obtenidas por el ahorro a largo plazo. Los inspectores defienden que se recuperen incentivos como la reducción fiscal del 40% para los planes de pensiones que se rescatan de una vez. Este beneficio se eliminó en 2006 y el PP propone recuperarlo.

Acerca de la economía sumergida, los inspectores discrepan de la Agencia Tributaria y aseguran que la crisis ha provocado un aumento de las actividades no declaradas. "En caso contrario, no se entendería que con cinco millones de parado no hubiera una explosión social", concluyó De la Torre.