El Gobierno vasco gravará los pisos vacíos con 10 euros por metro cuadrado
El Gobierno de Euskadi abrió ayer la puerta a una ley, sujeta a la aprobación del Parlamento vasco, que pretende gravar a los pisos vacíos con un canon anual de 10 euros el metro cuadrado con el fin de estimular su puesta en alquiler. El proyecto incluye también que el acceso a una vivienda, preferentemente en régimen de arrendamiento, sea un derecho exigible ante los tribunales.
El Ejecutivo vasco ha dado un nuevo paso en su política social en un momento en que la crisis económica, lejos de amainar, parece recrudecerse. El Gabinete presidido por Patxi López ha aprobado un proyecto de Ley de Vivienda que reconoce, por primera vez, el derecho subjetivo de los ciudadanos vascos con menos recursos a acceder a una casa, una condición que podrán reclamar ante los tribunales. Su aprobación coincide en un momento en que ha perdido el apoyo del PP, hasta ahora el socio que ha sostenido su Gobierno, y cuando se baraja un adelanto electoral que puede fijar los comicios para noviembre.
El proyecto incluye la cobertura legal para que las viviendas de protección oficial (VPO) estén ocupadas realmente por personas necesitadas. Para ello, habilita un mecanismo por el cual la Administración podrá recuperar una VPO si sus adjudicatarios adquieren otro piso en el mercado libre en cualquier lugar del Estado. También, recoge que el rescate de estos pisos se producirá si la situación económica de los beneficiarios mejora hasta el punto de ser "manifiestamente desproporcionada". En principio, se facilitará la vivienda a familias de tres o más miembros con ingresos inferiores a 15.000 euros.
Incumplimiento
El proyecto incluye el pago de un canon de 10 euros anuales por metro cuadrado para las viviendas libres que lleven más de dos años desocupadas. Este gravamen deberá ser gestionado por los Ayuntamientos o por el propio Ejecutivo.
Esta medida, según aseguró ayer en Vitoria Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, pretende garantizar la "función social" de los pisos y considera que su no utilización supone un "incumplimiento" de dicha función. El Gobierno vasco, para evitar esta circunstancia, ha aprobado imponer un alquiler forzoso si la vivienda está situada en una zona de "acreditada demanda".
Otra propuesta, inédita de momento en España, fija que, según determinadas condiciones, la vivienda protegida podrá ser restituida al Gobierno vasco. Su destino a otros usos fuera de la vivienda habitual como el alquiler, por ejemplo, será una de las causas para su recuperación por parte de la Administración.
La iniciativa del Gobierno vasco recoge otros capítulos relevantes para hacer valer la "función social" de la vivienda. Así, introduce medidas como la posibilidad de declarar necesaria la rehabilitación de un edificio o de una zona, lo que abre la puerta a su declaración de utilidad pública. Esta estrategia permitirá remozar edificios o barrios enteros mediante expropiaciones forzosas o simplemente con que exista el acuerdo del 50% de los residentes.
El proyecto de ley aprobado ayer en Consejo de Gobierno, contempla la creación de un Fondo Garantía y Compensación para preservar a las personas que accedan a una vivienda protegida y les garantizará la viabilidad de la promoción, así como que podrán "compensar el esfuerzo económico" que realicen, siempre en función de sus ingresos. Incluye, igualmente los criterios preferentes para las adjudicaciones, entre ellos la antigüedad como demandante o el número de miembros del hogar.
La aprobación en el Parlamento vasco de la propuesta del equipo de Gobierno liderado por Patxi López no será sencilla. Primero porque el trámite parlamentario quizás se alargue en el tiempo y la minoría con la que gobierna le obligue a convocar elecciones anticipadas. Y, segundo, porque durante su periodo de elaboración, tanto el PP como en PNV han mostrado sus reticencias a apoyar una norma que incluye dicho canon contra los pisos vacíos.
Un empujón al parque de casas en alquiler
Si finalmente el proyecto del Ejecutivo de Patxi López rebasa el listón del Parlamento vasco, su iniciativa será pionera en España. Su estrategia supondría dar un empujón a la vivienda en alquiler, una iniciativa que ya han intentado otros gobiernos locales, como el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón que trató de establecer un IBI más caro a las casas vacías, iniciativa que fue tumbada por el Ejecutivo central ante la dificultad de definir taxativamente qué es una vivienda vacía. José Luis Rodríguez Zapatero creó el Ministerio de Vivienda, constituyó la Sociedad Pública de Alquiler y habilitó medidas fiscales favorables, pero el arrendamiento continuó sin repuntar. Y, Cataluña, pese a tenerlo en su cartera de intenciones, no llegó a aprobar una ley que forzara a los propietarios de pisos desocupados a alquilarlos.