Las empresas españolas muestran su interés por las privatizaciones lusas
El futuro primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, no tendrá apenas tiempo para realizar un traspaso de poderes al uso. La grave crisis del país, intervenido por la UE, le obliga a poner en marcha cuanto antes las reformas prometidas en la campaña electoral. Las empresas españolas ya han mostrado su interés por participar en el plan de privatizaciones que prevé recaudar más de 5.500 millones.
Todo lo acontecido en Portugal desde finales de 2010 ha traído de cabeza a no pocas empresas españolas. No es para menos. Unas 1.400 compañías, entre ellas casi todas las del Ibex 35, tienen intereses en el país vecino, representan una inversión de más de 60.000 millones de euros, lo que equivale al 9% del PIB luso y emplean a 82.000 personas, según las cifras facilitadas por la Cámara de Comercio Luso Española. A esto hay que sumarle los intercambios comerciales entre ambos países. España exportó en 2010 a Portugal mercancías por valor de 16.577 millones de euros, mientras que las importaciones se elevaron a 8.539 millones. Números que no hacen sino reforzar el papel de Portugal como socio comercial de referencia. De hecho, en 2010 se convirtió en el tercero más importante, con un 8,9% del total de las ventas, tan solo superado por Francia y Alemania.
Esta situación es la que explica que al anuncio efectuado por el anterior Gobierno luso, el del socialista José Sócrates, de poner en marcha un ambicioso plan de privatizaciones valorado en más de 5.500 millones de euros, haya creado tantas expectativas entre las empresas españolas. El programa, que fue asumido por todos los candidatos que concurrieron a las elecciones, contempla la venta de empresas tan emblemáticas como Aeroportos de Portugal, TAP y su división de carga. También, están previstas desinversiones del Estado en las energéticas Galp, EDP y REN, en la empresa Correios de Portugal y en el sector financiero, con la aseguradora Caixa Seguros o el Banco Português de Negócios (BPM). La prensa lusa cita entre sus posibles pretendientes al BBVA. Los ejecutivos de IAG, sociedad resultante de la fusión entre Iberia y British Airways, se han interesado por la venta de TAP. Pero mientras la anunciada venta de empresas públicas supone un aliciente para las compañías españolas, constructoras como ACS, Sacyr, Acciona o Ferrovial, con importantes proyectos de concesiones en el país vecino, mostraron ayer su preocupación por la suspensión sine díe de los proyectos para conectar mediante alta velocidad ferroviaria (AVE) Madrid-Lisboa y Vigo-Oporto. Conviene recordar que el partido vencedor de los comicios portugueses llevaba en su programa la paralización de esos corredores. La Junta de Extremadura reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "ponga racionalidad" ante las dudas del partido de Passos Coelho, ya que en su opinión la paralización de esta infraestructura "dejará aislada a Portugal del resto de Europa".
Medidas traumáticas
Las constructoras temen la suspensión definitiva de los corredores del AVE
El problema es que el nuevo Ejecutivo portugués apenas tiene tiempo para escuchar peticiones y ruegos de los distintos grupos de poder nacionales y extranjeros. A finales de julio la economía lusa deberá pasar el primer examen de la troika que forman la Comisión Europea, el FMI y el BCE, que deben verificar que se están haciendo las reformas prometidas. Estos tres organismos aprobaron esta primavera conceder a Portugal una ayuda de 78.000 millones, de los que el fondo ya inyectó 6.100 millones y Bruselas ha transferido otros 4.750.
Por ello, además de las anunciadas privatizaciones, el Ejecutivo salido de las urnas deberá emprender una veintena de medidas traumáticas como la rebaja de las pensiones superiores a 1.500 euros, el recorte del subsidio por desempleo y las indemnizaciones por despido y el incremento del IVA. También está previsto congelar el salario de los funcionarios hasta 2013 y acometer una reducción del número de empleados municipales. Todo sea en favor de reducir el déficit público del actual 7,3% del PIB al 3% en 2013. Los analistas lusos coinciden en que además de este drástico plan, habrá que idear mecanismos para lograr que la economía vuelva a crecer y los inversores disminuyan la presión sobre la deuda soberana.
Agresiva reforma laboral y bajada de cuotas
Otra de las impopulares iniciativas que deberá poner en marcha el nuevo Gobierno luso es presentar ante el Parlamento propuestas legislativas para "implementar un fondo destinado a financiar parcialmente el coste de los despidos para nuevas contrataciones", fondo en el que no habrá dinero público. Se trata de una agresiva reforma laboral que contempla reducir de 30 a 10 días y con un límite máximo de 12 meses las compensaciones por despido en los nuevos contratos fijos, aunque el citado fondo pagará al empleado otros 10 días de indemnización.Para los contratos temporales, el finiquito se reduce de 36 a 10 días por año de trabajo para los inferiores a seis meses y de 24 a 10 días para los de mayor duración, pero el fondo -financiado por las propias compañías- pagaría otros 10 días por año trabajado.Con menor efecto en el bolsillo de los ciudadanos pero mayor valor simbólico, el Gobierno portugués deberá desprenderse de las llamadas acciones de oro (golden shares en inglés) y el resto de derechos especiales que conserva todavía en algunas de las mayores empresas lusas. Estas acciones otorgan al Ejecutivo el poder de vetar una operación de compraventa en estas compañías: Portugal Telecom, Energías de Portugal y Galp, en caso de que considere que la transacción perjudica los intereses del país. Los conservadores tendrán, además, que presentar una propuesta de reducción de sus cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas antes de agosto.Durante la campaña, Passos Coelho defendió que el actual 23% que pagan por cada empleado debería bajar hasta el 19% para fomentar las exportaciones, un plan que debe concretarse, según el memorando, en el primer trimestre de 2012.
El ganador
Pedro Passos Coelho. Líder del pSD. Dicen del futuro primer ministro portugués, el líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Pedro Passos Coelho (1964), que es un animal político. Ingresó en su partido a los 14 años y a él dedicó su actividad hasta finales de los noventa. Pese a no haber sido ministro ni secretario de Estado, tiene experiencia en la Administración local y en el sector privado como consultor en el sector financiero, químico e inmobiliario. Sus defensores recalcan que renunció a la pensión vitalicia que le correspondía como diputado.